El Partido Popular (PP) en Puerto del Rosario, el PSOE y el Grupo Mixto han solicitado este miércoles un pleno extraordinario después de conocer que los tribunales han comunicado al alcalde de Puerto del Rosario, Marcial Morales (CC), que en un plazo máximo de 60 días debe proceder a presentar el proyecto de derribo de parte del Centro Comercial 'Las Rotondas' para dar cumplimiento a la sentencia del año 2007 que declaró nula la licencia municipal, el estudio de detalle y el proyecto de urbanización.
"La primera de las dos sentencias dictaminada por el TSJC anula la concesión de la licencia municipal por parte del Ayuntamiento de Puerto del Rosario del proyecto básico de construcción de un centro comercial", explica este miércoles en nota de prensa Carlos Figueroa, portavoz del PP en Puerto del Rosario.
Contra esta resolución, el consistorio presidido por el actual Alcalde presenta un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo que es desestimado condenando al Ayuntamiento y a todos los vecinos a pagar las costas del pleito judicial.
"La segunda de las sentencias del TSJC declara ilegal el artículo 115.5 del Plan General en vigor que data de 1989. Dicho artículo permite un aumento de la edificabilidad en el estudio de detalle pero contraviene el Texto Refundido de Las Leyes del Territorio de Canarias. En este sentido, el Ayuntamiento aprobó en su día aumentar el volumen de construcción y ahora la sentencia lo que viene a decir es que se excede la edificabilidad permitida".
Figueroa entiende que "desde hace 7 años el Alcalde ha estado evadiendo su responsabilidad. El concedió la licencia, el ha sido Alcalde cuando se recibió la sentencia hace 7 años y, en ningún momento ha informado al pleno de estos procedimientos judiciales en los que está en curso el municipio de Puerto del Rosario".
El 27 de mayo el TSJC emite un nuevo auto donde desestima la petición del Alcalde que alega que la sentencia no se puede ejecutar. "El TSJC no sólo pide que se ejecute sino que además rechaza la propuesta de convenio que se recoge en el Plan General de Ordenación que actualmente está en revisión porque este convenio no puede regularizar una situación que cuenta con una sentencia firme".
Por este motivo, el auto fija un plazo de 60 días para que el Alcalde presente un proyecto de demolición advirtiéndole de una sanción de 1.500 euros y responsabilidad penal si no la acata.
"El PP y el grupo mixto hemos solicitado este pleno para recabar más información sobre el procedimiento judicial que se ha seguido a espaldas de los vecinos y de los concejales que componemos el pleno de la corporación".
"Reprobamos la actitud del Alcalde oscura y sin transparencia. Queremos saber cuánto nos va a costar la nefasta gestión urbanística CC en Puerto del Rosario y también qué va a hacer el Alcalde con este nuevo auto".
"Morales no puede seguir escondido detrás de fotografías y propaganda mientras se hipoteca el Ayuntamiento de Puerto del Rosario porque él no pagará las costas. Las pagaremos todos los vecinos", apostilla Figueroa.
Por su parte, en el PSOE majorero explican que han pasado seis años desde que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria anulase la licencia municipal otorgada el 1 de abril de 2002 para la construcción de la infraestructura comercial, desde entonces, reina en el seno de CC un oscurantismo y una opacidad en relación al procedimiento judicial, típico de alguien "que tiene cosas que tapar".
Una licencia que otorgaba la posibilidad de construir 47.000 metros cuadrados pero que la Justicia entiende que el PGOU sólo le permite la construcción de 14.000 metros cuadrados.
Por ello, y tras conocer los primeros pronunciamientos judiciales, el PSOE presentó en el año 2008 una moción en la que se solicitaba la creación de una Comisión de Investigación sobre el expediente municipal de Las Rotondas. Moción que no fraguó, entendiendo los socialistas, porque no "interesaba " a Marcial Morales ni al conjunto de sus filas nacionalistas que con su mayoría absoluta votaron en contra.
Una vez más, alegan los socialistas, "la falta de transparencia de Marcial Morales en cuanto al tema se refiere, ha llevado en esta ocasión a todos los concejales de la oposición presentes en el consistorio portuense a esclarecer por un lado los expedientes y sentencias judiciales relacionados con el tema y por otro, el gasto económico que ello le ha conllevado a la administración municipal".
