La presidenta del Cabildo, en pleno cabildicio celebrado este martes, adelantó que este mismo martes ya se está en disposición de toda la documentación y que la solicitud del concurso de acreedores se presentará este miércoles ante los juzgados de lo mercantil.
La sorpresa para todos los grupos de la oposición fueron las palabras de Armas sobre la existencia de un informe auditor anterior a la sentencia de la Audiencia Provincial, fechado al parecer en febrero de 2009, “que garantizaba la solvencia de la empresa”. “Es la sentencia que nos obliga a pagar los 12 millones de euros lo que nos pone en la situación de solicitar el concurso voluntario de acreedores. Desde ese momento, Unelco y la UTE presentan el concurso necesario, que lo tienen más fácil para presentar la documentación”, explicó en su comparecencia Manuela Armas. Así, la presidenta recordó que Unelco y la UTE Edam Janubio presentaron concursos necesarios de acreedores. El PP sospecha que lo hicieron antes de la presentación del concurso voluntario.
En cuanto al informe de auditoría sobre la solvencia de Inalsa, el portavoz de Coalición Canaria, Pedro San Ginés, manifestó el deseo de los nacionalistas de ver dicho documento. Reprochó además al grupo de gobierno “no haber puesto ese informe en manos del Consejo de Administración de Inalsa”, como es preceptivo por ley.
“Usted tiró adelante con el concurso de acreedores por el temor a su responsabilidad patrimonial”, le dijo a Manuela Armas el portavoz del PNL, Juan Carlos Becerra.
Comisión de investigación
Siendo patente y notorio el fracaso de la comisión de investigación de Inalsa, como reconocen todos los grupos políticos aún con distintos argumentos, conformada tras conocerse el laudo condenatorio contra la empresa por parte de la Corte de Arbitraje de Las Palmas, comisión aquella cerrada en falso por el pacto PIL - PSOE nada más asumir el poder a mediados de 2007, el pleno del Cabildo ha elevado al Consorcio de Aguas de Lanzarote la propuesta para crear una nueva comisión. Este nuevo formato de la misma, que nace a petición de la consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra, investigará la gestión de la compañía de aguas desde 1996 hasta la actualidad.
Será una comisión formada por economistas y juristas, no cargos públicos, aunque sus miembros sí serán nombrados por los partidos políticos, en la proporción de la representación que tienen en el pleno del Cabildo.
Los partidos de la oposición ampliarían la comisión casi hasta la fecha de la creación de la empresa. Juan Carlos Becerra, sin embargo, recordó a Plácida Guerra que su propuesta fue registrada antes de la convocatoria del concurso de acreedores. “Lo más lógico”, aconsejó el portavoz del PNL, “sería llevar las cuentas de Inalsa a la Audiencia de Cuentas de Canarias, y dejar que sean los administradores judiciales, que debe nombrar, el juez los que investiguen” la gestión de la empresa de aguas. Por otra parte, la oposición insistió en que todavía no se han dado a conocer ni al pleno ni a la opinión pública las cuentas de Inalsa de los dos últimos ejercicios - 2007 y 2008.
Reestructuración de las direcciones de Inalsa y el EPEL
Motivados por una moción del Partido Popular, los partidos de la oposición en el Cabildo han solicitado al pleno la reestructuración de los órganos de gobierno de las dos empresas públicas de Lanzarote - Inalsa y el Ente Público Empresarial Local (EPEL), que gestiona a su vez los Centros Turísticos. Los motivos son sobrados para la oposición. El contrato con la UTE Edam Janubio, el concurso eólico, la falta de negociaciones con Unelco para negociar una tarifa de suministro eléctrico, el contrato con Aguas Filtradas, la deuda de 38 millones de euros de la compañía de aguas, los resultados económicos de los Centros Turísticos...
El PNL, con el concurso de acreedores de Inalsa ya en marcha, señaló como “innecesario” el cese del Consejo de Administración de la empresa pública. Sí recordó, sin embargo, que los Centros Turísticos necesitan un cambio de rumbo. “Es inexplicable cómo nuestra industria de primer orden, la joya de la corona, da pérdidas. La única explicación no puede ser otra que una mala gestión”, dijo Becerra.
Dada que la petición de cese “es una cuestión política”, señaló el portavoz socialista Carlos Espino, “debe ser tomada por el grupo de gobierno, que es quién ostenta en la actualidad la mayoría”. “Y como la oposición no tiene esa mayoría, tendrá que aceptar en los delegados designados por los representantes públicos” que reflejan la voluntad de los votantes, añadió el también consejero de los Centros Turísticos, cuyo cese solicita precisamente la oposición.
