El consejero delegado de la empresa Insular de Aguas de Lanzarote S.A (INALSA), Mario Pérez, sorprendió este martes en Lanzarote Radio con su entusiasta valoración de la decisión judicial que rechaza la inhibición de la empresa pública en la ejecución del laudo. Pérez le da la vuelta a esta información resolviendo como “magnífica” la noticia de que la resolución de este conflicto entre la Unión Temporal de Empresas (UTE) Edam Janubio termine en la Sala de Conflictos del Tribunal Superior de Justicia.
Este es el paso que sigue al problema entre la empresa privada y la pública, después de que los tribunales hayan ordenado que se mantenga la jurisdicción del juzgado que ordenó la ejecución del laudo de la planta de Yaiza.
Será por tanto la sala de conflictos del Tribunal Supremo integrada por tres magistrados - uno de los cuales es el presidente de dicho organismo - y tres miembros del Consejo de Estado, los que diriman la controversia entre el Consorcio Insular de Aguas de Lanzarote y la UTE Edam Janubio, compuesta, en su mayor parte, por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).
Con esta noticia, que en principio no hace más que añadir más tiempo de espera a la resolución del conflicto, Pérez espera que se le dé la razón “a lo público”. “Hay muchas personas que parecían ser más los representantes de Fomento de Construcciones y Contratas que defensores de lo público”, afirmó.
Y es que el también vicepresidente primero de la Primera Institución de la Isla insiste en el argumento que defendió desde el comienzo del conflicto. Para el Cabildo lo que vale es que “aquel contrato entre Plácida Guerra, que siendo presidente del Cabildo Enrique Pérez Parrilla, el Consejo Consultivo de Canarias lo había declarado nulo por no cumplir las normas ni de la Comunidad Europea ni de el Estado español ni de la Comunidad de Canarias”, explicó, por lo que “el laudo era nulo de pleno derecho, y por lo tanto no se debería haber ejecutado”, concluyó.
Una “falsa polémica”
En la misma entrevista, Mario Pérez respondió también a las críticas de los socialistas lanzaroteños por la campaña institucional del Cabildo, que ha sido tachada como electoralista.
Para el vicepresidente cabildicio este tipo de declaraciones no son más que una forma de “despistar” sobre lo verdaderamente importante que es el resultado de la auditoría realizada a la gestión de los Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) entre los años 1997 y 2004, periodo en el que el Cabildo lo gobernaba el PSC.
Pérez interpreta este tipo de ataques como una forma de crear “una cortina de humo frente al borrador” presentado la pasada semana por la empresa auditora KPMG, “no es más que una huida hacia delante”, afirmó.
En cuanto a la campaña, recordó que ya “se ha explicado para qué y por qué se hacen las campañas institucionales”, explicando que es una medida habitual “para que se conozca la gestión que se ha realizado en el Cabildo de Lanzarote y lógicamente quien la explica es la presidenta d, que es quien la lidera y la promociona públicamente”.
Porque ya se han defendido de las acusaciones socialistas, y porque coinciden con el momento de la publicación del borrador del informe de esta auditoría, Pérez insiste en que “están buscando esconder” esta información, que apunta hacia una situación de los centros “realmente dramática”. Por eso, espera que “en lo próximos días contemos con el informe definitivo” que “sea esclarecedor de como se gobierna y cuales son las diferentes formas de gobernar”, declaró.
Así, asegura que “mientras unos realizan esos procedimientos”, por la ausencia de documentos contables en esta época que se ha denunciado por parte de los auditores, “por otro lado se realiza una gestión seria, rigurosa y acertada con los intereses generales de la Isla de Lanzarote”, por la gestión que se inició con la entrada al poder Coalición Canaria.
Según Mario Pérez, desde que se creo el Entre Público Empresarial Local (EPEL) que se hace cargo actualmente de los CACT comenzó “una etapa en la que no sólo no se producen pérdidas”, aseguró “sino que se generan beneficios que se han repartido entre los ayuntamientos de la Isla que tienen los propios CACT y también las organizaciones sociales”.
Esta realidad es, según el nacionalista, la primera vez que se da en la historia de los CACT, “por vez primera ha salido tanto dinero para los Ayuntamientos y las organizaciones sociales”, recordó.
Revisión del PIOT
Otra de las medidas destacadas de las presentadas por el Cabildo en la última semana es la revisión del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT), una medida que Mario Pérez, como consejero de Política Territorial y Medio Ambiente de la Primera Institución insular, opina que había “que hacerlo porque desde el año 1991 no se revisaba y hay muchas cosas que le han pasado a nuestro PIOT”.
Así, explicó que hay que adaptar el plan a la Ley de Ordenación del Territorio y a la Ley de Ordenación de los Recursos Naturales de Canarias, porque “la realidad de Lanzarote de 2007, del siglo XXI, no es la realidad de Lanzarote del siglo XX, de 1991”, añadió.
