El concejal del Partido Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Tinajo Nicanor Rodríguez ha comparado este martes a los representantes de Coalición Canaria (CC), socio de gobierno de los socialistas en Lanzarote, con los gestores de Nicolás Maduro en Venezuela.
"En Venezuela expropian y en Lanzarote se incautan plantas desaladoras", ha advertido el concejal socialista en el tiempo de tertulia del programa 'A buena hora', en Crónicas Radio-Cope Lanzarote, en clara referencia a la situación procesal del presidente del Cabildo y máximo responsable del Consorcio insular de Aguas, Pedro San Ginés, tras la incautación de la desaladora Montaña Roja, que explota la mercantil Club Lanzarote.
"Maduro prácticamente tiene una dictadura y si uno se revela contra él, va a tu casa, te va a buscar y te saca de tu casa aunque seas un cargo público. Expropiaron y nacionalizaron todo, lo que se llama una dictadura", ha apuntado Rodríguez, que ha advertido de que "en Lanzarote no sé cómo se le llama a eso de entrar en una empresa privada, cortar el candado, entrar y expropiar".
El edil del PSOE ha criticado, además, que el Consorcio insular del Agua en Lanzarote concediera en su día el ciclo integral del agua a Canal Gestión Lanzarote. Por ello, ha denunciado que "mientras en Fuerteventura hay distintas desaladoras, en Lanzarote le damos el monopolio a una única empresa, a una sola. No sé cómo se llamará esto, seguramente democracia porque estamos en España, pero en Venezuela es dictadura", ha apostillado.
Posibles delitos en la incautación
El Juzgado de Instrucción número 2 de Arrecife considera que el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés (CC), pudo cometer delitos contra la Administración Pública y de coacciones al ordenar la incautación de la desaladora de la urbanización de Montaña Roja, en 2014.
En un auto notificado, el juez Jerónimo Alonso da por terminadas las diligencias practicadas tras la denuncia que formuló la sociedad propietaria de esa desaladora, Club Lanzarote, y emplaza a las partes a presentar sus escritos de acusación y de defensa y a solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento del caso.
El instructor observa indicios de delito en la actuación de Pedro San Ginés -de quien llega a decir que "llevó a efecto su personal voluntad, apartándose de la ley"-; el secretario del Cabildo, Francisco Perdomo; el entonces gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, y el abogado Ignacio Calatayud.
El Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, organismo dependiente del Cabildo, decidió incautarse cautelarmente de esa planta privada de potabilización y de sus instalaciones auxiliares por considerar que operaban en una situación "de absoluta irregularidad", al desalar agua sin autorización y venderla a terceros sin permiso.
Aunque esa medida cautelar fue inicialmente avalada por un Juzgado de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias acabó anulándola meses más tarde. Sin embargo, este mismo año, el Gobierno canario ha ordenado "la inmediata clausura" de esa misma desaladora, por incumplir la legislación.
El juez encargado del procedimiento penal abierto tras la querella de Club Lanzarote considera que Pedro San Ginés pudo haber delinquido al recuperar las facultades sancionadoras que había delegado en el vicepresidente del Consejo Insular de Aguas y dictar una medida que, a su juicio, "no estaba prevista en la legislación sectorial aplicable y era desproporcionada". De hecho, más adelante, el auto tilda la resolución de San Ginés de "prevaricadora"
"Puede considerarse indiciariamente acreditado que el investigado Pedro San Ginés Gutiérrez, en su condición de Presidente del Consejo Insular de Aguas, llevó a efecto su personal voluntad, apartándose de la ley con la intención de privar a la entidad Club Lanzarote SA de la gestión de las instalaciones hidráulicas de la Urbanización Montaña Roja de Playa Blanca", apunta el instructor.
El juez entiende que San Ginés adoptó esa medida cautelar sobre la desaladora "sin que concurriera una situación de urgencia que lo justificara y sin conceder un trámite previo de audiencia a la citada entidad (Club Lanzarote), vulnerando su derecho de defensa".
El instructor del caso sostiene que, "para tratar de dar cobertura legal a su actuación", el presidente del Cabildo "se valió de un informe realizado ad hoc" por el gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemin, al que acusa de haber colaborado así de forma "consciente" en un "ilícito penal".
En cuando al papel de los otros dos investigados, el juez cree que el abogado Ignacio Calatayud colaboró con sus informes a dar cobertura a "una decisión prevaricadora" y que el secretario del Cabildo, Francisco Perdomo, la ratificó siendo "consciente" de que se trataba de darle una "apariencia de legalidad".
Por otra parte, el auto sobresee los cargos de coacciones que se habían formulado en este mismo procedimiento contra el gerente del Consorcio de Agua de Lanzarote en el momento en el que se fue incautada la desaladora, Domingo Pérez Callero.
