Los tribunales de justicia han dado finalmente la razón a la empresa Insular de Aguas de Lanzarote (INALSA) en el particular pleito que mantiene con la Unión Temporal de Empresas (UTE) Edam Janubio-SPA, perteneciente al grupo de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). De lo que se iba a hablar en la rueda de prensa de este martes que finalmente se ha trasladado para el miércoles a las 10 de la mañana no es de otra cosa que de la decisión del Juzgado Número 13 de Las Palmas de suspender el procedimiento de ejecución del laudo dictado por la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Las Palmas, de fecha 9 de junio de 2006, que condenaba a la empresa pública a pagar casi 10 millones de euros a la UTE Edam Janubio por no haber ejecutado el proyecto de construcción de una planta desaladora en el municipio de Yaiza. Por otro lado, la Audiencia Provincial de Las Palmas, que conoce el recurso presentado por la Máxima Institución para evitar hacer frente al laudo condenatorio, ha admitido como nuevo documento el dictamen emitido por el Consejo Consultivo de Canarias en que se declara nulo de pleno derecho el contrato suscrito entre Inalsa y la UTE-Edam Janubio por considerar “trascendental”.
Como se recordará, fue el Cabildo el que convocó una sesión extraordinaria para tratar la interposición de conflicto jurisdiccional de competencias ante el Juzgado Número 13 de Las Palmas de Gran Canaria en relación con el proceso de ejecución 1.075/06, instado por la UTE Edam Janubio. Por tanto, la decisión tomada recientemente por el tribunal supone un paso previo fundamental para la resolución de este espinoso asunto.
El consejero delegado de Inalsa en el Cabildo de Lanzarote, Mario Pérez,ha manifestado su satisfacción por la noticia y ha asegurado que, en cualquier caso, tanto la empresa pública como el Cabildo de Lanzarote "seguirán luchando por la titularida pública del agua en la Isla". Asimismo, Pérez, acompañado por la presidente de la Institución,Inés Rojas,ofrecerá este miércoles una rueda de prensa, que se ha convocado en el salón de plenos a partir de las 10.00 horas para dar más detalles sobre la decisión del tribunal.
Tanto Inalsa como FCC tienen detrás un largo proceso judicial. También se presentó un recurso ante la Audiencia Provincial de Las Palmas contra el laudo dictado por la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Las Palmas, de fecha 9 de junio de 2006, que condenaba a la empresa pública a pagar casi 10 millones de euros a la UTE Edam Janubio por no haber ejecutado el proyecto de construcción de una planta desaladora en el municipio de Yaiza.
Los motivos esgrimidos por Inalsa para la impugnación del laudo fueron que la UTE Edam Janubio incumplió el convenio arbitral, evitando llegar a un mutuo acuerdo, y nombrando como árbitro a su propio abogado y que la demanda de la UTE Edam Janubio no fue notificada a Inalsa, lo cual generó indefensión a la empresa pública.
La empresa pública de agua también fundamentó su demanda en la falta de capacidad del árbitro, puesto que fue condenado por estafa, apropiación indebida y deslealtad profesional, alegando igualmente que existe un procedimiento contencioso-administrativo del cual se desprendía el incumplimiento del contrato por la UTE Edam Janubio, en el que no existe sentencia, aunque se entendía que sería favorable a Inalsa. Finalmente consideraron que la empresa de aguas se vio indefensa porque la UTE Edam Janubio cambió en el último momento su demanda, y todo ello sin perjuicio de que tanto el laudo como el contrato incumplen el Derecho Comunitario.
