“Si yo fuera graciosero, sería el primero en defender este paraíso natural en el que viven ustedes, y no permitiría que la masificación llegara aquí”. Con estas palabras, respondió el viernes el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, a la petición de varios vecinos del islote para que el ejecutivo legalice las camas turísticas que desde hace años existen en la Isla en un limbo jurídico, prohibidas por las leyes de ordenación territorial y rechazadas entre las alegaciones que hicieron en su día los habitantes al Plan Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo.
Claro que en opinión de los gracioseros, el presidente no es de La Graciosa. Es de Tenerife, una isla masificada, aunque bastante más próspera gracias precisamente al turismo. Y no es que los gracioseros quieran desarrollar una industria que ha consumido irrecuperables paisajes en otras islas del Archipiélago. Quieren que se legalice lo que hay. Algunas pensiones y apartamentos que se alquilan a turistas que existen desde hace años, en algunos casos incluso décadas. Así lo explicó en declaraciones a este diario la mujer que planteó la petición al presidente en la reunión que mantuvo con los habitantes de la Octava Isla, Alicia Páez. “Lo que está - está, y no es de ahora. Hay personas que viven de esto. No queremos que el pueblo siga creciendo, porque el casco urbano es el que es y no puede crecer más. Pero habría que buscar la fórmula para legalizar las camas que ya existen”.
En su día, el Cabildo insular elaboró un censo de este tipo de camas existentes en La Graciosa. Concluyó que son más de 200. Y no son sólo las camas de las pensiones, dónde por cierto se quedó la prensa. También son algunos apartamentos que oficialmente se alquilan como vivienda, aunque se verdadero uso es el turístico. De hecho, algunos cargos del Gobierno, y también algunos periodistas, pernoctaron en su visita a La Graciosa en esos alojamientos como poco “irregulares”.
En cualquier caso, el ejecutivo se opone al desarrollo turístico de La Graciosa. También a la legalización sin condiciones de las camas turísticas. Sin embargo, Paulino Rivero se comprometió a “estudiar” la regularización de “aquellas camas que puedan ser legalizadas”, siempre y cuando no suponga la construcción de nuevas plazas. No obstante, el presidente aclaró que “se tendrá que estudiar caso por caso “el número de alojamientos, las calidades” y otras variables antes de dar luz verde a la legalización.
La visión del presidente es que hay que sacar provecho de un paisaje y estado de conservación del Chinijo únicos en Canarias sin perturbar lo más mínimo la naturaleza. Sacar valor sin transformar. Una visión también vinculada a las restricciones a la pesca en aguas próximas a los islotes. Un punto de vista que no siempre comparten los gracioseros, sobre todo en lo que a pesca artesanal se refiere. Y es que descartado el turismo, a los habitantes de la Octava Isla sólo les queda la pesca, principal sector económico para los residentes.
Ahogados por las prohibiciones y los precios prohibitivos
“La pesca es lo principal. Cuando hay mal tiempo y el marinero no puede ir a coger pescado, tendrá que ir a coger una lapa o un burgado”. Con estas palabras definió en declaraciones a Crónicas el principal problema de los habitantes de La Graciosa la alcaldesa pedánea de la Isla, Margarona Páez. Durante la reunión con el presidente de Canarias, Páez entregó a Rivero un sobre “con todas las necesidades actuales de La Graciosa”, con la esperanza de que Rivero “nos eche una mano”.
Y como ha dejado claro la propia alcaldesa, así como el presidente de la Cofradía de pesca de La Graciosa, Marcos Páez, al dirigirse al presidente, lo que más aqueja a los pescadores son las restricciones que imponen las normas de protección de las aguas próximas a los islotes del Archipiélago Chinijo.
“A Montaña Clara no nos dejan ni acercarnos”, dijo Marcos Páez. “Y nos tememos que en poco tiempo pasará lo mismo en Alegranza. Creemos que son más importantes las personas que vivimos aquí de la pesca que unos pájaros”.
Por otra parte, el coste de combustible en La Graciosa se hace muy superior al tener que transportarlo desde Lanzarote. Es otro factor que ahoga la prosperidad de los pescadores, que han pedido a Rivero que las subvenciones no se restrinjan sólo a los productos de primera necesidad. En respuesta a esta petición, Paulino Rivero aseguró que “el coste cero en transporte entre islas” se limitará en una primera fase a la alimentación, mientras que el transporte de otros bienes será subvencionado en una segunda fase, que se quiere poner en marcha antes de que acabe la actual legislatura.
Es el caso también de los materiales de obra, cuyo precio aumenta de forma considerable al tener que traerlos desde Lanzarote. Una vecina recordó al presidente que el transporte de estos materiales ya estuvo subvencionado con un 30 por ciento de su coste en 2003, aunque más tarde la medida se quitó.
