Por Jacobo Medina
Estos días hemos vivido lo que ocurre cada cuatro años cuando en una institución no se obtiene mayoría absoluta, el casamiento de los partidos “por el bien del pueblo”. Ahora ya nos adentramos en la fase de constitución de los Ayuntamientos, Cabildos y Parlamento Autonómico y claro, en muchas de estas instituciones jurarán sus cargos imputados por algún tipo de delito, y es aquí cuando entra el dilema de si un cargo público imputado puede ejercer su cargo. Parece ser que para el movimiento 15-M todo imputado debe estar fuera de cualquier administración pública pero para otro resto de personas incluyéndome, lo coherente sería que se fijase una regulación jurídica donde se establezca; que cualquier persona con antecedentes penales, condenada por cohecho, malversación de caudales públicos…no pueda ejercer un cargo público y si está imputada cuando jura su cargo y resulta que es condenada durante el ejercicio del mismo, que automáticamente deba dejar de ejercer esa función pública.
La presunción de inocencia, consagrada en nuestra Constitución, siempre debe ser la alidada del imputado hasta que se dictamine sentencia firme, lo que no se puede hacer es imputar a una persona como hicieron con la famosa atleta Marta Domínguez, que fue imputada por un delito hace más de 6 meses, y hace apenas un mes salió impune. Como los famosos pepinos y la Senadora Alemana, ésta imputó a los pepinos españoles el cargo de contener la bacteria “E. Coli”. A los días se demostró que los pepinos españoles no debían ser condenados, ya que estaban más sanos seguramente, que la Senadora Alemana de Sanidad, Cornelia Prüfer-Storks.
Si es cierto que las actitudes de los políticos en los últimos años han hecho que casi todo imputado resulte condenado, pero también hay un pequeño porcentaje que resultan no ser condenados a pesar de haberles hecho un juicio paralelo. Los cargos públicos deben llevar consigo un comportamiento ético con un sofrito de responsabilidad, compromiso y respeto por la ciudadanía, ya que son los representantes de la misma.
El beneficio de la duda debe convivir con la presunción de inocencia ya que muchos medios de comunicación dan bombo y platillo a los imputados, pero mi pregunta es ¿Qué porcentaje de población sabe que Marta Domínguez está imputada y qué porcentaje que está libre de cargos?, les puedo asegurar que se le ha dado más caña a la imputación que a la supresión de cargos.
Hay que esperar, y muchas veces demasiado para ver la finalización del procedimiento judicial y que se dictamine una sentencia firme, apoyando la presunción de inocencia y lógicamente evitando juicios paralelos, a pesar de que muchos pepinos, perdón políticos estén hoy día condenados tras la imputación.
