No es decir nada nuevo que una de las secuelas de esta crisis impuesta por el sistema neoliberal, es la expansión como un auténtico mantra de un estado de opinión impuesto por la mayoría de los economistas, vendidos al gran capital, y aceptado por la gran mayoría de la población, de que para “salir” de este infierno, no existe otra posibilidad que seguir con las políticas de austeridad vigentes y ya fracasadas. Según Josep Fontana en su libro El futuro en un país extraño, un estudio del F.M.I. sobre 173 casos de austeridad fiscal registrados en los países avanzados entre 1978 y 2009 confirmaba que las consecuencias fueron mayoritariamente negativas: contracción económica y aumento del paro. Sobre esa cuadrilla facinerosa de economistas, los que fundamentan la doctrina a modo de catecismo, me remitiré a una cita en un artículo mío anterior titulado La traición de los economistas, extraída del libro La estrategia del malestar. El capitalismo, desde la caída del Muro hasta la crisis financiera de José María Ridao: “Son clérigos que celosos de los juicios de análisis destilados de su ciencia, se desentendieron de los crueles efectos de aplicarlos sobre los europeos, a quienes arrojaron sin que les temblase el pulso, soberbios en el baluarte inexpugnable de especulaciones teóricas y de estrategias para las que el sufrimiento humano había dejado de contar, al paro, la miseria, el miedo y la desesperanza”. Obviamente, ellos son culpables de todo lo que nos está ocurriendo, pero también los dirigentes políticos que llevan a la práctica estas políticas, y por detrás agazapados los miembros de una élite financiera y empresarial, que es la que mueve los hilos. Un ejemplo, recientemente El Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley en el que se estableció la hibernación del almacenamiento subterráneo de gas de la plataforma Castor y en el que se reconoció una compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal, en la que participa ACS, empresa esta última presidida por Florentino Pérez. ¡Qué pronto se gestionó todo para indemnizar con una cantidad impresionante! Cantidad que la pagarán los ciudadanos con su recibo de gas en los años sucesivos. Todo tiene un porqué. Lo expresa muy claro Cesar Molinas “Hay una gran consistencia histórica, de concepción de los negocios y del mundo, entre personajes decimonónicos como Fernando Muñoz, el general Serrano y el marqués de Salamanca, por una parte, y los que hoy día se sientan en el palco del Santiago Bernabeu, por otra. Es una misma manera de prosperar por el favor del poder político, gracias al BOE, que se ha mantenido inalterada a lo largo de los siglos”.
Insisto, resulta curioso que la gran mayoría de la sociedad crea que están políticas son inevitables y las asume como las únicas posibles. Esto es gravísimo. Sin alternativa no hay democracia. Pero sólo sectarios y dogmáticos pueden defender un pensamiento único. Naturalmente que existen otras políticas. ¡Cómo no va a haberlas! Veamos algunos ejemplos. A finales del 2012 fue noticia que el presidente boliviano Evo Morales nacionalizó cuatro filiales de Iberdrola, en concreto dos de las principales distribuidoras de electricidad en La Paz, 'Electropaz', y en Oruro, 'Elfeo', además de una empresa de servicios y una gestora de inversiones. Como no podía ser de otra manera fue fuertemente criticado por el gobierno de Rajoy y por la gran mayoría de los medios de comunicación y economistas. Evo tomó la decisión porque en La Paz, la tarifa eléctrica urbana en promedio era de 0,63 bolivianos (0,09 dólares) por kilovatios/hora, mientras que en el área rural era de 1,59 bolivianos (0,23 dólares). Según el mismo Evo "Habían hablado con la empresa para que igualase la factura a todos, que asumiera su responsabilidad social llevando el tendido eléctrico a todos los lugares. "Cuatro meses de negociación sin resultado", "Y como no han querido buscar esta equidad, igualdad en el consumo de energía eléctrica, obligados hemos tenido que nacionalizar". Señaló que se decidió expropiar porque la constitución promulgada en 2009 señala que los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones "son un derecho humano" y su provisión debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social, y un derecho humano no puede ser negocio privado". "Esta nacionalización está orientada justamente para buscar la igualdad y acabar con la extrema pobreza". Por ende, tal decisión es además de ética, impecable desde el punto de vista jurídico. No hace otra cosa que exigir el cumplimiento constitucional.
Por otra parte, existe una gran diferencia entre un gobernante que nacionaliza un servicio básico para rebajar la factura de la luz y beneficiar a la ciudadanía, y otro que permite un auténtico atraco a los ciudadanos españoles. D. Mariano, debería leerse la Constitución, esa que tanto dice defender y que no quiere reformar. Fíjese, el artículo 51 establece “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos”. Si nos fijamos en el precio de la electricidad o de los carburantes: ¿los poderes públicos a quién defienden: a los consumidores o a las compañías eléctricas o petroleras? La factura de la luz es incompresible, el sistema de revisión de precios no lo entiende nadie, se cobra por servicios que no se prestan y ahora se abre una investigación judicial por el cobro a los consumidores de 3.500 millones de euros de más en la factura de la luz en la pasada década. El sistema eléctrico español es un verdadero atraco para el consumidor y ningún gobierno quiere arreglarlo. Y deberían hacerlo si tuvieran en cuenta la Constitución que tanto dicen defender, ya que en su artículo 128 “Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”. ¿No son servicios esenciales el eléctrico y el financiero? ¿Podrían intervenirse las empresas eléctricas y los bancos por interés general? Si lo hicieran, no sería ninguna medida revolucionaria de tipo bolivariano. Lo dice la Constitución.
