El juez del Juzgado de Instrucción Número 4 ha determinado la reapertura de las actuaciones, y diligencias previas tras el informe del Tribunal de Cuentas para examinar el contrato relativo a la remodelación de la planta Lanzarote II por un importe de 97.245 euros. Se trata, según aclaran este viernes en nota de prensa desde el Cabildo insular, de un contrato antiguo que no afecta a la actual Presidencia.
Se pretende constatar si desde la mercantil Inalsa se desviaron importes monetarios sin justificar, y en concreto examinar el contrato relativo a la remodelación de la planta Lanzarote II.
Con respecto a los tres contratos del Consejo Insular de Aguas, explican desde la Corporación insular, el primer contrato en el que el Tribunal ve irregularidades, el de mayor cuantía, en diciembre de 2007 bajo la Presidencia de Manuela de Armas (PSOE), es la obra ejecutada por el Consejo Insular de Aguas relativa a la ampliación del Centro de Producción Sur de agua desalada, con un coste final de 1,8 millones de euros.
En lo que se refiere a los otros dos, ya bajo la Presidencia de Pedro San Ginés, son:
1º.- El primero, es el contrato del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote para la sustitución de la tubería Uga-Las Breñas, con coste final de 1,5 millones de euros, en junio de 2010, que fue ejecutada a través de GESPLAN. Tenía las competencias delegadas Fabián Martín, grupo PIL.
2º.-El segundo que es un expediente de contratación del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote para la sustitución de tubería de la red de Inalsa, con un coste de 1,2 millones de euros en agosto de 2012.
San Ginés apunta en este sentido que “por lo que respecta al motivo por el que supongo me llaman a declarar, desde el Consejo Insular de Aguas se explica que la declaración de emergencia fue una decisión colegiada y adoptada por unanimidad de los miembros tanto de la Junta de Gobierno como de la Junta General del Consejo Insular de Aguas que facultaron a la Presidencia a realizar por la vía de emergencia cuantas obras fueran necesarias para minimizar las pérdidas”.
El procedimiento, destacan desde el Cabildo, "está avalado por un informe favorable de legalidad del secretario del Consejo Insular de Aguas y la resolución de emergencia está amparada en todo lo anterior y adoptada a propuesta expresa de los gerentes, tanto del Consorcio de Aguas de Lanzarote como del Consejo Insular de Aguas".
Además, estas obras que pudieron haber sido adjudicadas a una sola empresa por elección directa se hicieron, sin embargo, por lotes a cuatro empresas locales, tratando así de acelerar su ejecución, y adelantándonos a lo que posteriormente han dictaminado las directivas de la Unión Europea que pretende incentivar a la pequeña y mediana empresa de proximidad.
El presidente afirma que se encuentra "absolutamente tranquilo y deseoso de aclarar cuanto antes cualquier duda".
