viernes. 29.03.2024
El exalcalde de Arrecife reconoce durante el juicio que existía "cierta autonomía" de los concejales del PIL con los que gobernaba cuando estalló la Operación Unión, pero afirma tajante que "desde luego asesor del Ayuntamiento no era"

Pérez Parrilla: "La firma del alcalde para contratar era indelegable, pero desconocía muchos de los pagos que se hacían en el Ayuntamiento"

La exsecretaria municipal Asenet Padrón, que afirma que para realizar una contratación "bastaban la factura y la aprobación del gasto", niega que tuviera constancia de la necesidad de un asesor externo en materia laboral, pero reconoce que en 2008 existía un "registro paralelo" al General en el departamento de Intervención

El exalcalde de Arrecife Enrique Pérez Parrilla ha sido el primero en declarar este lunes en la tercera jornada por el caso Unión. A preguntas del fiscal, el exalcalde socialista -que decretó la expulsión de los concejales del PIL en el Gobierno capitalino tras el estallido de la Operación Unión, ha sido tajante al valorar la supuesta contratación del abogado y exviceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, Francisco J. Rodríguez Batllori: su firma para que el Ayuntamiento de Arrecife hiciera contrataciones "era indelegable", ha asegurado. Eso sí, de forma algo contradictoria, Pérez Parrila ha admitido que "desconocía muchos de los pagos que se hacían en el Ayuntamiento".

El que fuera regidor de Arrecife ha reconocido que existía "cierta autonomía" de los concejales del PIL con los que gobernaba cuando estalló la Operación Unión, pero ha afirmado tajante que Batllori "desde luego asesor del Ayuntamiento no era".

Preguntado sobre si conocía a todos los asesores externos, el exalcalde ha afirmado sobre Batllori que "desde luego no era asesor del Ayuntamiento", y del resto que ""tenía mucha confianza en el abogado Agustín Domingo Acosta".

Ni a Pérez Parrilla ni a la exsecretaria de Arrecife Asenet Padrón Niz, ni tampoco a las funcionarias del departamento de Contratación, Sheila Aguilar y María del Carmen Villaverde, además de Pilar Machín, les constaba la necesidad de contratar a un asesor externo, en este caso a Batllori, en materia laboral. Tampoco nadie les comunicó tal necesidad o la propuesta de contratación, según han referido.

Por otro lado, la exsecretaria municipal sí ha dado fe de la existencia en 2008 de un "registro manual, paralelo al Registro General del Ayuntamiento de Arrecife, dentro del departamento de la Intervención municipal". Asenet Padrón contestaba así a las preguntas de la defensa de cinco de los seis acusados, que trata de demostrar que aunque no haya "pruebas escritas de que se realizó una contraprestación de servicios", para la contratación de Batllori solo eran necesarios la factura y la aprobación del gasto. Todas las funcionarias del Ayuntamiento han coincidido en apuntar al actual interventor, Carlos Sáenz, como la persona que sí dio validez a las citadas facturas de Batllori, sin interponer reparo alguno.

También se ha previsto para este lunes la comparecencia del secretario accidental de Arrecife, solicitada en las cuestiones previas de primer día.

Por su parte, la defensa intentará desmentir la confesión del pasado jueves del exconcejal de Hacienda en Arrecife José Miguel Rodríguez, quien llegó a admitir en sala que "todos los concejales del PIL sabíamos que Batllori cobraba por no realizar trabajo alguno para Arrecife", con los testimonios, esta tarde, de la consejera del PIL María José Docal y los técnicos municipales Roberto Acuña y Antonio Cabrera, además de la prueba testifical del actual interventor de Arrecife, Carlos Sáenz.

El primer juicio de la llamada Operación Unión, en el que se trata de verificar si el exviceconsejero de Justicia del Gobierno canario Francisco José Rodríguez Batllori cobró de Inalsa y del Ayuntamiento de Arrecife unos 40.000 euros cuando según la Fiscalía solo asesoraba personalmente al exlíder del PIL, Dimas Martín, sobre su situación penitenciaria, cuenta con seis acusados de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude. Además de Batllori y Dimas Martín, que no se reconocieron en las conversaciones telefónicas ni en las cartas que según la UCO de la Guardia Civil se intercambiaba, y para los que la Fiscalía solicita seis años de prisión, figuran también como acusados el referido José Miguel Rodríguez -para el que el fiscal solicita un año de prisión-, la exconcejal de Recursos Humanos de Arrecife María Luisa Blanco, la exgerente de Inalsa Plácida Guerra y el exgerente de la empresa pública de aguas de Lanzarote Rafael Elorrieta. La Fiscalía pide en el caso de estos tres últimos procesados la pena de prisión de 5 años.

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