Pedro de Armas, concejal del Partido Nacionalista de Lanzarote-Nueva Canarias (PNL-NC)en el Ayuntamiento de Arrecife, ha presentado este martes por la mañana en el registro general de la Corporación una moción que elevará al próximo pleno de la corporación en la que refleja su preocupación por la escasa posibilidad que tienen en la actualidad las personas con minusvalías de Arrecife para acceder al servicio público de taxis, teniendo en cuenta que de 122 vehículos que forman la plantilla actual tan sólo dos están adaptados para tal fin, y sólo uno de estos vehículos está en servicio las 24 horas.
El Real Decreto 1544/2007 que desarrolla la LEY 51/2003 de 2 de diciembre estipula la adaptación de al menos el 5% de la flota existente para su uso por personas con discapacidad, por lo que deberían ser SEIS los vehículos adaptados y no dos como ocurre en la actualidad, por lo que no se está cumpliendo con la ley con los perjuicios que esto supone para este colectivo de personas con dificultades.
El concejal del PNL-NC ha tenido conocimiento en más de una ocasión por parte de algunos afectados de estas dificultades con las que se encuentran estas personas que llegan, incluso, a contratar los servicios de taxis adaptados desde otros municipios con los perjuicios e incomodidades que esto supone, no sólo en cuantía económica para el usuario, notablemente superior a si el taxi tuviese licencia en Arrecife, sino también en cuanto a la pérdida de tiempo que supone la solicitud de los permisos necesarios por parte del conductor al ayuntamiento donde resida el usuario, antes de poder entrar en el municipio para realizar el servicio. Igualmente este partido ha sido informado de que varios profesionales del taxi han solicitado este permiso para adaptar sus vehículos, negándosele el mismo por parte de este ayuntamiento.
Por todo lo anteriormente expuesto, Pedro de Armas solicita mediante esta moción que el Pleno de la Corporación apruebe la concesión de los permisos necesarios para los propietarios de taxis con licencias en vigor que soliciten voluntariamente acogerse a la renovación del vehículo para su adaptación al uso por personas con discapacidad, nunca superando el 5% del total, cumpliendo así con lo estipulado en el Real Decreto sobre condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización del transporte público para personas con discapacidad.