El ministro de Industria, Energía, José Manuel Soria, ha asegurado este jueves que el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, le ha dicho "en privado más de una vez" que él apoya la realización de los sondeos petrolíferos, aunque tiene que defender su rechazo "por los líos internos que tiene en Lanzarote y Fuerteventura", algo que también ha confesado -según su versión- al propio presidente de Repsol, Antonio Brufau.
Tras presidir en Gran Canaria una reunión del Comité Ejecutivo Regional del PP en Canarias, Soria ha considerado que Rivero "roza el delito" e incurre en un "disparate" cuando se dirige a los accionistas de Repsol para advertirles de que "o se avienen a lo que plantea el Gobierno canario o no van a recibir más contratos en las islas".
El ministro ha manifestado que las batallas políticas, que en este caso ha calificado como una causa "partidista e incluso personal", se ganan o se pierden, y ha añadido que cuando la justicia no te da la razón, como ha ocurrido en este caso con el pronunciamiento del Tribunal Supremo, "se pasa página y se trabaja todos a una por el bien de Canarias".
Además, ha recalcado que, tal y como ha desmentido el propio operador, Repsol, Rivero "miente descaradamente" cuando afirma que el Ministerio de Industria ha presionado a la compañía petrolífera para que acometa estos sondeos.
"Es una cuestión de pudor, cada uno hace el ridículo como quiere", ha aseverado.
Pulso institucional
Soria ha pedido al Gobierno canario "sensatez, cordura, responsabilidad y sentido común" ante el pulso institucional que esta administración regional ha planteado con el Estado a cuenta de las prospecciones petrolíferas.
El ministro ha aludido así al "divorcio institucional" con la Administración del Estado que, según ha advertido el presidente canario, Paulino Rivero, podría producirse en las islas el caso de que no se paralicen las prospecciones autorizadas la pasada semana.
El presidente de los populares canarios se ha preguntado si con esa "amenaza de ruptura institucional" Rivero pretende que Canarias deje de recibir miles de millones de euros del Estado con los que se financian distintos ámbitos, como el energético, el transporte, o el pago a proveedores.
Soria ha manifestado que tanto el PP como el Gobierno central "rechazan cualquier tono amenazante de cualquier institución" y ha estimado que "no hay ningún riesgo" de que se produzca esa ruptura con el Estado, porque "en Canarias la sociedad es sensata y responsable".
Una consulta "ilegal"
El titular de Industria ha asegurado que el Consejo de Ministros "no va a autorizar" la consulta popular que pretende realizar el Gobierno canario sobre estos sondeos petrolíferos "porque es ilegal" y ha añadido que la reunión que ha solicitado Rivero con Mariano Rajoy para abordar este asunto "se producirá cuando haya disponibilidad" en la agenda del presidente del Ejecutivo nacional.
Sobre la supuesta doble vara de medir que tiene el Gobierno sobre los sondeos previstos en Baleares y los de Canarias, Soria ha dicho que los primeros fueron autorizados por el PSOE y ha precisado que en ese otro archipiélago el operador aún no ha solicitado la pertinente declaración de impacto ambiental, que tarda en resolverse entre 12 y 18 meses.
Soria ha recalcado que el PP en Baleares siempre ha rechazado las prospecciones, mientras que los populares canarios han apostado por ellas, de ahí que, a su juicio, el único cambio de parecer que se debe explicar en Canarias es el que han tenido sobre este asunto el presidente de la comunidad autónoma, Paulino Rivero (CC), y su vicepresidente, José Miguel Pérez (PSOE).
El ministro ha subrayado que la declaración de impacto ambiental de los sondeos previstos en Canarias ha sido autorizada por técnicos y funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, entre otras cuestiones, porque "la probabilidad de una incidencia es remota o nula".
Soria también ha asegurado que el Gobierno creará un tributo para que las arcas canarias se beneficien de la actividad extractiva que podría llevar a cabo Repsol cuando se confirme que se puede desarrollar, es decir, cuando se conozca el resultado de las prospecciones.
Ha destacado además que, si estos estudios prosperan, tendrían un impacto en la economía del archipiélago equivalente al 13 % de su producto interior bruto y se generaría una actividad superior a la que aportaba a las islas el sector de la construcción antes de la crisis.
"La consulta es legal y se va a hacer"
Por su parte, el consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola (PSOE), ha asegurado este jueves que la consulta que se pretende llevar a cabo sobre las prospecciones "es legal y se va a hacer", por lo que pidió respeto al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria.
