Mónica Quintana, a su salida de Salto del Negro.
ACN
La funcionaria del Cabildo de Gran Canaria Mónica Quintana, detenida hace más de un mes por su supuesta implicación en el ‘caso Eolo', ha sido puesta en libertad a las 15:20 horas de este martes. La imputada agradeció a su familia y amistades el apoyo prestado en estas últimas semanas ante los medios de comunicación presentes.
Tanto Quintana como su pareja, el ex director general de Industria del Gobierno de Canarias, Celso Perdomo, ingresaron en prisión a raíz de la llamada 'Operación Eolo' sobre supuestas irregularidades en el concurso eólico.
Quintana, que ha depositado una fianza de 50.000 euros para su libertad, se encontraba en la prisión del Salto del Negro desde el pasado 14 de febrero como imputada en la trama por los delitos de cohecho y facilitar información privilegiada.
La funcionaria y Celso Perdomo eran los únicos encarcelados por esta operación, investigada por el juez de Instrucción Número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, Miguel Ángel Parramón, en la que fueron detenidas otras cinco personas, que permanecen en libertad con cargos.
Doce imputados y un juez "salpicado"
El caso de la trama eólica, por las presuntas irregularidades advertidas en la convocatoria de un concurso eólico en Canarias, saltó a la luz pública el pasado 8 de febrero tras la detención de siete personas presuntamente implicadas.
Investigado a raíz de una denuncia de un empresario, el juez ordenó el 14 de febrero el ingreso en prisión del ex director general de Industria del Gobierno canario Celso Perdomo (PP), y su novia, la funcionaria del Cabildo de Gran Canaria Mónica Quintana.
A Perdomo se le imputan delitos de cohecho, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y facilitar información privilegiada, mientras que a Mónica Quintana se le atribuyen delitos de cohecho y malversación de fondos públicos.
En la causa, que instruye el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria, Miguel Ángel Parramón, figuran además como imputados otras doce personas.
La investigación de este caso originó, asimismo, la apertura de diligencias previas contra el presidente de la Audiencia de Las Palmas, José Antonio Martín, quien fue apartado de su cargo de manera cautelar por presuntos favores judiciales a un narcotraficante.
Estas presuntas ilegalidades fueron conocidas a partir de las escuchas telefónicas que se siguieron en la investigación de la trama eólica, en la que se vio implicado el magistrado, a quien el Consejo General del Poder Judicial le ha abierto un expediente disciplinario por tres posibles faltas graves.
En la trama eólica figuran también como imputados el jefe de área de la Dirección General de Industria del Gobierno canario, Honorato López y el director comercial del Unelco, José Antonio Lucendo.
También han sido implicados el ejecutivo de La Caja de Canarias Jesús González; el abogado y miembro de la Agrupación Tinerfeña de Independientes, Vicente Álvarez Gil, e importantes empresarios de las Islas y de la Península.
