viernes. 29.03.2024

Las soluciones a la mayoría de las necesidades, que son muchas, de los habitantes de La Graciosa, están contempladas en el Plan Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo (PRUG). Un Plan aprobado en la pasada legislatura y que sigue esperando por la conformación del Consorcio que reunirá al Gobierno de Canarias, Cabildo de Lanzarote, y los ayuntamientos de Teguise y Haría, llamado a convertirse en el máximo órgano de gobierno de La Graciosa.

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, pasó este fin de semana en el Chinijo con la prioridad de reunirse con los vecinos de La Graciosa y escuchar sus quejas y demandas. Acompañado de varios cargos de su ejecutivo, entre ellos la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas; la directora general de Ordenación Territorial, y los máximos mandatarios de varias viceconsejerías, Rivero expuso a los habitantes de la Octava Isla las medidas más inmediatas que pretenden acortar la brecha entre la triple insularidad que aqueja al Chinijo y el resto de las islas.

Son muchas las promesas que cada uno de los presidentes de la Comunidad han hecho históricamente a los gracioseros, y lo cierto es que son muy importantes las medidas y mejorías alcanzadas tanto en los últimos dos años como las que se esperan lograr a lo largo de los próximos meses, pero aún siguen siendo insuficientes para una isla de 630 habitantes, dedicada fundamentalmente a la pesca, y desde hace algunos años al turismo de temporada, con el inconveniente de que sus camas turísticas han quedado fuera de la ley.

Para los vecinos, lo más importante es la puesta en marcha del Consorcio del PRUG, además de la inclusión en el mismo de una serie de alegaciones rechazadas en su momento por el Gobierno, relativas sobre todo a las delimitaciones en la actividad pesquera y la legalización de las camas turísticas ya construidas.

Paulino Rivero prometió que el Consorcio estará en un máximo de seis meses, “si es posible mucho antes”. Será precisamente dentro de medio año cuando el presidente canario vuelva a visitar La Graciosa “de vacaciones”, aunque con la vista puesta en supervisar todos los proyectos que afectan a la Octava Isla, todas las promesas echas a sus habitantes, además de para “dar por inaugurado el Consorcio”. A petición de los vecinos, Rivero aseguró que los habitantes podrán participar en el ente de gobierno del PRUG “siempre que no existan impedimentos jurídicos” para ello.

El reto de llenar la nevera

Si los precios asustan en Lanzarote hasta a los turistas que llegan de Alemania o Francia, dónde la alimentación es sensiblemente más barata que aquí, en La Graciosa llenar la nevera se convierte a menudo en misión imposible. Entramos en un supermercado de la Octava Isla para comprobar “horrorizados” que el kilo de pimiento rojo cuesta más de cinco euros, cuatro zanahorias se acercan a los cuatro euros, y 24 rollos de papel higiénico “Colhogar”, a tres euros en Lanzarote, cuestan en La Graciosa cinco euros, casi el doble.

Ante los recientes movimientos populares para abaratar la cesta de la compra en las islas periféricas, el Gobierno de Canarias se ha marcado como objetivo de aquí a un año subvencionar el transporte entre islas de todos los productos de primera necesidad. Así las cosas, en 2009, si se cumple la promesa, los precios en Lanzarote y Gran Canaria deberían igualarse, al menos en los supermercados. La llegada de grandes superficies de “descuento duro” parece de momento una batalla perdida hasta que no se cambie la Ley de Comercio que prohíbe su establecimiento en las islas menores.

Ante los vecinos de La Graciosa, Rivero garantizó que todo el transporte entre islas de los productos de primera necesidad tendrá un coste cero, algo que el propio presidente promete supervisar gracias a la creación de un Observatorio de Precios de Canarias, que velará por la desaparición de prácticas abusivas de las empresas de distribución que inflan el precio de algunos bienes de consumo en su viaje desde las islas capitalinas hasta la periferia.

Paulino Rivero asegura que el Consorcio del PRUG estará en seis meses como máximo
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