viernes. 29.03.2024

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, cree que “lo deseable” sería que el dinero que los empresarios acumulan sin invertir en la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), y que se calcula en unos 4.000 millones de euros, se quedara en Canarias como “inversión”, tal y como han pedido las asociaciones empresariales. Si esto no es así, el también vicepresidente del Gobierno regional anunció este jueves que seguirá insistiendo al Ministerio de Economía para que prorrogue el plazo que los empresarios tienen para devolver ese dinero.

Los empresarios piden, si ese dinero no se queda en Canarias, una prórroga para todos los saldos de 2005 de la RIC que no hayan sido materializados y que tienen que serlo antes del 31 de diciembre de este año, ya que son impuestos que se ahorran las empresas con el compromiso de invertirlo en la mejora de sus negocios y la creación de puestos de empleo. Soria recordó, tras la reunión que mantuvo este jueves con las organizaciones empresariales, que esto ya se hizo con las dotaciones de 2004, cuando el Gobierno canario lo planteó formalmente al Estado y éste no lo vio conveniente. "Sí creo que debemos dar una prórroga que no sería suficiente con un año, tal y como está funcionando la liquidez y la situación financiera internacional, por lo que vamos a plantearlo nuevamente y espero que en esta ocasión los argumentos sean más tenidos en cuenta", declaró.

José Manuel Soria recordó que la RIC tiene dos componentes, "el primero que haya beneficios y se dote y, por otro lado, que haya un banco dispuesto para materializarla". Destacó que actualmente no hay entidades financieras que quieran dar un crédito para respaldar esas dotaciones, por lo que vio "perfectamente compatible" la petición de prórroga con la situación económica actual.

El consejero confió en que los agentes económicos y sociales estén "de acuerdo" en que antes de que esos recursos se pierdan y haya que pagarlos en forma de impuestos o bien tengan que utilizarse para compensar pérdidas, puedan ser susceptibles de un retraso para que lleguen a ser invertidos. Sobre la cantidad de la que se trata, indicó que hay unos 4.000 millones de euros dotados para 2005 y 2006, "que no es dinero que esté en una hucha, sino la suma de lo que tenía que haberse pagado junto con el resto de beneficios que no tributaron".

Soria precisó que el Ejecutivo regional ya está trabajando en algunas líneas para intentar que limitaciones como las que presenta la RIC dejen de serlo. Entre estas restricciones destacó el hecho de que muchas empresas tienen derecho a ese incentivo pero no pueden materializarla porque no hay bancos ni cajas que les den un crédito para respaldar esos recursos.

"Por tanto, estamos trabajando en la manera de paliar esa limitación y en la posibilidad de plantear una deducción general en el tipo impositivo del impuesto sobre sociedades para acercarlo a lo que predomina en la Unión Europeo", destacó Soria, quien apostó por que esas deducciones sean compatibles con las que hoy hay en el Régimen Económico y Fiscal (REF) desde el punto de vista de bonificación o deducciones en las inversiones. Así, remarcó que la idea es "reformar para mejorar y para lograr una adaptación a las nuevas circunstancias".

REFLEXIÓN CONJUNTA

Soria realizó estas declaraciones tras las reuniones que ha mantenido entre ayer y hoy con los agentes sociales, económicos y empresariales del Archipiélago con el fin de abordar la reforma del REF. Según explicó, el objetivo es "abrir una reflexión" sobre el futuro de esta herramienta fiscal "para que siga siendo la base del impulso de la inversión y el empleo, aunque teniendo en cuenta que la situación económica es hoy distinta a la de hace un año".

El consejero subrayó que no se trata de reformar el REF para hacer frente a la crisis, sino de modificarlo "para que pueda seguir cumpliendo su objetivo en unos tiempos que van a ser distintos". Soria destacó el "consenso generalizado" en torno a la necesidad de reflexionar sobre la reforma del REF y en cuanto a que en el marco de este proceso se siga manteniendo el diferencial fiscal de Canarias respecto al resto de España en imposición directa e indirecta.

