La senadora lanzaroteña, Mª Dolores Luzardo, que forma parte de la Comisión Nacional de Igualdad recién constituida en el seno del Partido Popular, ha calificado de “fracaso” la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género aprobada en el año 2004.
Los miembros de la Comisión analizaron, en su última reunión, los datos oficiales y lamentaron que la cifra de 74 mujeres asesinadas en el año 2008 es la peor desde que existen estadísticas sobre la violencia de género. “La Ley contra la violencia de género no está siendo un instrumento eficaz para erradicar este tipo de violencia de forma definitiva, tal y como llegó a decir Zapatero cuando se aprobó”, afirma la senadora lanzaroteña, y por ello, desde el Partido Popular “reivindicamos una reforma de esta ley para mejorar aspectos tan importantes como la seguridad de las víctimas, la asistencia jurídica obligatoria, la educación o la prevención”.
Según los datos del Partido Popular, el 90% de las víctimas mortales no había denunciado a su agresor y el 85% no tenía orden de protección, “hechos que demuestran que las mujeres siguen con miedo a denunciar a su agresor”.
Un problema de Estado
Las propias asociaciones de mujeres califican 2008 como un año “pésimo” y han pedido que el Gobierno, los jueces, y la sociedad en general, consideren la violencia de género como un problema de Estado y dediquen “cuantos medios sean necesarios para erradicar esta lacra”.
En nuestro país, en el año 2008 se alcanzaron las 400.000 mujeres víctimas de violencia de género, sin embargo, las denuncias se ralentizan cada año. A esto hay que sumar que sólo hay 600 agentes especializados en la protección de víctimas de violencia de género, lo que equivale a 1 agente por cada 700 mujeres maltratadas.
Con el objetivo de reivindicar más medios y más recursos, el Grupo Parlamentario Popular presentó una proposición no de ley en pleno para aumentar el número de agentes policiales, así como los juzgados especializados. Asimismo, el Partido Popular ha reclamado que el Ministerio de Igualdad ponga en marcha el tan anunciado plan específico de atención a mujeres inmigrantes, ya que el 40% de las víctimas mortales durante el pasado año eran extranjeras.