La futura ley de libertad vigilada, que se aplicará a aquellos individuos acusados de delitos contra la libertad sexual, no será eficaz si no viene acompañada de “medios adecuados” y de “dotación presupuestaria”.
Así lo han advertido este martes las vocales para la Comunidad Autónoma canaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que han participado en la presentación de las ‘XVIII Jornadas de Magistrados de Vigilancia Penitenciaria'.
Inmaculada Montalbán y Concepción Espeje hicieron este análisis precisamente cuando el proyecto de ley se encuentra en trámite parlamentario con el objetivo de paliar el "alto grado de reincidencia” que demuestran los condenados por delitos sexuales.
Montalbán explicó que la ley pretende que "una vez cumplida la pena, haya una unidad de seguimiento de quien fue condenado”. Esta experiencia ya ha funcionado “con éxito” en el caso de los delitos relacionados con menores, recordó.
Sin embargo, el proyecto de ley de libertad vigilada levanta "algunas dudas" entre los vocales del CGPJ. Según Concepción Espeje, “aunque la libertad vigilada está denominad como pena, conceptualmente es partícipe de las características de una medida de seguridad”, algo que, según Espeje, provoca “que esté tratada de forma muy imprecisa”.
En los que están de acuerdo todos los jueces es en la importancia de introducir los medios adecuados “para poder hacer un trabajo eficaz”; por ejemplo, “para que se establezca el personal, como funcionarios, que apoye el trabajo de los agentes de vigilancia”, dijo Espeje.
Jornadas sobre vigilancia penitenciaria
Estas consideraciones se producen en el contexto de la inauguración de las ‘XVIII Jornadas de Magistrados de Vigilancia Penitenciaria', que tienen lugar en la capital grancanaria. Su objetivo es avanzar en la formación de los jueces de esta materia, al tiempo que “coordinar el trabajo de fiscales, abogados o funcionarios” con el fin de “unificar criterios de las normas procesales que regulan la actividad de estos juzgados”, según el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro Feliciano.
Según Concepción Espeje, Vocal del CGPJ, las conclusiones que se elaboran en estas jornadas “tienen una gran acogida”, ya que entre otras cosas “aclaran posibles efectos de competencias”. Entre los problemas más destacados que ha detectado el Consejo General, se encuentran las vacantes de los magistrados o el exceso de personal interino con una formación inadecuada.
En concreto, y en relación a la falta de profesionales, Espeje denunció “la falta de letrados especializados”, por ejemplo en materia de violencia de género o de menores. En relación al estado actual de las cárceles, la vocal concluyó destacando que “la situación en las cárceles es de penuria de medios”.