"La consulta es legal y se va a hacer. El Gobierno --central-- tiene que respetar y aceptar las competencias de las comunidades autónomas aunque no les guste lo establecido en la Constitución Española", apuntilló en declaraciones a Europa Press y en respuesta a Soria que indicaba que dicha consulta no se iba a hacer.
En este sentido, el consejero regional de Presidencia ha recordado al ministro que el Estatuto de Autonomía de Canarias "le confiera hacer consultas sobre materia que son de competencia", de ahí que reiteró que el Ejecutivo regional va a llevar a cabo dicha consulta "con respeto a la Constitución Española", criticando así que Soria continúe "instalado en la prepotencia".
Asimismo, Hernández Spínola subrayó que el Gobierno de Canarias "no tolerará ni agravios ni discriminaciones ni diferencia de trato entre Baleares ni Canarias", en alusión a las declaraciones del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, en las que apuntaba que si existiese un mínimo riesgo las prospecciones no se llevaría a cabo en Baleares.
Por otro lado, aseguró que quien "patrocina" la ruptura de las relaciones institucionales "es el Gobierno de España con su actitud arrogante, el desprecio a la voluntad expresada" por instituciones y la sociedad canaria, por lo que exigió "respeto, responsabilidad, sensatez e igualdad de trato entre los ciudadanos de las diferentes comunidades autónomas".
Finalmente, matizó que desde el punto de vista institucional, el Gobierno de Canarias ha tenido "una trayectoria clarísima a lo largo de esta legislatura" en contra de las prospecciones, afirmando que ha sido una actitud "coherente".
Repsol tiene permiso para buscar gas en la Costa del Sol
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, con José Manuel Soria al frente, está dando todo tipo de facilidades a la petrolera Repsol para que mantenga vivo su permiso de exploración en busca de gas en la Costa del Sol, según publica este jueves el periódico digital El Confidencial.
"Diez años después del primer visto bueno oficial, Repsol sigue sin pinchar en las profundidades de la Costa del Sol para buscar gas", publica El Confidencial. "En pleno debate sobre el permiso ministerial concedido para iniciar la exploración de petróleo en aguas canarias a finales de este año, la petrolera española demora sine die las pruebas para comprobar si existen bolsas de gas metano en el subsuelo del litoral comprendido entre las localidades malagueñas de Mijas y Fuengirola, según confirman fuentes oficiales, donde no hay previsto llevar a cabo ningún sondeo antes de febrero de 2016".
La demora tendría "en vilo al Ministerio de Industria. A pesar de que el proyecto se remonta a 2004, la petrolera obtuvo en 2011 la Declaración de Impacto Ambiental, uno de los requisitos más importantes para ponerlo en marcha. Desde entonces, sin embargo, últimos trámites administrativos y problemas operativos argüidos por Repsol (contratación de una plataforma petrolífera) obligaron al departamento dirigido por el ministro José Manuel Soria a ofrecer una nueva prórroga (la quinta) para mantener en pie la iniciativa, impulsada por el Gobierno para combatir el déficit energético del país. De momento, la Secretaría de Estado de Energía contempla extender una vez más el calendario de permisos, que vence en agosto de 2015, aunque desearía que Repsol iniciara cuanto antes las pruebas exploratorias (Siroco-A), con las que se concluiría si existen yacimientos de gas en la zona (con una probabilidad del 10%). A pesar del interés de ambas partes, la poca fiabilidad del calendario hace que sea necesaria una nueva prórroga, como ocurrió por última vez en 2013, después de que la petrolera no iniciara las prospecciones entre los meses de febrero y abril de ese año, según tenía previsto".
Aunque el proyecto cuenta con la oposición de grupos ecologistas de la zona y las formaciones locales de PSOE e IU, las prospecciones de gas en la Costa del Sol carecen de la dimensión nacional alcanzada por las perforaciones para buscar petróleo en Canarias, a cuyo frente se ha situado el mismísimo presidente de la comunidad insular, Paulino Rivero. Aun así, la posibilidad de que estos trabajos se iniciaran en febrero del año que viene ha movilizado a los ciudadanos más críticos (Movimiento contra las Prospecciones en la Costa del Sol), que exigen a Industria un nuevo estudio sismológico.
"El inicio de las pruebas supondría la instalación de una plataforma semisumergible anclada a ocho kilómetros de la costa mijeña, a la altura del Faro de Calaburras, y a doce kilómetros del sureste de Fuengirola, que dispondrá de 29 días para explorar la existencia de yacimientos de gas metano en el subsuelo marino, prorrogables a 41 en caso de que se realicen pruebas de producción para medir la viabilidad económica del pozo".
