Por Eliezer Santana Sánchez
Presidente del Consejo de Estudiantes y Consejero de Gobierno
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
No hay duda que la legislatura pasada ha dado mucho que hablar, bien o mal, en cuanto a educación se refiere. Por desgracia, a nadie se le esconde (y no es ninguna sorpresa) que Canarias se encuentra a la cola del rendimiento académico, de los resultados de evaluación educativa de la práctica totalidad de informes al respecto, y de la excelencia educativa, este último dato extraído del reciente informe “Las políticas educativas en España. Ranking de excelencia educativa 2015”. Además, en relación a nuestras universidades, no están, ni de lejos, entre las mejores valoradas del país.
Por ello, la hoja de ruta de la consejería de educación y universidades del Gobierno de Canarias no debe ser otra sino la de trabajar por la excelencia en la calidad y la docencia y por la mejora de nuestro sistema universitario. El cambio real debe llegar con un aumento de la financiación de las universidades públicas canarias, y dentro de ésta, una equiparación de la financiación para eliminar la desigualdad existente en beneficio de la Universidad de La Laguna que perjudica gravemente a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Aumento que permitirá una mayor inversión en I+D+i que a su vez llevará a las universidades canarias a mejorar en los ranking de investigación y divulgación científica. El cambio real debe llegar también con la implantación del Distrito Único Universitario de Canarias, que por fin establezca un sistema de preinscripción único mediante el cual todos los canarios accedan en igualdad de condiciones a ambas universidades sin importar su lugar de procedencia o residencia con la implantación del Distrito Abierto.
Por otro lado, se hace necesario un cambio real en la política de becas de la comunidad autónoma. Si bien ha sido considerable el esfuerzo de la consejería en este asunto, no es aceptable que los estudiantes perciban su beca prácticamente al finalizar el curso académico, con esto no se está cubriendo la finalidad real de la ayuda, que no es otra sino la de ayudar a sufragar los gastos durante el año. En relación también a las becas, como ya hemos demandado recientemente desde el Consejo de Estudiantes de la ULPGC se hace necesaria la instauración de becas específicas para la obtención del nivel de idiomas que cubra las competencias idiomáticas necesarias para la adquisición de los títulos de grado y postgrado.
Asimismo, debe producirse una reducción de las tasas universitarias de manera inmediata. En Andalucía, por ejemplo, estudiar un master habilitante sale a 13 euros el crédito, tan sólo un euro más que estudiar un Grado. En Canarias, el mismo master sale al “módico” precio de 25 euros el crédito. Otras gobiernos regionales que tomaron posesión casi a la par que el canario ya han hecho una disminución de estas tasas así que la determinación de efectuar una reducción en Canarias debe ser inminente, y con ello acatar el compromiso adquirido antes de las elecciones con la firma del manifiesto #VotaXLaEducación (www.votaporlaeducacion.es). Se hace doblemente necesario además aumentar los plazos para el fraccionamiento del pago de la matrícula universitaria a 10 o 12 plazos anuales que tengan en cuenta la verdadera realidad económica de Canarias.
También debe producirse un cambio real en cuanto a la fiscalización de los compromisos adquiridos por las universidades privadas que recientemente se han instalado o se ha autorizado su implantación en Canarias. La regularización y fiscalización desde la administración en este aspecto debe garantizar la calidad educativa, máxime cuando se ha autorizado la impartición de títulos que ya se imparten en las universidades públicas canarias.
En definitiva, es necesaria una mayor financiación de las universidades públicas y la equiparación de ésta para las dos universidades canarias, la implantación del Distrito Único Universitario que asegure de una vez por todas la igualdad de acceso, una mejor y mayor política de becas y una reducción de las tasas universitarias así como un mayor fraccionamiento de las mismas, y una fiscalización de las universidades privadas en Canarias.
Con estas y otras medidas que se deben tomar podremos asegurar que conseguiremos dar un gran paso para conseguir el verdadero cambio real en la educación superior en Canarias, el cambio que muchas personas estamos esperando y que sólo llegará creando líneas de comunicación y diálogo entre la consejería y todos los colectivos universitarios desterrando de una vez por todas la idea de algunos de “la universidad para los estudiantes pero sin los estudiantes”.
