-Ustedes ofrecían este miércoles una rueda de prensa explicando la sentencia del TSJC que anula la licencia del aparcamiento del parque Islas Canarias.
-Efectivamente, la rueda de prensa consistió en explicar el contenido de la sentencia con respecto al aparcamiento del parque Islas Canarias y hacer una valoración, valoración a la que se había comprometido la Fundación. En cuanto al contenido, en fin, para no ser tampoco exhaustivo y trasladarlo de una manera que se pueda entender, la sentencia hace dos grandes consideraciones en sus estimaciones. Una, referente a Urbanismo y, otra, a la relación que mantuvo la actuación con Puertos. En cuanto a Urbanismo el criterio general que establece el tribunal, que era el que había impulsado la Fundación, es que no se puede hacer ningún gran equipamiento en la ciudad sin que vaya amparado por el planeamiento urbano. Es decir, no puede ser sometido a ningún tipo de acto administrativo que no se compadezca con el planeamiento. Y la realización de un parking en esa área no estaba previsto en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Por lo tanto, para haberlo realizado, tendría que haberse modificado el Plan, porque era una obra que incidía en el entorno, y no me refiero a cuestiones ambientales sino a que una maquinaria para 900 aparcamientos tiene influencia sobre el entorno de comunicación, viales, etc.. La segunda cuestión sobre la que se pronuncia el tribunal es si cabía o no cabía hacer un aparcamiento ahí. El parque estaba sobre una zona perteneciente a la Autoridad Portuaria, nosotros manteníamos que ahí no se podía hacer un parque y el tribunal se aviene a las tesis sentando dos principios que tienen alcance más allá de Arrecife, para futuras intervenciones en los diferentes litorales bajo el dominio de la Autoridad Portuaria. Son las dos siguientes: primero, la actuación entre las administraciones debe ser coordinada en el sentido de que dichas actuaciones deben compadecerse con los instrumentos territoriales con los que se rige la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento y, en segundo lugar, lo que dice la sentencia es que para poder desarrollar una infraestructura de este tipo, un aparcamiento en esta zona tendría que estar previsto en el instrumento de planeamiento de la Autoridad Portuaria, en el PUPA. Como en aquel entonces el PUPA no existía porque no estaba aprobado, la sentencia lo que dice es que no se pueden interrumpir ciertas obras que se crean convenientes para el desarrollo de la actividad portuaria, pero tienen que venir especificadas por una necesidad que se derive de los usos del puerto. Y como éste no era el caso, porque además desde el Ayuntamiento se había argumentado según recoge la sentencia que la necesidad era el incremento de población experimentado en Arrecife, pues lo que el tribunal hace es desestimarlo. De ahí que nosotros pensemos que amplios sectores ciudadanos tenían razón cuando defendieron que lo más conveniente para esa zona era la desafección, para que hubiera sido gestionado exclusivamente bajo el planeamiento del Ayuntamiento. Esto hubiera sido lo más adecuado, que hubiera sido desafectado de puertos y que hubiera sido gestionado bajo la autoridad municipal.
-¿La FCM se encuentra satisfecha entonces con la sentencia?
-A nosotros nos hubiera gustado no haber tenido que llegar a esta situación. No solamente es una demanda que interpuso la Fundación. Hay que retrotraerse a 2002 y pensar qué situación se vivía entonces de disgusto compartido por amplios sectores de la población, y la Fundación fue un elemento más. Hay que recordar que las obras se denunciaron ante la Fiscalía, que hubo movilizaciones, en fin, que había amplios sectores de la población que no le gustaba lo que estaba ocurriendo allí ni cómo se estaba desarrollando todo el proceso. Tampoco cómo se estaba removiendo el parque. En aquella circunstancia nos vimos obligados a tener que actuar ante la imposibilidad de dialogar con las administraciones y tener que recurrir a esto que debe ser el último paso, ir a los tribunales. Por lo tanto no nos produce satisfacción el hecho de que una administración, el Ayuntamiento, se vea en una situación comprometida, pero desde luego pensamos que hemos actuado con responsabilidad porque cuando se agotan las vías de diálogo, cuando se desprecian otros mecanismos, -hay que pensar presentó antes de esta demanda, un dictamen jurídico que decía que podía haber irregularidades- y cuando no queda otro remedio, hay que actuar, se actuó de esta manera y confiamos además en que sirva para que no tenga que volver a suceder ninguna otra vez. No nos alegramos de que se puedan derivar también quebrantos para el municipio en última instancia, porque eso nos perjudicaría a todos. Pero desde luego la responsabilidad no es de quien interpone una demanda sino de quien no cumple la ley.
