El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha desvelado este martes durante su comparecencia en el Parlamento regional que en este mismo 7 de febrero el Gobierno central ha comunicado su decisión de permitir las prospecciones petrolíferas en las costas de Lanzarote y Fuerteventura, según ha adelantado la agencia Europa Press.
A raíz de una pregunta del diputado socialista Manuel Fajardo acerca de las prospecciones petrolíferas, el presidente Rivero ha dejado claro que el Gobierno de Canarias "va a defender su capacidad competencial en el control de las aguas en lo que se refiere a los recursos potenciales que pudieran haber en las mismas".
Asimismo, insistió en que el Ejecutivo que preside "se opondrá siempre a cualquier prospección que no parta de un reconocimiento de los derechos de los canarios sobre estos potenciales recursos, y que no tenga en cuenta el consenso con las instituciones canarias". "Consenso, diálogo y reconocimiento de que esos derechos son de los canarios", reiteró.
Paulino Rivero hizo hincapié en que la Comunidad Autónoma "estará siempre en contra de cualquier autorización no ajustada al marco constitucional otorgada por el Gobierno de España que tenga en cuenta solamente los beneficios de las multinacionales y que afecte a los intereses de Canarias", según detalla la agencia de noticias.
Recurso contra la retirada de las primas
Por otro lado, el presidente ha amenazado con presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la supresión de las primas a las energías renovables si no se respeta la singularidad canaria en lo que a los sistemas energéticos se refiere.
En el pleno de la Cámara, y en respuesta a una pregunta del diputado de NC, Román Rodríguez, el jefe del Ejecutivo canario ha señalado que el Real Decreto publicado y acordado por el Consejo de Ministros por el que se suprimen estas primas "vulnera el marco constitucional", pues "vulnera el artículo 32.9 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que dispone que hay que respetar la singularidad canaria en materia energética".
En consecuencia, Paulino Rivero ha anunciado que el Gobierno autonómico ha solicitado este martes una reunión urgente de la Comisión Bilateral Canarias-Estado en aras de poder llegar a un acuerdo. "Si no se produjera una rectificación, presentaremos un recurso de inconstitucionalidad", advirtió.
Según el mandatario canario, el RD, además de vulnerar la Constitución, atenta contra el modelo de sostenibilidad por el que está apostando Canarias; así como contra el camino emprendido para diversificar la economía de las islas; afecta "gravemente" contra la actividad económica del archipiélago, donde 5.000 puestos de trabajo cualificados se ven afectados por esta decisión, y afecta al desarrollo del Pecan, que preveía el desarrollo de las energías limpias en un 30 por ciento en el año 2015.
En definitiva, Rivero hizo hincapié en que los fundamentos en los que se basa el Real Decreto "no tienen nada que ver con la realidad de las islas", pues en Canarias "está demostrado que el desarrollo de las energías limpias resulta mucho más económico que el desarrollo de las energías que tienen que ver con los combustibles fósiles".
Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto, Román Rodríguez, resaltó que el Gobierno de Canarias haya decidido reaccionar "con firmeza y con claridad" contra la decisión del Consejo de Ministros, exigiendo "una regulación diferenciada porque producir energía en Canarias es distinto a hacerlo en el continente".
