El concejal de Vecinos Unidos integrado en Somos Lanzarote en el Ayuntamiento de Arrecife, Andrés Medina, ha denunciado este miércoles a través de un comunicado de prensa que el Juzgado de Primera Instancia Número 4 de Arrecife, a instancias de la empresa Juan Antonio Rivera S.L. (IVECO), ha ordenado el desahucio del matrimonio de ancianos conformado por Sinforiano Marcial Lemes Rodríguez, de 91 años, y Pilar Callero Cabrera, de 88 años.
La nueva práctica de Lanzamiento, explica Medina, está prevista para este jueves, 10 de marzo, a las 10 horas, volviendo con ello "el dolor y la incertidumbre para la pareja de nonagenarios, que ven una vez más cómo la desidia empresarial amenaza con acortar sus últimos años de vida".
En su escrito, Andrés Medina denuncia que ésta "no es la primera vez ni la segunda que la empresa concesionaria de IVECO trata de desalojar por la vía judicial a los “ abuelos de Argana” basándose siempre en un supuesto convenio firmado con la Iglesia Católica", del que, explica el concejal de Vecinos Unidos, "se desentendió judicialmente el propio Vicario General de la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera". Sin embargo, relata Medina, "todos los intentos, hasta ahora, han caído en saco roto".
El último intento de desahucio por precario, recuerda Medina, tuvo lugar en 2015, y en aquella ocasión el juzgado de Primera Instancia nº 3 de Arrecife le dio la razón al matrimonio de ancianos, rechazando la “ excepción procesal” alegada por la empresa la empresa Iveco y la Diócesis de Canarias. "Más aún, el magistrado Francisco Javier Ramírez de Verger Vargas acordó “ no haber lugar a la apreciación de cosa juzgada en el presente procedimiento respecto del Juicio de Desahucio por Precario 570/2011 seguido en el Juzgado de 1ª Instancia nº 4 de Arrecife", apunta Medina.
Paralelamente, el pasado 14 de octubre de 2015 se celebraba una vista en el Juzgado (481/2014)nº 3 de Arrecife, en la que estaban citados como demandados el representante legal de JUAN ANTONIO RIVERA S.L.(IVECO) y del Vicario General de la Diócesis de Canarias, actuando de testigo el párroco Antonio Perera Pérez (el intermediario en la “ venta de las viviendas de Argana con sus inquilinos dentro). Sin embargo este último no acudió a la cita, comprometiéndose a intervenir “ por videoconferencia”.
"Lo curioso del tema es que nunca se pudo conectar con el juzgado en el que estaba citado, por lo que se acordó que las preguntas y respuestas se hicieran por escrito", critica el concejal Medina. "Y ahora nos hemos enterado de que le mandaron la citación judicial al juzgado de Arucas, en vez de Teror, "donde vive y es párroco oficial". "¡Que raro!", critica el edil de Vecinos Unidos.
A su juicio, "más curioso es incluso que el pasado 19 de octubre, 4 días después de la vista judicial a la que no acudió el párroco Antonio Perera Pérez, la procuradora de JUAN ANTONIO RIVERA S.L.(IVECO) inició los trámites para este nuevo lanzamiento del matrimonio de ancianos". Según Medina, "aprovechando la desaparición” del párroco de Teror (clave en la clarificación de la situación de las 6 viviendas de Argana), vuelven a intentar dejar a los dos ancianos en la calle, fuera de la vivienda en la que habitan desde hace más de 50 años".
