viernes. 29.03.2024

La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, pidió este jueves el apoyo del Congreso para que entren en vigor con "extraordinaria urgencia" las nuevas medidas de austeridad del gasto público y protección a hipotecados y pymes, dada "la elevada incertidumbre de los mercados internacionales".

El Gobierno, que sacará adelante el decreto con los apoyos de PSOE, PNV, CC y UPyD y la abstención de PP y CiU, argumentó que estas iniciativas "fortalecen la capacidad de respuesta" a las turbulencias en la zona euro.

Se trata de un real decreto ley que engloba algunas de las resoluciones que salieron aprobadas por unanimidad del Debate sobre el Estado de la Nación, como la que se refiere a elevar el sueldo inembargable por hipotecas a 961 euros, o la línea ICO de 3.400 millones de euros para los pagos pendientes de los ayuntamientos a pymes y autónomos.

Pero también incluye otras medidas con las que algunos grupos no están de acuerdo, como el modo en que se ha definido la regla de gasto de la administración central y los ayuntamientos.

En este sentido, PP, CiU y PNV criticaron que este decreto ley no sea tramitado como un proyecto de ley, para poder ser enmendado, y se les presente en un único bloque.

En lo que se refiere a los que no pueden afrontar el pago de su vivienda, Salgado afirmó que se tratará de que las ejecuciones hipotecarias se hagan "sin dar lugar a situaciones abusivas o de malbaratamiento" al elevar del 50 al 60 % el precio mínimo en subasta, con seguridad jurídica, estabilidad y solvencia para el sistema financiero, "que hoy si cabe es más importante que ayer", dijo.

En cuanto a la regla de gasto y austeridad, Salgado aseguró que es "urgente" y un "compromiso irrenunciable e inaplazable" por parte de las administraciones públicas, y que por ello esperan que la adopten las CCAA.

El diputado del PP Álvaro Nadal valoró las medidas de ayuda a los deudores hipotecarios y la nueva línea ICO que, además de proveer de liquidez a los ayuntamientos, dijo, "reconocerá" sus deudas, pese a que lamentó que no vaya acompañada de un plan financiero al que se sometan las haciendas locales.

No obstante fue muy crítico con la regla de gasto que fija un tope máximo al incremento anual del gasto y dijo que "no sirve para nada, es papel mojado y no genera confianza a los mercados".

Para el PP es una regla "manipulable" ya que un tercio de su cálculo depende de la previsión del Gobierno, y además excluye a los municipios pequeños y dos de las principales partidas del gasto; la del desempleo y la de los intereses de la deuda.

Por su parte, desde CiU Pere Macías incidió en que la línea del ICO se queda "corta" puesto que sólo será capaz de financiar entre un 10 y un 12 % de las facturas, cuando el volumen de esta deuda asciende en muchos casos al 85 %.

El diputado del PNV Pedro Azpiazu defendió su voto a favor del decreto porque "permitirá salir de la angustia financiera" a familias hipotecadas y a pymes y autónomos y aunque criticó su heterogeniedad dijo que son medidas que "aliviarán" los efectos de la crisis.

La diputada de ICV Núria Buenaventura pidió reforzar el papel del ICO como banca pública, mientras que el portavoz de ERC, Joan Ridao, lamentó que la elevación de la parte del sueldo que no se puede embargar por impago de una hipoteca no se convierta en una "verdadera dación en pago".

A pesar de considerarlo un "decreto-escoba", la diputada de CC Ana Oramas anunció su apoyo, al igual que la de UPyD, Rosa Díez; mientras que la del BNG Olaia Fernández dijo que se abstendría porque algunas medidas son "insuficientes y mal encaminadas".

Salgado pide un apoyo "urgente" a hipotecados y pymes ante las turbulencias
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