El consejero delegado de Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa), Mario Pérez, considera que, al margen de la nueva acción jurídica emprendida por el Cabildo para suspender la ejecución del laudo que condena a la empresa pública a pagar más de 10 millones de euros por el contrato de la planta desaladora de Janubio, lo más importante ha sido la unanimidad de los grupos políticos para adoptar el acuerdo de acogerse a la Ley de Conflicto Jurisdiccional y así evitar, o al menos aplazar, el oneroso castigo. Era necesario el apoyo de los grupos de la oposición porque Coalición Canaria y los consejeros ex PIL gobiernan en minoría.
Pérez cree que ha imperado la racionalidad, aunque no hay que hacer mayor esfuerzo mental para comprender y apoyar la sugerencia hecha por los servicios jurídicos de Inalsa y del Cabildo, quienes marcaron el camino de la estrategia jurídica que ha de seguir la Primera Corporación insular para acabar de una vez por todas con el proceso. El laudo, tachado de “injusto” por el consejero delegado, es consecuencia del supuesto incumplimiento del contrato, por parte de Inalsa, suscrito en 2001 con la UTE Edam Janubio, para construir y explotar la planta Inalsa Sur. El proyecto abortó debido a que las administraciones públicas no otorgaron los permisos correspondientes, entre otros motivos, porque su ubicación violaba suelo rústico del municipio de Yaiza, tanto, que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural precintó la obra.
Varios frentes para evitar el pago
Inalsa defiende que en ningún momento ha incumplido el contrato con la UTE, así que tiene varios frentes abiertos en esta ardua batalla legal. Uno, ante la Cámara de Comercio de Las Palmas, ente que dictó el laudo porque las partes acordaron que en caso de cualquier desacuerdo fuese éste el que lo dirimiera, otro, ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, dos más, ante juzgados con sede en las Palmas, y, otro, ante el Consejo Consultivo de Canarias. El Consejo dictaminó que el procedimiento por el cual fue adjudicado el contrato es nulo de pleno derecho. Uno de los motivos: falta de publicidad en el ámbito de la Unión Europea. “A partir del Dictamen del Consejo Consultivo, el Cabildo ha acordado pedir al Juzgado Número 13 de Las Palmas que se inhiba de ejecutar el laudo porque si el contrato es nulo de pleno derecho, pues las actuaciones posteriores que se deriven de un contrato nulo no deben producirse”, explicó Mario Pérez en el programa radiofónico El Despertador de Lanzarote Radio.
El Juzgado tiene diez días para contestar. En caso de que no lo haga, el Cabildo, también autorizado por el Consorcio del Agua, se dirigirá a la Sala de Conflicto del Tribunal Supremo, que serán quien emita el fallo.
El objetivo, subrayó Pérez, es salvaguardar la gestión pública del agua evitando una sanción por un contrato que nunca debió firmarse. En su momento, la consejera delegada de Inalsa era Plácida Guerra (PIL) y el presidente del Cabildo, Enrique Pérez Parrilla (PSC-PSOE). “Creo que los servicios jurídicos del Cabildo y de Inalsa están dando los pasos atinados”, dijo Pérez. El consejero valoró positivamente la postura de los codueños de Inalsa, los ayuntamientos, que respaldaron en la Asamblea del Consorcio, por unanimidad, acatar la sugerencia de los servicios jurídicos.
“CC es el partido a derrotar”
Entrando en el terreno político, Pérez, presidente insular de CC, apuntó que el enemigo a batir en las elecciones de mayo es Coalición Canaria. Según él, es la única fuerza cohesionada con clara presencia en todos los municipios y por ello auguró arremetidas en su contra para intentar restar votos en la recta final de los comicios municipales y autonómicos. Mario Pérez aseguró que a CC le interesa que sus rivales políticos aparten sus disputas internas porque a la hora de cerrar acuerdos o simplemente debatir es saludable saber quién es el interlocutor válido y, en el primer caso, tener la certeza de que lo acordado se va a cumplir a rajatabla. Pérez finalmente vaticinó una alianza entre el Partido Socialista y el PIL en el Ayuntamiento de Arrecife en la próxima legislatura. La candidatura socialista la encabeza Enrique Pérez Parrilla.