En esta línea, apostó también por una reflexión sobre los aspectos económicos del REF con el fin de que puedan ser "elementos de impulso" para la economía ante la nueva situación. Para ello, el Gobierno ha instado a los agentes económicos y sociales a que le transmitan medidas concretas que desde sus perspectivas consideran necesarias para abordar esa reforma del REF.

"GRIFO CERRADO"

José Manuel Soria indicó que al margen de las acciones relativas al REF, el Gobierno tiene un paquete de medidas financieras cuyo objetivo es establecer recursos en los presupuestos autonómicos para constituir avales para determinadas operaciones de crédito que hayan hecho las pymes. Entre ellas citó las concertadas con aval de las sociedades de garantía recíproca o con entidades financieras con el fin de alargar el plazo de la operación crediticia.

El consejero sostuvo que esto es compatible con la legislación, aunque indicó que "cuestión distinta" es la solicitud de aval al Gobierno en una operación ante un banco que no ha concedido un crédito a una empresa con derecho a RIC, "algo que no se puede porque la UE lo consideraría ayuda de Estado y porque el Ejecutivo no puede hacerlo". Asimismo, recordó que la falta de liquidez en los bancos "no es sólo porque el grifo esté cerrado, sino también porque está abierto pero no sale dinero debido al endeudamiento del sistema bancario como consecuencia de los préstamos de los últimos años".

MOROSIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES

Sobre las quejas de los empresarios sobre lo que han de pagar de IGIC a pesar del alto índice de morosidad, el consejero explicó que una de estas críticas, a su juicio "acertada desde el punto de vista del sentido común", va en la línea de que instan a que se les aplique el criterio de caja y no del devengo en el cobro del impuesto, lo que se traduce en que no se les cargue hasta que la factura esté cobrada. No obstante, recordó que esto no es posible desde una perspectiva técnica debido a cómo opera el mecanismo de la devolución una vez que la factura ha sido cobrada.

Otro de los argumentos de los empresarios al que Soria dio la razón es el relacionado con el retraso de las administraciones públicas en el pago de facturas por determinados servicios prestados. Al respecto, sostuvo que en el caso de la Comunidad Autónoma "no hay ni una sola factura que habiendo sido intervenida no tenga ya la orden de pago en el Tesoro", aunque matizó que el problema radica en que desde el momento en que el empresario presenta la certificación hasta el momento en que se interviene pueden pasar hasta tres meses.

Sobre este asunto, señaló que el Gobierno "tiene la voluntad de introducir la figura de la toma de razón y del confirme", que consiste en que el empresario emite la factura y la lleva a un banco, entidad que la paga con un descuento pero contando con el aval del Ejecutivo.

ENDEUDAMIENTO

En su comparecencia ante los medios, el consejero de Economía y Hacienda abordó también la situación de endeudamiento en Canarias. Al respecto, precisó que la media en las comunidades autónomas en toda España está en un 6,5 por ciento, "mientras que en el Archipiélago está en el 4,3 por ciento tras subir desde el 3,5 en un año". Estos datos, sostuvo, reflejan que Canarias está entre las comunidades que menor endeudamiento tiene en relación a su PIB, "a pesar de que ha aumentado".

Para Soria, "no es tan preocupante este incremento como la dificultad creciente en los mercados para que cuando se emite deuda pública para financiar esa deuda haya una respuesta adecuada". El consejero explicó que aunque haya crecido el volumen de deuda en relación al PIB, "está totalmente dentro del objetivo de estabilidad financiera y aún a dos puntos de la media del resto de comunidades".

En otro orden de cosas, José Manuel Soria consideró "positivo" el anuncio del ministro Solbes de un plan específico para Canarias, "dadas las dificultades adicionales que estamos atravesando", aunque vio "más conveniente" que esto se plasmara además en un conjunto de medidas en el ámbito de la política económica del Gobierno central.

Soria respalda la propuesta empresarial sobre la RIC
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