viernes. 29.03.2024
El proyecto del inmueble, que tiene dos plantas, tiene unas dimensiones de 3.700 metros cuadrados y se levanta sobre una superficie de casi 6.000. José Molina pide que se ubique el centro en el aeródromo militar

San Bartolomé pedirá a Defensa que entregue al Ayuntamiento los terrenos del Polvorín de Güime

La asociación de vecinos de la localidad mantuvo una reunión anoche con representantes políticos, ecologistas y extranjeros residentes donde unieron sus voces posicionándose en contra de la instalación del centro de extranjeros en la zona

Fotos: Jose Curbelo

La Asociación de Vecinos de Güime convocó en la noche de este viernes en las instalaciones del Centro Socio Cultural de la localidad una reunión donde se acordó por parte de todos los representantes políticos del Consistorio de San Bartolomé pedir al Ministerio de Defensa, el actual propietario de los terrenos, que entregue al Ayuntamiento El Polvorín de la localidad.

Al acto acudieron representantes políticos, ecologistas y extranjeros residentes en la zona, los cuales unieron sus voces posicionándose en contra de la instalación del centro de extranjeros previsto para ese lugar. Entre los rostros conocidos que estuvieron presentes se encontraban la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, que llegó algo tarde debido a una anterior reunión donde se trató el polémico asunto de El Golfo, el alcalde de San Bartolomé, Miguel Martín, representantes políticos como el parlamentario del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Isaac Castellanos, el parlamentario del Partido Popular (PP), Alejandro Díaz, y el consejero de Alternativa Ciudadana (AC) en el Cabildo, Pedro Hernández, y el concejal de Festejos del Consistorio de San Bartolomé, Juan Antonio de la Hoz, entre otros.

El proyecto del inmueble, que tiene dos plantas, posee unas dimensiones de 3.700 metros cuadrados y se levanta sobre una superficie de casi 6.000 metros cuadrados y es, según argumentó el propio concejal de Festejos “una auténtica mole”.

El portavoz de la Asociación de Vecinos argumentó que “el pueblo de Güime no es xenófobo ni alarmista y que son conscientes de lo que están sufriendo esas personas”.

En relación a este asunto pidió que se trasladase a los inmigrantes al Aeródromo Militar.

Intervenciones

Miguel Martín arrojó el dato de que El Polvorín no ha sido utilizado jamás por dicho ministerio, por lo que al Ayuntamiento le ampara la ley ante la petición de que les sea devuelto. El alcalde asegura que cuando una zona geográfica es expropiada, en este caso por Defensa, y luego no se usa, inmediatamente debe pasar a los antiguos propietarios o a la Administración. Por esta razón el próximo pleno tratará este asunto.

Los numerosos extranjeros comunitarios se unieron al acto para dar su opinión respecto a este asunto y para ello contaron con la ayuda de una intérprete. En este sentido, los extranjeros se negaron rotundamente a que el Centro de Inmigrantes se ubique en la zona donde ellos se encuentran actualmente residiendo. Mostraron su temor ante el hecho de que el Gobierno Central alegara asuntos de primera necesidad para negarse a ceder los terrenos al Consistorio.

Inés Rojas les aseguró que esa zona no se trata de un “lugar estratégico” como para tener obligatoriamente que ubicar el Centro en este zona. Apeló al diálogo entre todas las administraciones y aseguró que no cree que haya ningún gobierno “por muy central que sea” que “se atreva a venir y poner la pata porque no nos vamos a quedar tan tranquilos”.

Desde Alternativa Pedro Hernández manifestó a Crónicas que su grupo se posiciona a favor de que esos terrenos reviertan al Ayuntamiento pero que habría, no obstante, que “abrir un debate sano sobre los inmigrantes”. Hernández afirmó que le “parece intolerable” que la presidenta diga que está en contra de esto y luego se posicione a favor de los rallies de Suso Machín”.

El portavoz del PSC, Andrés Stinga, se posicionó a favor de lo que determinaran los técnicos, a favor de convocar un pleno para tratar este tema y disculpó la no asistencia del director insular de la Administración General del Estado, “por asuntos familiares”.

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