A casi un mes del primer aniversario del conflicto laboral de Iberia, que no ha sido el primero en Lanzarote y esperamos que sea el último, todavía recuerdo aquella vehemente declaración del director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, Pedro Tomás Pino Pérez, después de que la compañía no se presentara en agosto pasado a la primera cita de la mesa de diálogo convocada por el Ejecutivo regional, instando a las partes a definir un calendario de negociación bajo la presión de dictar un laudo de obligado cumplimiento. Sin embargo, el director de Trabajo tenía dudas sobre si el fallo lo debía dictar el Gobierno de Canarias o el Gobierno central. Hoy las posturas están cada vez más distantes y la promesa del laudo quedó en nada. Ante los hechos, es menester preguntarse si las Administraciones no han podido resolver quién es la competente para dictarlo o si a la responsable le tiembla la mano para hacerlo. Aunque el laudo generalmente se dicta para dirimir conflictos enquistados por desacuerdos salariales, que no es el motivo del enfrentamiento entre Iberia y los trabajadores, la huelga, actualmente suspendida, es una amenaza constante que pone en riesgo la prestación de servicios esenciales y atenta contra la industria turística de la Isla, principal fuente de empleo. ¿Por qué no se ha dictado el laudo que ponga fin al conflicto? El verano se acerca y parece inminente que seremos nuevamente testigos del espectáculo circense que nos presenta miles de maletas sin viajar a su destino, cientos de turistas molestos en sala de espera y aviones desatendidos en plataforma con pasajeros abordo. De momento, parece estúpido gastarse miles y miles de euros en promoción turística de Lanzarote para intentar vender un buen producto en un pésimo empaque. Es hora de tomar decisiones y el Cabildo, como máximo órgano de gobierno insular, algo tendrá que hacer o al menos decir.
