Paulino Rivero abrió el debate sobre si la actual jornada influye en el aumento del fracaso escolar la pasada semana en el Debate sobre la Nacionalidad canaria. Durante su intervención, puso en duda en duda el actual sistema, fruto de un acuerdo suscrito entre la Administración educativa, sindicatos, alumnado y asociaciones de padres y madres hace más de quince años.
Y con el debate se abre también la herida porque la noticia ha caído como un jarro de agua fría entre sindicalistas y profesores, a pesar del posterior intento por parte del Gobierno canario de suavizar el asunto.
Carolina Déniz, portavoz del Gobierno de Canarias, negó públicamente que la Consejería de Educación haya solicitado un informe a sus servicios jurídicos para valorar la posibilidad de variar la jornada continua de los profesores, aunque reconoció que “es una posibilidad que está sobre la mesa”. Desde El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza (STEC) de Lanzarote, señalan que “lo que están haciendo es intentar desviarse del problema, del conflicto sobre la homologación por el que llevamos más de trece meses luchando”.
Desviando la atención
“No me explico cómo Rivero puede cuestionar la efectividad de la jornada continua sin ningún estudio, dato o argumento”, expuso para Crónicas Jesús de León, miembro en Lanzarote del STEC. En esta misma línea, de León apuntó que “las palabras del presidente no son otra cosa que una cortina de humo porque lo que no quiere es hablar de homologación”.
Déniz insiste en que los responsables de Educación “no han tomado una decisión sobre la posibilidad de solicitar dichos informes en un futuro” y añade que el Ejecutivo regional “tiene abierto el diálogo” para lograr un acuerdo con los profesores que demandan desde hace meses una homologación salarial.
Compromiso educativo
Lo cierto es que la polémica se levanta justo en medio de una de las más agudas crisis entre el Gobierno y los profesores. Para los miembros de STEC la jornada escolar continua “es la responsable de los avances en educación y responde a la autonomía de las diferentes comunidades españolas”.
La jornada continua en vigor fue fruto de un acuerdo suscrito entre la Administración educativa, sindicatos, alumnado y asociaciones de padres y madres, tras una larga lucha y un amplio debate, hace ya más de quince años.
Las comunidades educativas iniciaron una lucha en defensa de su autonomía, frente a la uniformidad existente en aquellos tiempos, para poder distribuir el horario escolar de la manera que se estimara más conveniente. Esta autonomía de las comunidades educativas respetó en todo momento el número de horas y los contenidos en vigor.
La lucha paralizó entonces la enseñanza en todos los centros de Infantil y Primaria y, según las palabras de de León, “esta cuestión ya no es un debate” y las declaraciones de Rivero remueven “una de las pocas cosas que se alcanzaron mediante un amplio pacto social”.
Asegura además que el horario, aunque influye, no es un “factor determinante” del rendimiento escolar y añade que “de hecho, la jornada continua hace posible que los estudiantes puedan asistir a las actividades extraescolares y de apoyo por las tardes”.