Otro ejemplo. Nos dice el presidente del plasma “Como la deuda pública supera el billón de euros, no podemos gastar más de lo que ingresamos, y, por tanto, no tenemos otra opción que hacer ajustes fiscales, que no le gustan, pero que al final llegará el crecimiento económico y la creación de empleo. Nos dice que ya ha llegado el fin de la crisis. Y yo me lo creo. Por supuesto, nos dice, del endeudamiento público hay culpables: liberados sindicales, funcionarios, las autonomías, los ayuntamientos, las embajadas catalanas, etc. Vale, D. Mariano, le creo. Mas, parece lógico que si los españoles tenemos que pagar esa deuda con nuestros impuestos, recortes salariales y prestaciones del Estado de bienestar, tenemos derecho a conocer su origen. No alardea de transparencia, pues venga, queremos transparencia. Por ello exigimos una auditoría veraz de la deuda pública, realizada por una comisión de expertos, independientes de los partidos políticos. La auditoría debería exigir al sector público transparencia en sus cuentas, una suspensión temporal del pago de la deuda y abrir un proceso, aunque durara meses, para estudiar la documentación y hacer un juicio público encaminado a tomar decisiones sobre qué hacer sobre ella al final del proceso. Así conoceríamos el porcentaje de deuda odiosa o ilegítima. Este concepto se atribuye a un jurista y profesor de derecho financiero, Alexander Sack, que en 1921 publicó un tratado Los efectos de las transformaciones de los Estados sobre sus deudas públicas y otras obligaciones financieras, donde sostenía que una deuda es ilegítima cuando se dan tres circunstancias: que se ha comprometido sin el conocimiento de los ciudadanos (o sus representantes); que se ha gastado en actividades que no redundan en beneficio del pueblo; y que los prestamistas (los bancos) son conscientes de esta doble situación anterior.
Obviamente, en estricta justicia, el Estado español, es decir, todos los españoles estaríamos exentos de pagar la deuda odiosa, y tendríamos que exigir responsabilidades a quienes la contrajeron, y que han causado y lo siguen haciendo tanto daño a tantos españoles. ¿Puede hacerse una auditoría? Naturalmente. Hace falta coraje político, como lo hubo en el Ecuador de Correa donde se creó una Comisión de Auditoría de la Deuda en julio de 2007 para analizar la del periodo 1976-2006. El presidente eligió 18 expertos, 12 de Ecuador y 6 del extranjero. También pidió a 4 órganos del Estado formar parte de ella: la Comisión Anticorrupción, el Tribunal de Cuentas, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Finanzas. Trabajó durante 14 meses, y en septiembre de 2008, presentó unas conclusiones y unas recomendaciones al gobierno, el cual decidió suspender el pago de los títulos de la deuda (los que vencían en 2012 y 2030). Tras ocho meses de impago, forzaron a los tenedores de esos títulos a aceptar una reducción del 65 % de su valor. El Estado compró obligaciones a precio reducido. Por una obligación con un valor de 1.000 dólares, el Estado ecuatoriano pagó 350. Le supuso un ahorro de 7.000 millones de dólares para los ecuatorianos, que se destinó al gasto social. ¿Hay otras políticas?
A pesar del reconocido fracaso de las políticas de austeridad persisten. Entonces, ¿cómo podemos entender el empecinamiento en estas políticas? Obviamente porque han implantado su hegemonía política, pero frente a ella se puede implantar otra, como la hubo en el modelo keynesiano y la implantación del Estado de bienestar tras la II Guerra Mundial. Hoy la hegemonía es otra. Y así observando el caso de España, Mark Weisbrot opina que la política del gobierno de Rajoy, es debilitar el movimiento obrero como parte de una estrategia a largo plazo para desmantelar el Estado de bienestar, lo cual no tiene nada que ver con resolver la crisis actual ni con reducir el déficit público. Por supuesto con grandes dosis de sufrimiento en la mayoría de la población española. Situaciones como las que ha generado la crisis económica han hecho que se empiece a hablar de crímenes económicos contra la humanidad. Actualmente a los responsables de las políticas de ajuste, tal como sugieren las profesoras Lourdes Benería y Carmen Sarasúa, como por ejemplo el retrasar mamografías con sus secuelas mortíferas o el aumento de suicidios, se les podría inculpar en un futuro del delito de crímenes contra la humanidad, porque esas políticas producen daños gravísimos directos y también indirectos a grandes masas de población, que se conocen de antemano y a pesar de ello los ejecutan con premeditación y además para beneficio de una minoría.
