jueves. 28.03.2024

El Gobierno de Canarias se enfrenta a una demanda judicial que podría ser la mayor en la historia de las demandas contra el Ejecutivo autonómico. Como adelanta el diario La Provincia, un despacho de abogados preparara una reclamación patrimonial por valor de 320 millones de euros de los afectados por la reciente anulación del plan parcial Playa Blanca. Y es que el pasado 16 de junio, la junta rectora del Plan Parcial aprobó el inicio de las acciones judiciales contra el Gobierno canario.

En el Plan Parcial anulado existen más de 400 viviendas ya habitadas y otro medio millar en construcción. Sus propietarios se han quedado como consecuencia de la anulación en una situación jurídica de lo más frágil. Prácticamente habitan viviendas que son ilegales. De allí la demanda que se prepara.

El plan parcial Playa Blanca fue anulado hace unas semanas por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). El alto tribunal argumentó que el plan quedaba afectado por la Moratoria del Gobierno de Canarias. Según información publicada en el diario La Provincia “cuando en 2001 entró en vigor la moratoria turística (Ley 6/2001), todas las instituciones afectadas y los promotores del Plan Parcial entendieron que ésta era de aplicación, únicamente, a aquellos instrumentos de planeamiento no desarrollados a causa de la negligencia de sus promotores, algo que no ocurría con este plan parcial debido a que sus propietarios encargaron los correspondientes trabajos de redacción de estatutos, bases de actuación, y proyectos de urbanización y compensación correspondientes. Se entiende, según los servicios jurídicos del despacho Díaz de Aguilar, que la moratoria no puede afectar al Plan Parcial Playa Blanca toda vez que éste fue validado por una sentencia del TS de 1996, un año después, por tanto, de que entrara en vigor la Ley del Turismo de Canarias”.

Crónicas se puso en contacto este jueves con uno de los empresarios ya sumado a la demanda contra el Gobierno, Ignacio González, de la empresa VVO. González explicó que el trámite se encuentra en estos momentos en un despacho de abogados, que ha emitido un informe de valoración de los perjuicios, valorados en 320 millones de euros. Por lo demás, los empresarios se reunirán con las comunidades de propietarios particulares para que se sumen a la demanda. Y es que son 430 las familias, todos ellos también propietarios, que podrían sumarse a la demanda.

Otro argumento de los empresarios recuerda que las acciones emprendidas por el Cabildo insular dan a entender que el Moratoria del Gobierno canario no afectaba al Plan Parcial Playa Blanca. En 2002, el Cabildo aprobó una modificación puntual del PIOT que afectaba a dicho plan, y en 2003, suspendió por dos años la aprobación, modificación y revisión del Plan Parcial.

Los empresarios afectados por la anulación del Plan Parcial Playa Blanca preparan una...
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