El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, va a convocar este martes por la mañana a los propietarios de la empresa Club Lanzarote para iniciar el procedimiento que le ha ordenado el Juzgado de lo Contencioso Número 6 de Las Palmas de devolver las instalaciones de la desaladora del plan parcial de Montaña Roja, después de rechazar los argumentos de inejecutabilidad planteados por la defensa de la Primera Corporación insular sobre la decisión del pasado mes de mayo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Así lo ha adelantado este martes en el programa "A buena hora" de Crónicas Radio-Cope Lanzarote, donde ha asegurado que a pesar de que cumplirán con lo que han determinado los tribunales, ve muy complicado que se pueda hacer de forma sencilla, puesto que entiende qu hasta la fecha nadie ha demostrado que esa empresa no puede vender agua en los términos en los que lo hace. "Lo que no ha discutido nadie, ni siquiera los tribunales, es que Club Lanzarote no puede vender agua a los vecinos así que estamos en una especie de callejón sin salida", afirmó. Unas horas después, el anuncio se hizo oficial, y tiene fecha, que es precisamente la del martes de la próxima semana, momento en el que se tendrán que sentar las partes para ver cómo abordan el complejo asunto.
Es decir, San Ginés considera que se puede generar una situación muy complicada, una vez que se entreguen unas instalaciones a alguien que no puede hacer uso de ellas más allá de los fines estrictamente privados, lo que a su modo de ver terminaría afectando a los vecinos, cuestión primordial que tratarán de abordar una vez que se convoque el encuentro de devolución. "Lo que es la devolución, si el juez lo manda, habrá que ejecutarla. Distinto es que yo tengo que salvaguardar el interés general y también estoy obligado a impedir que se venda agua por parte de quien no puede hacerlo e insisto en que esto no lo discute nadie, y así lo ha corroborado tanto el Gobierno de Canarias como el propio Diputado del Común, que fueron quienes nos conminaron a actuar frente a una venta ilegal de agua", matizó.
En cuanto a posibles indemnización, el presidente cabildicio dijo que "aunque algunos apuntan que lo que tienen es preocupación, lo que les gustaría es tener la indemnización" y explicó que en cualquier caso, eso habría que dirimirlo en otro contencioso.
El presidente dijo durante su intervención radiofónica que el enorme ruido mediático que algunos han pretendido generar en torno a este asunto no va a tener mucho recorrido más allá del que se determinará cuando se establezca si él prevaricó o no al tomar la decisión de incautar la desaladora, cuestión sobre la que se muestra tremendamente tranquilo. "Estoy deseando que vayan a declarar Ignacio Calatayud y Pancho Perdomo para que corroboren lo que digo, porque se demostrará que no he mentido y que por tanto no he prevaricado", subrayó.
Recodó que él está siendo investigado por prevaricación, " que no es ni corrupción ni malversación de fondos ni cohecho ni cosa que se le parezca, sino sencillamente tomar una decisión a sabiendas de haberlo hecho de manera injusta y desde luego, yo a sabiendas de manera injusta no lo he hecho".
De igual modo, dijo que a toro pasado, una vez que se ha sabido todo lo que ha sucedido, podría arrepentirse de haber tomado la decisión de realizar la incautación como la hizo en su día.
Nota de prensa
Después de su intervención en Crónicas Radio-Cope Lanzarote el presidente del Cabildo, en su calidad también de máximo responsable público del Consorcio del Agua de Lanzarote y del Consejo Insular de Aguas, anunció que en nota de prensa que ha convocado para el próximo martes 13 de octubre, en sede de la Presidencia, a la promotora Club Lanzarote a una reunión urgente con los gerentes de estos dos organismos, así como representantes jurídicos de los mismos, al objeto de iniciar el procedimiento dictado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 6 de Las Palmas en los términos que establece el oficio recibido este lunes y fechado el pasado día 2.
En este escrito, según recuerda la nota del Cabildo, el Juzgado comunica la desestimación del incidente de ejecución de sentencia presentado por el Consejo Insular de Aguas. En consecuencia, este organismo deberá iniciar el procedimiento para restituir la desaladora y depuradora de agua a la urbanización Montaña Roja.
Pedro San Ginés reitera que “en cualquier caso, la prioridad será garantizar el abastecimiento y suministro de agua a los vecinos de Montaña Roja y eso es lo que hemos hecho hasta la fecha y haremos”, trasladando así un mensaje de tranquilidad a los usuarios de este plan parcial.
El Cabildo recuerda que en el incidente de ejecución de sentencia presentado por el Consejo Insular de Aguas se solicitaba que antes de devolver la desaladora y resto de infraestructura incautada se concediera un plazo para realizar las obras de conexión de Montaña Roja con la red general, a fin de garantizar el suministro de agua a los ciudadanos y más de una quincena de complejos turísticos de esta zona, al objeto de que estos usuarios pudieran acceder a un servicio legal y en las mismas condiciones, calidad y precio que el resto de los usuarios de la isla.
Así, determinan que, aradógicamente, el hecho de que hasta la fecha se estuviera vendiendo agua de forma ilegal, no autorizada por ningún organismo y a precios abusivos, muy por encima de los aplicados para el resto de ciudadanos, tal y como ha venido advirtiendo insistentemente la Dirección General de Comercio y el Diputado del Común, no ha sido cuestionado por ningún Juzgado. Y es por ello, reitera Pedro San Ginés, que “la medida cautelar se adoptó en el marco de un expediente sancionador ya resuelto, atendiendo a la propuesta del propio instructor del mismo que, entre otras cosas, propone el cese de la actividad y/o el precinto de las instalaciones, advirtiendo -no obstante- de la necesidad de preservar el interés general; es decir, el abasto a los vecinos y por tanto no ejecutar dicho precinto hasta tanto no llegue la red pública a esta zona; y eso es precisamente lo que pretendemos hacer”. El Consorcio del Agua de Lanzarote, a través de Canal Gestión, emprendió hace unos meses estas obras de conexión a la red pública que fueron paralizadas por la promotora Club Lanzarote y que desde la Institución se pretende desbloquear “de inmediato”.
Por último, el presidente del Cabildo reitera su “total respeto a las instancias y decisiones de los tribunales” y manifiesta que “cumplirá, como no podría ser de otra forma, con el imperativo judicial ordenado de restituir a la promotora las plantas aunque éstas sigan realizando el citado suministro ilegal, no autorizado por ningún organismo y a precios abusivos, porque de lo contrario se produciría el desabasteciento a los vecinos, cosa que pretendemos evitar a toda costa”.
