El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo que preside solicitará a la Agencia Española de Protección de Datos que investigue las filtraciones que se han producido en el caso de la niña de tres años que murió por una presunta negligencia médica, tal y como denuncia el abogado de la familia.
Rivero quiere que se conozca y se desvele “el por qué se ha vulnerado la Ley de Protección de Datos”, en concreto el artículo 44, penado como falta muy grave por la citada ley y que tiene que ver con la revelación de datos de carácter personal. Una vez conocido y desvelado, pide a la Agencia además que “actúe”.
El presidente insular considera que “lo que requiere en estos momentos la sociedad es prudencia, mucha prudencia hasta que no se tenga toda la información y esté concluido este caso”.
Sanidad
Hay que recordar que la consejera de Sanidad, Mercedes Roldós, eludió este martes pedir perdón a la familia, como había solicitado el abogado, Plácido Alonso Peña, por considerar que la Consejería tiene una responsabilidad subsidiaria en el caso.
Roldós se negó a pedir perdón argumentando que su Consejería había cumplido “estrictamente” con la legalidad y arremetió contra las filtraciones y los juicios paralelos que se han producido en los medios, cuya principal víctima fue el padrastro de la niña, Diego P.V., quien ha sufrido un calvario personal tras ser acusado de asesinar, maltratar y hasta abusar sexualmente de la niña, tres supuestos que la autopsia del cadáver desmintieron.
La consejera pidió que no se volviera a hacer un nuevo juicio paralelo con los médicos, a los que la familia acusa de negligencia, ya que, según su abogado, no se realizaron todas las pruebas pertinentes que podían haber detectado el coágulo que acabó con la vida de la pequeña Aitana.
En los mismos términos se ha pronunciado el Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, aunque estos han mostrado su disponibilidad a iniciar las acciones oportunas que les competen en caso de que se confirmarse la presunta negligencia médica.
Hay que resaltar además que según múltiples informaciones periodísticas, los presuntos errores médicos se habrían podido suceder hasta en cuatro ocasiones, desde que la niña fue atendida en el centro de salud de El Mojón, en el sur de Tenerife y en el que no se le practicó ninguna prueba a pesar de la caída que sufrió en un columpio, hasta su ingreso en el Hospital de La Candelaria, donde un informe médico aseguró que la niña presentaba síntomas de maltrato y abusos sexuales, origen del linchamiento social del que fue víctima Diego P.V.