-Por otro lado, centrándonos en el Plan Territorial Especial (PTE) del que tanto se ha hablado estos días, ¿qué posición tiene la Fundación con respecto al convenio suscrito con Algol?
-La Fundación con respecto a los convenios tiene una posición clara, hay que pensar que nosotros estamos personados en más de 30 pleitos contra promotores e incluso contra ayuntamientos, por resultas de vulneración de la moratoria, y que la Fundación no se va a retirar de ninguno de estos pleitos, con lo cual aquí ya hay una posición con respecto a qué es lo que queremos en relación con convenios de este tipo. A la Fundación no le gustan los convenios. No le gustan los convenios en estos momentos. Creemos además que no es el tiempo oportuno, no nos gusta el contenido de Algol y hubiéramos preferido que tampoco se hubiera producido el convenio de Yudaya. Pero dicho esto, sí que creemos al mismo tiempo que hay que superar la situación en la que se está viviendo en estos momentos de nuevo en el Cabildo, de crisis institucional, de inestabilidad y pensamos con claridad también que no se puede someter la política territorial de la Isla o como la queramos llamar, es decir todas aquellas oportunidades que tengamos para establecer elementos de contención del crecimiento y de ocupación del suelo, no sólo de crecimiento de plazas alojativas sino de ocupación del suelo para nuevos tipos de equipamientos. Hay que someterlos a restricciones para abrir un proceso en todo caso con garantías de que las decisiones que se tomen van a estar determinadas, primero, por la revisión con un carácter general de cuál es la situación de Lanzarote en materia turística, cuál es su modelo turístico y ver en esa revisión de carácter integral cuál es el papel y qué peso ha de tener el equipamiento de oferta complementaria. Nosotros tenemos la convicción de que ese no es el problema fundamental, sino que es una parte de las consideraciones que hay que tener en cuenta.
-No, está claro que la cosa no va bien y que hay problemas.
-Pues si, la verdad es que si.
-¿La FCM recibe presiones o amenazas para cambiar el rumbo de su funcionamiento?
-No, la Fundación no recibe amenazas, lo que recibe son opiniones o llamadas a que hay que reconsiderar las cosas, las posiciones, que nos parece también razonable, pero no, yo creo que no se atreve nadie a poner directamente una presión sobre la mesa. Pero estamos viendo con preocupación todo esto que ocurre, porque estamos en un tiempo en el que ha habido claros problemas de sobre oferta turística que nos han puesto o nos han encendido las alarmas y al mismo tiempo estamos viendo una situación en la que se está jugando con mucho dinero acumulado con el fondo de la RIC que está presionando extraordinariamente y que está preocupando a determinados sectores empresariales potentes para darles salida. Está influyendo en exceso en la opinión y en las actitudes de nuestros responsables políticos...
-Cuando los fondos de la RIC deberían servir para reconvertir la planta alojativa.
-Absolutamente de acuerdo. Ese si que es uno de los grandes problemas a los que tenemos que atender, la planta alojativa obsoleta, los entornos en las zonas turísticas que deben ser recualificados y lo que ocurre en el resto de la Isla en forma de servicios, algo de lo que también disfrutan los turistas y que puede ser mejorado antes de estar pensando en volver a urbanizar nuevas áreas de suelo para incorporarlas al consumo turístico. Creo que con esto hay que ser extremadamente responsable, pensar que tenemos que trabajar desde los suelos que tenemos ya consolidados con usos turísticos sin seguir creciendo en la reconversión de nuevos suelos para usos turísticos, porque desde luego con lo que ya se está poniendo sobre la mesa en cuanto a campos de golf y a puertos deportivos vamos más que sobrados. Veremos a ver qué son todos esos centros multiocios que también aparecen en el Plan Territorial Especial.
