Francisco González junto a su abogada, Josefina Navarrete.
AGENCIAS
El alcalde de Mogán, Francisco González, imputando por un presunto delito de malversación de fondos públicos, declaró este miércoles ante la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, cómo y por qué pagó el Ayuntamiento su rueda de prensa del pasado día 9 en el hotel Tryp Iberia de la capital grancanaria. Tras prestar declaración, González se limitó a decir: "Que hable la Justicia".
González fue denunciado por el Cuerpo Nacional de Policía tras la rueda de prensa que celebró en Las Palmas de Gran Canaria para explicar pormenores del sumario del caso Góndola, cuyo secreto ha sido levantado parcialmente y en el que se recogen numerosas conversaciones en las que aparece el alcalde protagonizando situaciones presuntamente delictivas que en enero de 2007 dieron lugar a su detención por orden del juez Alexis Reyes.
El alcalde de Mogán dijo este miércoles que la rueda de prensa que ofreció en un hotel para denunciar una conspiración contra él por parte del Estado por el Caso Góndola, en el que figura como principal imputado, se pagó con dinero de las arcas municipales porque fue una actividad pública más de su cargo.
El alcalde, que prestó declaración durante una hora ante la juez Victoria Rossell y ante el fiscal Ernesto Vieira, declinó hacer manifestaciones a los periodistas, si bien señaló a las preguntas que le fueron formuladas a la salida del juzgado que quien tiene que hablar es la Justicia y que confía plenamente en ella. Su abogada, Josefina Navarrete, manifestó que espera que el caso se resuelva lo antes posible.
El alcalde, según la denuncia presentada y que investiga el juzgado, pagó 158,22 euros por el alquiler de la sala de prensa del hotel Tryp Iberia y desplazó a seis funcionarios municipales, que detrajo de otras funciones, hasta la capital, además de disponer de medios técnicos de la corporación, indicaron las fuentes.
González consideró que los gastos son de representación por su actividad pública, y entiende que él puede dar una ruesa de prensa en la capital grancanaria y en Madrid.
Así mismo, fuentes también de la investigación indicaron que el alcalde respondió durante su interrogatorio a todas las preguntas y que giraron en torno a la denuncia.
Según el Código Penal, el delito de malversación pública, cuando la cantidad no supera los 4.000 euros, puede castigarse con prisión de seis meses a tres años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de hasta tres años.
El Código también contempla que cuando una autoridad pública da una aplicación privada a bienes muebles o inmuebles pertenecientes a cualquier administración incurrirá en penas de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años.
El alcalde figura como principal inculpado en el caso Góndola por una supuesta trama de corrupción urbanística en Mogán en la que se le atribuyen siete delitos. Francisco González en la comparecencia que ofreció en la capiatal grancanaria, tras hacerse público eel sumario del caso Góndola, defendió su inocencia y aseguró que en todas las operaciones urbanísticas actuó siempre con el fin de "defender el interés general".
