Por Cándido Marquesán Millán
Deberíamos los españoles, interesados por la cosa pública, empezar a preocuparnos seriamente por todo un conjunto de acontecimientos relacionados con determinadas actuaciones judiciales recientes en esta nuestra querida España. Yo sí que lo estoy, y no poco, razones no faltan, aunque no sé si lo están una parte importante de mis conciudadanos. Mas no sólo tengo un profundo sentimiento de preocupación, sino que también de impotencia y de rabia.
De verdad, me preocupa que haya sido admitida a trámite por el Tribunal Supremo una querella presentada contra Garzón por el sindicato ultraderechista Manos Limpias en la que se le acusa de prevaricación por excederse en sus competencias, al declararse competente para investigar la desaparición de víctimas del franquismo en tanto que crímenes contra la Humanidad, querella a la que luego se han sumado, con el beneplácito del tribunal, Libertad e Identidad y Falange Española de las JONS. Y ahora mismo, que además el Tribunal Supremo haya rechazado el recurso de apelación del juez Baltasar Garzón contra la negativa del instructor del propio alto tribunal Luciano Varela a sobreseer el procedimiento, lo que abre la posibilidad a este para sentar en el banquillo al magistrado y someterle a juicio. El mundo al revés.
En relación al caso Gúrtel, uno de los escándalos de corrupción política más importantes ocurridos en nuestro país, no menos me preocupa que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid acabe de anular todas las escuchas telefónicas ordenadas por Garzón con el objeto de conocer las conversaciones que mantenían en la cárcel los implicados de la trama con sus abogados defensores. No obstante, el Tribunal mantiene, “de momento”, menos mal, en prisión a los imputados porque los indicios de delito "no se han esfumado”. Esperemos que este caso no acabe en un carpetazo, como el que dio el Tribunal Supremo en el caso Naseiro, a la supuesta financiación ilegal del PP, porque las conversaciones grabadas ordenadas por un juez no se ajustaban a la “legalidad”, cuando toda España pudo escuchar y leer las conversaciones entre el diputado “popular” Ángel Sanchís, el concejal valenciano del mismo partido, Salvador Palop, el administrador, Rosendo Naseiro y el que más tarde sería presidente de la Comunidad Valenciana y ministro, Eduardo Zaplana, entre otros, que tenían como el objeto del enriquecimiento personal y una supuesta financiación ilegal.
Estas actuaciones judiciales un tanto sorprendentes en principio, se pueden entender por lo que voy a señalar a continuación. Para aquellos que somos neófitos en este mundo de la justicia, nos acaba de explicar con claridad meridiana el sociólogo Ignacio Sánchez Cuenca, que lo que se está produciendo es un peligroso deslizamiento del Estado de derecho al Estado de derecha, ya que nuestro sistema judicial está dominado por posiciones conservadoras. Las tres instituciones más importantes del poder judicial: el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), están claramente politizadas con un claro sesgo conservador. En cuanto a la composición de la Sala Penal del Tribunal Supremo encargada de resolver el asunto de Garzón y de la red corrupta del Partido Popular (Gürtel), de sus 15 miembros, uno fue nombrado en la etapa de González, 10 en la de Aznar y cuatro en la de Zapatero. Nueve de los 15 son claramente conservadores.
El Consejo General del Poder Judicial cuando los socialistas llegaron al poder en 2004, se lo encontraron con muy escorado a la derecha. Lógicamente el PP hizo todo lo posible para retrasar su renovación a fin de no perder la mayoría que tenía en esta institución. Cuando ésta se consiguió por fin, fuera de plazo, el PP logró meter a algunos candidatos de perfil, digamos, "inquietante": la jueza del ácido bórico, o la jueza que llevó el caso del incendio de Guadalajara. Y por si no fuera bastante como guinda, puso de vicepresidente a Fernando de Rosa, ex consejero de Justicia del Gobierno de Francisco Camps.
En cuanto al Tribunal Constitucional, el PP consiguió desestabilizar esta institución con su insensata política de recusaciones, destinada a impedir la formación de una mayoría favorable al Estatuto catalán. También están bloqueados los nombramientos y no se ha sustituido a cuatro de los magistrados cuyo mandato expiró a finales de 2007, ni se ha remplazado al magistrado fallecido Roberto García-Calvo.
Por lo anteriormente expuesto ya podemos entender que estas actuaciones judiciales, que van a suponer la más que probable inhabilitación de Garzón, sean muy bien acogidas en la sede del Partido Popular, como también en determinados medios de comunicación, que antes aplaudían hasta la extenuación al juez por meter en la cárcel a todo un ex ministro de Interior, y que ahora lo crucifican como buenos fariseos y arremeten contra él sin ningún miramiento. ¡Qué de vueltas da el mundo! Por ende, cabe pensar que la causa por los crímenes cometidos por el franquismo se archivará. En cuanto, a la trama de corrupción de los Correa, del Bigotes… junto con importantes dirigentes del PP, se otea en el horizonte la clara posibilidad de que todo se quede en agua de borrajas. Y a otra cosa mariposa. ¡Vaya ejemplos! Y luego todavía hay algunos que cuestionan la necesidad de que se imparta en los centros escolares Educación para la Ciudadanía. Si toda esta cuadrilla de caraduras y jetas, que han saqueado las arcas públicas, se van de rositas, sería lamentable, ya que se produciría en amplios sectores de la ciudadanía un gran daño que sería harto difícil de reparar. Confiemos que este no sea este el desenlace, porque en el caso que lo fuera debería producirse una contundente reacción de buena parte de la ciudadanía, ya que de no ser así, sería una muestra clara de que esta sociedad española está amodorrada y carente de unos valores éticos claros y convincentes.
