La Asamblea del Consorcio del Agua, que en definitiva la integran los dueños de Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa), acordó comenzar el expediente con el propósito de declarar nulo de pleno derecho el contrato suscrito en 2001 entre la empresa pública y una UTE para construir y explotar la planta desaladora de Janubio, en el sur de la Isla. La decisión fue adoptada después de conocer el primer informe emanado por la comisión técnico - jurídica constituida con la misión de evitar que la empresa pública que gestiona el agua pague 10 millones de euros por el supuesto incumplimiento del contrato. La Cámara de Comercio de Las Palmas, quien fue elegida por las partes como árbitro para dirimir cualquier diferencia, dictó el laudo condenatorio a Inalsa.
Según explicó el consejero delegado de Inalsa, Mario Pérez, el informe será remitido a la UTE para que haga las alegaciones que considere oportunas, pero evidentemente pujará por defender el laudo de la Cámara para que Inalsa tenga que pagarle la cuantiosa suma. Uno de los argumentos esgrimidos por la comisión hace referencia a que el contrato en cuestión debió publicarse en el Diario Oficial de la Comunidad Europea (DOCE) y no solamente, como se hizo, en el Boletín Oficial de La Provincia. En todo caso, si las partes no se ponen de acuerdo, será la justicia ordinaria la que otorgue la razón a una de las partes. De momento, Inalsa abre una nueva vía para quitarse de encima semejante losa.
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