viernes. 29.03.2024

José Miguel Ruano, ponente de la Ley del Suelo y portavoz del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC), ha afirmado tras la reunión de la ponencia de este martes que desde el Gobierno de Canarias no podemos cambiar los principios de simplificación y contención en el Proyecto de Ley del Suelo porque no avanzaríamos con respecto a la situación actual”.

Según expone este martes el Grupo parlamentario Nacionalista Canario en nota de prensa, Ruano explicó que ha habido diferencias de contenido entre los grupos en la reunión de la mañana, que se sustentan básicamente en que la simplificación de este proyecto de Ley tiene que ser real. Hay que tener en cuenta que la simplificación se hace estableciendo, en primer lugar, el principio de contención; y en segundo lugar, no estableciendo tutela de una Administración sobre otra, sino colaboración institucional para mayor seguridad jurídica.

El principio de contención se refiere a que los planes insulares tienen que contener todo lo que se refiere a la Isla, los planes generales lo que se refiere a los municipios y la planificación de los espacios naturales lo propio de los espacios naturales, incluida la ordenación previa de los recursos naturales

Las enmiendas propuestas por Nueva Canarias y Podemos “pretendían ir más allá en la regulación de un plan insular, imponiéndole a los municipios previsiones absolutamente innecesarias. Y, desde el punto de vista de la planificación de los espacios naturales, proponían que en lugar de hacerlo en los Cabildos, como está en el Proyecto de Ley, lo hiciera el Gobierno, reproduciendo un modelo que hasta el momento no ha dado resultado puesto que la planificación no se ha hecho”, explicó el portavoz.

“Creemos que tenemos que seguir adelante con los principios que inspiran esta Ley para facilitar las cosas que son posibles en el suelo urbano y urbanizable, y que allí donde no se puedan hacer, en los espacios naturales protegidos y los suelos rústicos de protección agraria, no se hagan: el territorio protegido seguirá protegidos”, puntualizó.

Por otra parte José Miguel Ruano insistió en que los informes del futuro órgano ambiental van a seguir siendo igual de vinculantes que ahora, “otra cosa es que Nueva Canarias y Podemos piden, además, un informe de legalidad con carácter vinculante sobre el planeamiento por parte del gobierno, otorgándole una función de tutela sobre Cabildos y ayuntamientos que no le corresponde”.

El planteamiento del Proyecto de Ley, dando un paso más a lo establecido por el Anteproyecto de Ley es que “el Gobierno por lealtad institucional y seguridad jurídica pueda hacer un informe jurídico sobre aspectos que no sean los propios de las competencias del Gobierno, y con eso ayuda a los Cabildos y Ayuntamientos a hacer modificaciones, pero no porque vincule, porque el Gobierno no tiene superioridad desde el punto de vista normativo para imponer su criterio jurídico”, aclaró.

Legitimidad democrática

Ruano explicó que la Ley tienen la misma legitimidad democrática aprobada por 31 votos o por 60, “pero nosotros seguimos con el dialogo abierto y todas y cada una de las enmiendas se estudian”. Eso supondrá que en algunos artículos “vamos a tener los 33 votos, en otros 48 y en otros, hasta la unanimidad”, concluyó.

NC rechaza la "tesis disgregadora" para que los cabildos pierdan competencias en materia turística y residencial

Por su parte, Nueva Canarias (NC) ha rechazado en esta misma jornada las tesis "disgregadoras", impuestas por CC, el PP y la ASG en la ponencia del Proyecto de Ley (PL) del Suelo de Canarias, para que los cabildos pierdan competencias en materia turística y residencial. El portavoz parlamentario de NC, Román Rodríguez, también mantuvo, en la línea del Consejo Consultivo de Canarias y el informe de los Servicios Jurídicos gubernamentales, que el Gobierno de Canarias haga el informe sobre la legalidad de los planes insulares.

La reunión de la ponencia, según manifiesta en un comunicado de NC Román Rodríguez, "ha consolidado la pérdida" de competencias de los cabildos en materia turística y residencial. El grupo del Gobierno de CC, con el apoyo del PP y la ASG, "han impuesto" el artículo 101.1 del proyecto de ley, con lo que se permite a los ayuntamientos establecer nuevas zonas del territorio para usos turísticos y residenciales "con independencia de lo que fije" el plan insular.

El citado artículo se refiere a las determinaciones sobre el uso turístico y, en su punto primero dice que los "planes insulares de ordenación podrán establecer zonas del territorio, que, por sus características, deban ser reservadas con carácter preferente para la actividad y usos turísticos. Esta zonificación no impedirá la realización del uso turístico fuera de esas zonas; de igual modo, esta determinación tampoco impedirá el uso residencial preexistente en esas zonas, debiendo establecerse por el instrumento territorial o urbanístico que las ordene las condiciones de compatibilidad".

Nueva Canarias, alienada con las alegaciones de los cabildos de El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, cuestiona que los planes insulares se queden como "meros instrumentos de planificación" de las carreteras, los corredores eléctricos y las grandes infraestructuras. El proyecto de ley del Ejecutivo de CC "ya rompía el proyecto común de Canarias y ahora el bloque conservador en el Parlamento debilita las competencias de los cabildos insulares en dos áreas de crecimiento sustanciales", denunció Rodríguez.

El segundo elemento crítico abordado por la ponencia, para este portavoz nacionalista, se concretó en el "rechazo" de los tres grupos conservadores antes mencionados a las tesis del Consejo Consultivo de Canarias (CCC) y al infirme de los Servicios Jurídicos gubernamentales, traducidos en una enmienda transaccional de NC al artículo 104.4 sobre la elaboración y aprobación de los planes insulares.

"Nosotros, como el Consultivo y los Servicios Jurídicos, defendemos", precisó Román Rodríguez, que la Administración autonómica, el Gobierno de Canarias, "emita un informe único, preceptivo y vinculante sobre la legalidad" del plan insular. Además, los planes de los cabildos que se aprueben "apartándose" de este informe de legalidad, para NC, deben ser nulos de pleno derecho.

Ruano: “No vamos a cambiar los principios de simplificación y contención en el Proyecto...
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