Por Yolanda Perdomo
En el debate enmarcado en un reciente encuentro con Al Gore, el responsable del desarrollo de la sociedad de la información de la compañía Telefónica, Mariano González Rodríguez, citaba la innovación como “palanca clave para el desarrollo”. De entre todos los conceptos manejados en los resúmenes mediáticos de dicho encuentro, es éste el que uno halla especialmente destacable por dos razones: por su trascendencia, y porque, desgraciadamente, es aún poco utilizado en el ámbito político.
La innovación es una cuestión fundamental sobre la que no se puede pasar de puntillas, y lo es porque constituye un elemento clave en el aumento de la competitividad. Puede adquirir muchas formas; en concreto, una comunicación de la Comisión Europea de marzo de 2003 se centra exclusivamente en este aspecto, y analiza, en el ámbito de la estrategia de Lisboa, la importancia de la innovación en las empresas, citando algunas formas en que ésta puede darse. Así, menciona la invención resultante de la investigación y el desarrollo, el diseño de nuevos conceptos de comercialización, la puesta en marcha de nuevos modelos organizativos, o la explotación de nuevos mercados. La comunicación va más allá y habla de la “política de innovación”, indicando que la inclusión de este concepto en las distintas políticas que se apliquen desde el ámbito gubernamental lograría fortalecer la empresa, la cual constituye, a su vez, la médula misma del proceso de innovación.
La industria turística no es una excepción. Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, recordaba hace escasos días la importancia de divulgar la cultura de la innovación en el sector. Un aspecto clave que se percibe de forma tan aislada y excepcional como la diferenciación, y que no sólo no se incentiva lo suficiente desde los estamentos públicos, sino que incluso se ve penalizada, debido a trabas de tipo burocrático y legislativo.
Los ingredientes para el desarrollo de procedimientos innovadores no son cosa de otro planeta. Debe contarse con aportación de capital, con un entorno reglamentario más simple y con la presencia de mano de obra cualificada y móvil. Los “conglomerados de empresas”, los denominados clusters, complementarios, concentrados por zonas, interdependientes y competitivos, serían un modelo para cooperar provechosamente con otras empresas y con los poderes públicos. Todo ello puede ser incentivado desde la administración pública, que además debe realizar una aportación tangible en el ámbito de la competitividad mediante el fomento de la cultura empresarial y la reducción de los gastos causados por los trámites burocráticos. Aún así, resulta curioso que las iniciativas para desbloquear un entorno poco propicio para el crecimiento de las empresas suenen a clientelismo. Tan curioso como que se hable tan poco de innovación, o como que tantos tengan aún en Canarias la ofuscada tendencia de demonizar la clase empresarial.
