-Para CC "el alcalde de Tías ha llegado al sumun del desgobierno municipal en el caso del restaurante La Ola, que resume en sí la política de deriva de este municipio"
El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Tías, José Antonio Gutiérrez, ha ordenado el cierre del restaurante La Ola de Puerto del Carmen, cumpliendo así la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), hecha pública hace unos días, en la que se conminaba al Ayuntamiento de Tías a decretar el cierre de este establecimiento. Gutiérrez, que ya ha hecho llegar este decreto al propietario del restaurante, hace caso de esta forma a la sentencia del TSJC que desestimó el recurso de apelación interpuesto por el Consistorio municipal.
En este sentido, los concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Tías presentaron precisamente este miércoles un escrito en el que solicitaban al alcalde, José Juan Cruz, que presentara su dimisión de forma “inmediata e irrevocable” ante la extrema gravedad de los hechos descritos en la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en virtud del cual se desestima "el recurso de apelación interpuesto por el Consistorio en relación con un local comercial del Complejo La Ola, en Puerto del Carmen".
En dicha sentencia, señala el PP, se dice textualmente que “el Ayuntamiento de Tías no reacciona frente a la ilegalidad y acude a los Tribunales a defenderla, solicitando sin más el archivo del procedimiento, a sabiendas de que el local no cuenta con licencia municipal de obras, que está afectando a una servidumbre de protección y que no consta la licencia de apertura”.
A tenor de estos hechos, a juicio de los ediles del PP, "el alcalde ha roto el juramento o promesa de cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes y el resto de normas de nuestro ordenamiento jurídico, que hizo el día que tomó posesión no sólo como concejal, sino como alcalde. Pero es que además, no se puede utilizar el dinero público, “el dinero de todos los vecinos”, para defender ilegalidades, “para defender a los infractores”, y muchísimo menos, ante los tribunales de justicia".
"Las leyes se dictan para ser cumplidas y lo que no puede hacer un Alcalde es incumplirlas y, lo que es más grave, utilizar los recursos públicos, el dinero de los contribuyentes, para defender a aquellos que vulneran la Ley, máxime cuando el objetivo que éstos persiguen es desarrollar actividades con el fin de lucro, y en clara posición de competencia desleal con el resto de empresas que operan en la zona", añade el PP.
El Partido Popular entiende asimismo que en la sentencia también existe un trasfondo "que atenta directamente contra nuestros valores constitucionales, como son el derecho de igualdad y de no discriminación entre los ciudadanos de este país. Se ponen en evidencia los agravios comparativos y discriminaciones que sufren algunos vecinos del municipio de Tías, a los cuales se les precinta sus obras y se les sanciona por realizar construcciones sin licencia municipal, frente a otros vecinos que gozan incluso de protección institucional del Ayuntamiento ante actuaciones urbanísticas igualmente ilegales". "Este hecho resulta inadmisible en un Estado de Derecho", concluyen.
Postura de CC
El alcalde de Tías ha llegado "al sumun del desgobierno municipal en el caso del restaurante La Ola, que resume en sí la política de deriva de este municipio". Por eso desde el Grupo municipal de Coalición Canaria en Tías preguntan al alcalde "lo que todo el pueblo hoy desea conocer".
Así, una de las cuestiones del concejal de CC, Pedro Calero, es ¿cuánto ha costado la defensa del citado caso a las arcas municipales? ¿Porq ué hay dinero para pagar estas defensas y no, por ejemplo, a la Cruz Roja?. ¿El "Catastrazo" se ha instaurado en el municipio de Tías para que con los dineros de los ciudadanos se sufraguen estos gastos? ¿Va el Ayuntamiento de Tías a defender ante los tribunales a todos los vecinos que así se lo soliciten? ¿O, por el contrario, sólo a algunos?.
Según Calero, las respuestas a estas preguntas pueden ser "desalentadoras y bastante clarificadoras del futuro que nos espera a los vecinos en manos de un gobierno decrépito, y que sufre un episodio de Pilsoismo, con un cómplice silencioso que se dedica a mirar para otro lado y reír, mientras sustenta con su voto estas calamidades".
"En el caso La Ola" -dice el concejal- "el alcalde y su grupo de gobierno, que sufren el mal del Pilsoismo, desoyó a la técnico municipal que advertía en un informe que la construcción carecía de licencia. Hemos de recordar que el edificio invade la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, entre otras lindezas".
"Ante semejante ilegalidad el alcalde no sólo no paraliza la obra ni la clausura, sino que lanza a nuestro municipio a defender con dinero público la ilegalidad flagrante de un empresario", sostienen.
Desde Coalición Canaria de Tías solicitamos que se aclare el asunto, y denunciamos la "doble moral del PSOE en la Isla. No es ni la primera, ni la única de las irregularidades que realiza el municipio gobernado por el Pilsoe. Sin embargo da la sensación de que su alcalde goza de impunidad y que cuando estas acciones las realiza un socialista son más “comprensibles”".
"Es impresentable que no exista dinero para pagar a la Cruz Roja y sí para defender a determinados empresarios, y más impresentable que se detengan obras de vecinos humildes mientras se defiende al grande", afirma.
