La Sala Quinta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado al Gobierno de España por no adaptar en plazo la directiva relativa a ordenación del tiempo de trabajo, la directiva 2003/88, al personal de la Guardia Civil.
Esta directiva hace referencia a los periodos mínimos de descanso y duración máxima de la jornada de trabajo.
Para la Asociación Unificada de Guardias Civiles, esta sentencia es un nuevo varapalo al Gobierno de España y muestra a las claras la insuficiencia de su política social y laboral hacia el colectivo de guardias civiles.
A juicio de la AUGC, esta contundente condena por una alta instancia judicial europea avala claramente los motivos que movieron a los guardias civiles para salir a la calle el pasado día 18 de septiembre para reclamar el final de los abusos laborales en la Guardia Civil y una jornada laboral digna para todos los guardias civiles. "Es el momento de recordar como el Gobierno intento impedir este derecho de manifestación y sufrió otro serio varapalo judicial cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos dio la razón y permitió ejercer nuestros derechos de reunión y manifestación", sostienen.
"Una y otra vez queda patente la actitud del Gobierno de intentar recortar los derechos de los guardias civiles y perpetuar las condiciones laborales y profesionales lesivas y discriminatorias que siguen enseñoreándose de la institución. Sus derrotas judiciales en estos aspectos ya son históricas. Y las que vendrán, sin duda", agregan.
Los guardias civiles reclaman que el Gobierno adopte las medidas necesarias para el cumplimiento estricto de esta nueva sentencia y proceda a la adecuación de la jornada laboral de los guardias civiles a la directiva europea. AUGC estará vigilante al respecto y denunciara cualquier retraso o incumplimiento.
"No es la primera vez que las instancias judiciales europeas ponen en entredicho prácticas laborales y disciplinarias contrarias a los principios democráticos y de derechos humanos en la Guardia Civil. Recordemos la sentencia del 2 de noviembre del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que declaro ilegales los miles y miles arrestos domiciliarios en la Guardia Civil pues los mandos no pueden, a tenor de la legislación vigente europea, encarcelar a sus subordinados sin intervención judicial expresa. Afortunadamente esta sentencia puso fin a esta aberrantes practicas disciplinarias", concluyen.
