viernes. 29.03.2024
Juan Carlos Becerra y Pedro Hernández lamentan que Carlos Espino haya negociado compensaciones sólo con ciertos promotores hoteleros

Los promotores de Yaiza afectados por las sentencias del PIOT manifiestan al Ayuntamiento su voluntad para iniciar los expedientes de legalización

El portavoz del PNL-NC acusa a Manuela Armas de falta de transparencia por negociar con los empresarios mucho antes del visto bueno del Consejo de la Reserva de la Biosfera. Habla de compensaciones ridículas para la ciudadanía y grandes privilegios para los empresarios que se saltaron la legalidad vigente, y critica que el Cabildo no se ocupe de la construcción de mil camas residenciales al norte de Arrecife, sin licencia y bajo el amparo del silencio administrativo

La alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, confirmó este jueves que diversos empresarios afectados con las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), como consecuencia de los recursos interpuestos por la Primera Corporación insular contra diversas licencias turísticas concedidas por ayuntamientos de la Isla, se han acercado al Ayuntamiento para manifestar su voluntad expresa para iniciar los expedientes de legalización.

Según reconocen los propios empresarios, saben que no es un trámite fácil y esperan seguir con las conversaciones con el Cabildo para saber qué trámites pueden ser subsanables dentro de los expedientes.

A pesar de las dos reuniones que la presidenta asegura haber mantenido con los empresarios “para conversar”, ni el Ayuntamiento de Teguise ni el de Yaiza han iniciado expediente alguno de legalización con ninguno de los hoteles construidos fuera de la legalidad.

Según los servicios jurídicos del Cabildo, las sentencias no dejan otra opción a los promotores que la de acogerse al artículo 177 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias. Así, su única alternativa está en llegar a algún tipo de acuerdo con los ayuntamientos y el Cabildo para intentar subsanar las irregularidades en que incurrieron en su día, para así poder obtener una nueva licencia que, esta vez, sí respete las normas de rango superior a las municipales recogidas en el PIOT, para lo que es preceptivo que el Cabildo emita el pertinente informe de adaptación positivo del proyecto al Plan Insular de Ordenación.

Por su parte, los ayuntamientos que en su día concedieron las licencias deben hacer ejecutar dichas sentencias (competencia que no corresponde al Cabildo) y reestablecer la realidad alterada.

Negociaciones y falta de transparencia

Tanto el portavoz del Partido Nacionalista de Lanzarote-Nueva Canarias (PNL-NC) en el Cabildo, Juan Carlos Becerra, como el líder de Isla Alternativa y representante de El Guincho, Pedro Hernández, lamentaron este jueves que el consejero y portavoz del Partido Socialista (PSC), Carlos Espino, haya negociado en nombre de la presidenta compensaciones “sólo con ciertos promotores hoteleros” de entre todos los afectados por las distintas sentencias emitidas por el TSJC.

Inactividad institucional desde 1991

Hernández afirma que los pleitos que el Cabildo ha venido manteniendo desde el año 2000 "son virtuales" y que desde la Primera Corporación no se ha tenido "nunca la intención de derribar ningún establecimiento construido ilegalmente".

"Quienes han estado gobernando desde 1991 no se han preocupado ni de desarrollar los instrumentos esenciales del PIOT ni del resto de herramientas para ordenar, como por ejemplo la actividad extractiva, actividades de residuos, las actividades agrarias y ganaderas, ni la redistribución de la base productiva, para que la Isla no dependa de un solo sector", denunció.

Turbias negociaciones

Becerra criticó a la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, y al equipo de gobierno que preside (PSC y PIL) por presumir de lo que, a su juicio, precisamente carecen. “Cuando hablan de total transparencia y claridad a la hora de informar a los miembros del Consejo de la Reserva de la Biosfera sobre todos los pleitos en los que el Cabildo estaba inmerso y sobre la situación de ordenación turística en Lanzarote, se les olvidó reconocer que ya han negociado con determinados empresarios mucho antes de haber recibido el visto bueno del Consejo de la Reserva de la Biosfera”, dijo.

“¿Por qué no se convocó al Consejo hace un año y se reconoció que ya se habían negociado al menos unos dos o tres casos?”, cuestionó. “Tengo la sensación de que aquí se ha montado toda esta historia para llegar al final a una negociación que hasta ahora ha sido oscura y turbia”, dijo.

Según el portavoz del PNL-NC en el Cabildo, durante la sesión del Consejo celebrada este miércoles, nunca se dijo que las negociaciones con los empresarios se iban a iniciar a partir de ahora. “Éstas, que han sido bastante turbias, se han iniciado hace mucho tiempo, y en ellas se han alcanzado determinados acuerdos con ciertos empresarios, pero no con todos, con lo cual no entendemos qué tipo de criterios se siguen para atender las peticiones de unos promotores y discriminar a otros”, aseveró.

Discriminación y compensaciones ridículas

El que fuera consejero de Turismo del Gobierno canario reprochó al grupo de gobierno que tampoco hubiera llegado al final con ciertos pleitos, como el del Plan Parcial de Puerto Calero, mientras que sí ha continuado con otros.

Como ejemplo, Becerra recordó el caso de la promotora Yudaya en Playa Blanca.

“Se negoció con esta empresa en el sur de Lanzarote, que tenía en sus manos la posibilidad, recurrida por el Cabildo, de construir mil camas en dos apartamentos turísticos. Al final se habló con ellos y se llegó a un acuerdo, pero que es ridículo para los intereses del Cabildo, puesto que estos empresarios pueden construir 16 habitaciones menos de las mil que tenían previstas, sólo 16”, denunció. A su juicio, las negociaciones deberían servir para lograr unas mínimas compensaciones, pero no para, “prácticamente, compensar a la ciudadanía con cosas de risa”.

Para Becerra, es “muy injusto” que a unos empresarios que han actuado al margen de la legalidad se les garantice ahora que a partir de 2001 van a estar en la línea de salida para construir su hotel, y también es muy injusto que a unos sí se les garantice y a otros no”.

Oferta de camas residenciales

Tal y como se puso de manifiesto en la sesión del Consejo de Reserva de la Biosfera de este miércoles, Becerra recordó que ninguno de los planes parciales de Lanzarote está adaptado a la revisión del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIIOT) del año 2000, con lo que, hoy en día, “es imposible conceder ninguna licencia que sea considerada legal, ni para camas turísticas ni para residenciales”.

En este sentido, Becerra censuró también al equipo de gobierno cuando éste afirma que el Cabildo ha entrado en las ilegalidades turísticas, pero no residenciales. “Dicen que es mucho trabajo y remiten a la Agencia de Protección del Medio Ambiente las situaciones que consideren ilegales en la oferta residencial”. Sin embargo, “se sabe perfectamente que al norte de Arrecife se están construyendo más de mil camas, sin licencia y bajo el amparo del silencio administrativo, cuando precisamente el asesor jurídico del Cabildo le dijo ayer al Consejo de la Reserva de la Biosfera que como el Plan General de Arrecife no está adaptado al PIOT no se puede conceder ninguna licencia ni tampoco puede actuar el silencio administrativo sobre situaciones como ésta”.

Por todo ello, Becerra cuestiona si el Cabildo ha actuado, bien directamente, o bien a través de la Agencia de Protección del Medio Ambiente en este caso. A su juicio, todas estas situaciones no hacen sino provocar “inseguridad jurídica y agravios comparativos”, ya que “lo que se quiere no es velar por la legalidad vigente, sino pellizcar algo aprovechando que la legalidad pasa cerca de unos pocos", concluyó.

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