La senadora lanzaroteña del Partido Popular (PP), Loly Luzardo, ha llevado a la Cámara Alta la problemática que afecta a los vecinos del pueblo de El Golfo debido al nuevo deslinde realizado por la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, en julio de 2006.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una moción con la que se pretende que el Senado se pronuncie e inste al Gobierno para que anule el deslinde de los bienes de dominio público marítimo terrestre del tramo de costa comprendido entre la parte norte del Charco de los Clícos y el final del núcleo de El Golfo. Esta delimitación afecta prácticamente al 100% de las viviendas existentes en El Golfo y establece una servidumbre de protección de 100 metros de anchura de zona.
En la moción, que se presenta en respuesta a la solicitud de ayuda y cooperación formulada por los responsables municipales a la senadora del Partido Popular, según una nota remitida por el Gabinete de prensa de los populares, se recogen las actuaciones que las distintas administraciones han realizado desde que se publicitara la Orden Ministerial, y que se dirigen a acreditar que el pueblo de El Golfo existe desde antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, si bien sus características se han ido modificando a lo largo del tiempo.
La iniciativa hace alusión a lo que en este sentido establece el Plan General de Yaiza, el Plan Insular de Ordenación del Territorio, la COTMAC, así como diferentes informes de la Oficina Técnica Municipal, Unelco-Endesa o Inalsa, entre otros. También se recoge de forma expresa que, en la actualidad, se encuentra en tramitación un recurso contencioso administrativo, presentado por los vecinos y el Ayuntamiento, instando a la anulación del nuevo deslinde.
Para Luzardo, resulta comprensible el malestar y la preocupación de los vecinos afectados “ya que todavía no saben qué es lo que va a ocurrir con sus casas o propiedades”. A pesar de las promesas de resolución favorable que han realizado algunos cargos públicos socialistas, lo cierto es que no hay ningún compromiso real de Costas, ni hechos concretos, que indiquen que se da marcha atrás en el polémico deslinde.
Al contrario, la reciente resolución de la Audiencia Nacional desestimando el recursos interpuesto por un particular y ratificando la Orden Ministerial, acrecienta la incertidumbre sobre el futuro de los inmuebles afectados.
