Fotos: Dory Hernández /José Curbelo
La consejera del Partido Popular (PP) en el Cabildo de Lanzarote, Astrid Pérez, defendió el papel que viene realizando la Comisión Investigadora de Inalsa, órgano creado para depurar las responsabilidades políticas que pudieran existir en torno a la firma del contrato entre la empresa pública y la UTE-Edam Janubio. Pérez indicó durante su participación en el programa “El Despertador” de Lanzarote Radio, que “próximamente” saldrán a la luz las conclusiones de la comisión de investigación. Un ente, que a su juicio, aportará “datos clarificadores” sobre el papel que han jugado los responsables públicos que participaron en el proceso de contratación de una nueva planta desaladora en el sur de la Isla. “No creo que en la Comisión se esté perdiendo el tiempo, entiendo más bien que está siendo muy útil para aclarar por qué se tomaron esas decisiones”, aseguró la representante popular en Máxima Corporación insular. “El PP ha apostado mucho por este trabajo y hasta ahora se han conocido datos esenciales que muy pronto se darán a conocer”, añadió.
Con estas declaraciones, Astrid Pérez salió al paso de las críticas surgidas contra la comisión investigadora, constituida el pasado mes de octubre y de la que forman parte todos los grupos políticos presentes en el Cabildo.
La consejera popular lamentó asimismo el rechazo a comparecer ante la comisión expresado por distintos ex cargos públicos del Cabildo, técnicos de la compañía o miembros de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias, todos ellos en su día responsables de la gestión de la empresa insular de aguas y, en especial, relacionados con el llamado Caso Janubio. “Es una pena que aquellos que conocen lo ocurrido, por ejemplo, el gerente de Inalsa, las consejeras del PIL, Plácida Guerra y María José Docal o los técnicos de la empresa, no vengan a la comisión”, se quejó la consejera. Y es que según Pérez, la negativa de estas personas a comparecer ante la Comisión de Investigación “limita el trabajo que se viene desarrollando en el seno de la misma”.
En cualquier caso, desde el Partido Popular entienden que la labor realizada hasta la fecha ha servido “para desenmascarar”, entre otras cosas, “las mentiras de cargos públicos del Partido Socialista (PSOE) y de Coalición Canaria (CC)”. En este contexto, la consejera popular señaló al actual consejero delegado de Inalsa, Mario Pérez, a quien acusó de “haber mentido” al afirmar que desconocía la decisión de la corte arbitral. “Mario Pérez mintió al asegurar que conocía por los medios la noticia del laudo. Todos hemos visto que estuvo presente en el Tribunal de la Cámara de Comercio que luego condenó a Inalsa a pagar 10 millones de euros”, recordó.
El papel de Manuel Fajardo
La representante del PP criticó duramente el papel desempeñado por el secretario general de los socialistas de Lanzarote, Manuel Fajardo Palarea, como instructor del Comité Disciplinario en el expediente abierto a los técnicos de Inalsa. “Fajardo ha actuado como juez y parte en un asunto en el que ni siquiera debía haber participado pero en el que terminó favoreciendo a los trabajadores”, señaló Pérez. Aunque, aclaró que su intención no es “perseguir” a los empleados de la empresa pública, sí consideró necesario “depurar responsabilidades” entre ellos.
Astrid Pérez aprovechó su intervención radiofónica para arremeter contra las consejeras del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Plácida Guerra y María José Docal. Según Pérez, Plácida Guerra remitió un escrito a la Agencia del Medio Urbano y Natural “que hemos comprobado no tiene registro del entrada o salida en el Cabildo y que según la secretaría no existe”. Y es que según Pérez resulta “cuanto menos sospechosa” la relación que existió entre la Agencia del Medio Urbano Natural y el Cabildo en el momento de levantar el precinto de la obra de construcción de la nueva planta desaladora “aún conociendo que no había informe de impacto ambiental, ni licencia municipal ni certificado territorial del suelo”.
Suspensión del laudo
Tal como hicieran, la presidenta del Cabildo, Inés Rojas, y el consejero de Inalsa Mario Pérez, la representante del PP mostró también su satisfacción por la decisión del Juzgado Número 13 de Las Palmas de suspender el laudo condenatorio contra Inalsa: “Personalmente y como miembro del PP me siento satisfecha de que se haya dado un paso más hacia delante en el tema de la resolución del conflicto con la UTE”, concluyó.
