El presidente del Cabildo insular de Lanzarote, Pedro San Ginés, ratificó este miércoles en calidad de testigo que el secretario general del Partido Socialista (PSC) en Lanzarote, Carlos Espino, adjudicó "a dedo" las contrataciones en los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT´s) durante su gestión en la empresa pública, entre octubre de 2007 y mayo de 2009. Tanto San Ginés como el propio Francisco Ortega, actual director económico y financiero de los Centros Turísticos, cargo que también desempeñó en la época en que Espino era consejero delegado, ratificaron la mala gestión de Espino, al que acusaron de adjudicar los contratos con criterios discrecionales, a su antojo, y sin los procedimientos de contratación pertinentes estipulados en la Ley, a pesar de las reiteradas advertencias que hicieron los técnicos.
Ambos testigos declararon este miércoles ante el Juzgado Número 1 de Arrecife por la causa abierta contra el líder del PSOE en Lanzarote, que acudió a los juzgados a declarar como imputado el pasado 10 de diciembre de 2010. A Espino se le acusaba de cuatro delitos, prevaricación, cohecho, malversación de fondos públicos y fraude, siendo finalmente desestimada la imputación por el último delito por parte del juez. Además, también acudió a declarar el que fuera asesor de Espino durante su etapa como consejero delegado de los CACT´s, Mario Alberto Perdomo.
Según la cronología de las declaraciones detallada a este diario por fuentes cercanas a la investigación, el primero en declarar fue Francisco Ortega, que ratificó en todos los términos la querella interpuesta contra Espino por el Consejo de Administración de los Centros Turísticos presidido por la consejera Ástrid Pérez, actual presidenta del PP en Lanzarote. El directivo manifestó que las facturas y documentos aportados por él mismo al expediente de la querella demuestran que Espino "adjudicaba los contratos a dedo y se saltaba sistemáticamente los procedimientos legales de contratación", a pesar incluso de las continuas advertencias que le hacían los técnicos sobre tal extremo.
También la actual consejera delegada de los Centros Turísticos, Ástrid Pérez, ha acusado a Carlos Espino de haber "pagado" desde los CACT "dinero a personas excesivamente vinculadas a su partido sin que se acreditara que se realizaran los trabajos". Pérez ha confirmado también que "no se siguieron los procedimientos de contratación como establece la ley".
La querella y los hechos
Entre las presuntas irregularidades cometidas, figuran los trabajos en la cocina de los Jameos del Agua, que se efectuaron sin concurso público y por los que, según recoge la propia demanda, "se pagaron muy por encima del valor del mercado".
Entre algunas de las acusaciones que aparecen directamente en la querella interpuesta por los Centros Turísticos, figura la contratación, por 224.000 euros, en diciembre de 2007, de la construcción de una cocina a una empresa propiedad de un representante del PSOE en Lanzarote, y por la que la empresa pública terminó pagando casi 734.000 euros.
Cabe destacar que la denuncia contra Espino fue ampliada poco después de su registro en los juzgados, precisamente para incluir el alquiler de la sala de exposiciones de Los Aljibes, en Tahíche -alquiler de casi 3.000 euros mensuales a cargo de los Centros Turísticos- donde supuestamente se iba a instalar un Centro de Archivo Fotográfico para Lanzarote, y que finalmente quedó en nada.
El historial
Dicha querella, la segunda que recibiría Espino después de la denuncia interpuesta en noviembre de 2009 por el presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, parte de la autorización concedida por el Consejo de Administración el pasado 17 de febrero a la propuesta de Astrid Pérez de iniciar acciones penales contra el anterior consejero de los Centros Turísticos por su gestión al frente de la empresa. La información aportada entonces por la actual consejera delegada es fruto de una investigación realizada en los últimos meses sobre los dos últimos años de gestión de Espino al frente de los CACT´s.
La consejera delegada presentó en su día un informe realizado por un abogado en el que se ponían de relieve presuntas irregularidades cometidas por el anterior consejero delegado durante su mandato en los Centros, desde mayo de 2007 hasta el mes de octubre de 2009. El Consejo autorizó la interposición en los tribunales de una querella penal contra Espino por presunta malversación de fondos públicos. En el informe se detallaban presuntas irregularidades en contratos realizados por el anterior consejero.
Cabe recordar que, además, en mayo de 2007, el Cabildo de Lanzarote trasladaba a los Juzgados de Arrecife la documentación que obraba en su poder con el objetivo de dilucidar si Espino, que había sido consejero de Política Territorial, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico, pudo incurrir en un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos mientras ostentaba dicho cargo.
