El Grupo Socialista del Parlamento de Canarias votó en contra de la Ley de Medidas Urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo aprobada esta semana por CC y el PP. El parlamentario socialista por Lanzarote, Marcial Martín, dijo este viernes, sin desconocer las bondades de la normativa, que debió ser consensuada y no impuesta con el rechazo de 26 diputados, de algunos cabildos del Archipiélago y de grupos ecologistas. Martín advirtió que si en el futuro cambian los colores políticos del Gobierno regional la Ley podría sufrir modificaciones generando consigo inseguridad jurídica. El también alcalde de San Bartolomé admitió que la Ley resuelve obstáculos significativos que mantienen paralizado el sector primario pero recordó que históricamente todas las leyes que afectan al territorio en Canarias han nacido de la mano del consenso y señaló al Gobierno de Paulino Rivero como máximo responsable de este hecho, aunque reconoció que todos los grupos políticos tienen parte de culpa. Martín anticipó que en su caso la aprovechará de inmediato para dar salida a la construcción del colegio El Quintero. La obra está paralizada por un enfrentamiento entre el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento a cuenta de la calificación territorial del suelo.
Por su parte, Manuel Fajardo Feo, parlamentario de CC, declaró que a su primo, Manuel Fajardo Palarea (PSOE) no le quedó otro remedio que descalificar la Ley en su intervención parlamentaria porque le encomendaron esa misión. El político nacionalista dijo que la normativa no solo no invade las competencias municipales sino que devuelve algunas despojadas. Ante las críticas socialistas por la presunta ocupación del territorio, Fajardo Feo precisó que no se permitirá la construcción de un metro cuadrado más y en cambio sí la rehabilitación de la planta alojativa obsoleta. “Ni por asomo la Ley permite la calificación de nuevo suelo turístico”, apuntó. Fajardo Feo insistió en las ventajas que en adelante gozará el sector primario tales como las explotaciones agrícolas y ganaderas. Un agricultor, por ejemplo, no tendrá que esperar cinco años para que el Cabildo le de un permiso para arreglar su finca. Lo que sí lamenta CC es que en la Ley no haya sido incluida la posibilidad de legalizar los hoteles con licencias anuladas por los tribunales por la falta de interés del Cabildo insular. Se refiere CC a los establecimientos con errores subsanables. Fajardo Feo echa en falta el borrador de la propuesta legislativa prometida por la presidenta de la Corporación dirigida a solucionar el caso de los hoteles ilegales.
