Los empresarios de mercadillos de la isla de Gran Canaria, representados por la “Asociación de Pequeños Empresarios del Comercio en Mercadillos La Unión” y la “Asociación Canaria de Empresarios de Mercadillo y Venta Ambulante”, desde hace meses estamos preocupados por el futuro de nuestros puestos de trabajo debido a la aplicación de la Directiva Europea Bolkestein:
"Dicha norma obliga a los ayuntamientos a no seguir renovando las licencias de los puestos de los mercadillos de forma automática e indefinida, como lo han venido haciendo hasta ahora. Les obliga a otorgar los puestos nuevamente y por un periodo de tiempo determinado.
Pero si el número de solicitudes fuera superior al número de puestos disponibles en el mercadillo, la Ley obliga a que se realice un concurso público para la adjudicación de los mismos. En este concurso participarían, en igualdad de condiciones, todas las personas físicas o jurídicas que soliciten un puesto, sin respetar nuestra antigüedad a pesar de que muchos llevamos, veinte y treinta años en ella, tenemos experiencia en el trabajo, etc. La realización de dicho concurso público de adjudicación, nos dejaría absolutamente indefensos y a expensas de la suerte que tengamos en un sorteo. Podríamos quedarnos con dos mercadillos, uno, o ninguno.
Como cualquier empresario, los que nos dedicamos a la venta en los mercadillos pagamos todos los impuestos que nos son de aplicación: tasas municipales por ocupación de los puestos que tengamos concedidos según la correspondiente licencia (en muchos casos equiparables en proporción con los precios de alquiler en un gran centro comercial), IRPF, cuota de autónomos de la Seguridad Social, etc. Pero a la vez consideramos que nuestros puestos de trabajo son singulares, puesto que no tenemos un establecimiento fijo. Es por ello que creemos que no se nos debe aplicar una norma comunitaria y general sobre comercio.
Aunque nuestro trabajo siempre ha sido en precario, se nos ha renovado las licencias municipales de forma automática cada año. Cada uno de nosotros tenemos entre cuatro y seis mercadillos fijos a la semana. Esta red de trabajo nos permite hacer frente a los pagos de impuestos, las demás inversiones (un furgón, medios para montar los diferentes puestos, mercancías, etc.) y, sobre todo mantener a nuestras familias (más de 2.000 dependen de esta actividad), hipotecas, etc. Si perdiéramos aunque sea una parte de esta red de mercadillos, ya no podríamos seguir con esta actividad porque nos resultaría imposible hacer frente a los gastos mencionados. Entraríamos en una autentica espiral de exclusión social del colectivo.
Téngase además en cuenta las serias dificultades de acceso al mercado de trabajo que tendríamos la mayoría de nosotros, debido a lo avanzado de nuestras edades, a que nos hemos dedicado durante muchos años a esta actividad en exclusiva. Todo ello unido a la crisis actual nos haría pasar, sin remedio, a engrosar esa larga lista de parados que ya sufrimos en nuestro país. De ahí la imperiosa necesidad de mantener la red de puestos que actualmente tenemos en los distintos mercadillos.
En el mes de mayo una representación del colectivo se reunió con el Director General de Comercio del Gobierno de Canarias, el Ilmo. Sr. D. Arturo Cabrera, quien mostró poco interés por el tema dejándonos entrever que nada podía hacer al respecto, pese al cargo que ostenta y la relación que éste tiene con nuestra actividad.
El día 1 de julio, otra representación se reunió también con el Sr. Gerente de la FECAM, para hacerle entrega de las 14398 firmas recogidas hasta el momento en contra de la aplicación de la Directiva y pidiéndole soluciones que nos den seguridad en nuestro trabajo. Desde el seno de la representación municipal se nos pidió tranquilidad y se nos dio a entender la intención de los ayuntamientos de solucionar este problema. Pero por otro lado, pudimos intuir una clara intención de dejar pasar el tiempo con un “estudiaremos el tema”.
Existe preocupación en todo el colectivo. No entendemos como una ley que se supone se aprueba para mejorar la convivencia y el bienestar de las personas dentro del marco europeo pueda perjudicarnos tan injustamente. Y lo peor: no parece que preocupe lo más mínimo a los responsables de las instituciones, o al menos eso es lo que nos transmiten con su dejación, cuando no, casi indiferencia.
Estas son las legislaciones europea y española que afectan a nuestra actividad.
DIRECTIVA 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, cuya aplicación ha dado lugar a que el Gobierno de España, apruebe y ponga en vigor:
1.- La Ley 1/2010, de 1 de marzo, de reforma de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista
2.- El Real Decreto 199/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria".
