Los cabildos de La Gomera, El Hierro y Gran Canaria, así como el PSC-PSOE pidieron este lunes en la comisión parlamentaria de Cabildos la retirada del proyecto de ley de Medidas Urgentes, para alcanzar un mayor consenso, al que también apelaron los cabildos de Tenerife, La Palma y Fuerteventura y que CC dijo “estamos en vías de alcanzar” en el trámite parlamentario. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, dijo que es voluntad del Gobierno “conseguir el mayor consenso posible”, pero previó que “será difícil, si se prejuzga” la ley y si algunos ya han tomado la decisión de su rechazo a una norma que desmintió pretenda romper el marco jurídico. Berriel advirtió de que el consenso “depende de los tiempos” y éste no es momento “para tener pasividad”, lo que “no significa que el Ejecutivo pretenda sustraer ningún tipo de debate” sobre una ley, “que va a tener una buena acogida de la sociedad”, previó.
En esta línea también se pronunció el diputado del PP, Jorge Blanco, quien recordó que el sistema democrático es “de mayorías y no de unanimidades”, por lo que pidió que a no se ponga el consenso como justificación para retrasar el trámite de una ley “que cuanto antes entre vigor será mucho mejor para todos”. Frente a ello, el diputado del PSC, Francisco Hernández Spínola, dijo que “el mejor servicio que le puede hacer el Gobierno a la sociedad canaria es retirar el proyecto porque rompe el marco normativo territorial, contiene medidas lesivas para las administraciones locales y deroga la normativa turística”, sentenció. Recordó la “preocupación, desconfianza y malestar” generada por la norma en los agentes sociales y económicos, mientras que el consejero “está retranqueado en el proyecto de ley”, por lo que estimó “no habrá acuerdo”. No obstante, apuntó a la disposición del PSC “a arrimar el hombro, pero si se da un vuelco y un giro tremendo”.
Así se puso de manifiesto en la Comisión General de Cabildo del Parlamento canario, donde compareció el consejero y los presidentes de todos los cabildos -excepto los de Lanzarote y Gran Canaria, que sí hizo llegar su acuerdo plenario de petición de retirada del proyecto- para analizar el proyecto de ley de Medidas Urgentes en Materia de Ordenación Territorial para la Dinamización Sectorial y la Ordenación del Turismo. En el debate, los cabildos coincidieron en la necesidad de la norma para simplificar la actual “telaraña” de la normativa territorial, pero expresaron sus reparos a las intenciones del Ejecutivo de asumir competencias de las administraciones locales. Frente a ello, pidieron respeto a la autonomía de los cabildos y que los planes insulares sean las herramientas claves sobre las que gire la norma, como indicó el presidente accidental de la Federación Canaria de Islas (FECAI) y titular del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera.
“FUMAR LA PIPA DEL CONSENSO”
Así, reclamó “máximo consenso” sobre la tramitación de la norma, ante la que el presidente del Cabildo herreño, Tomás Padrón, insistió en que “la urgencia no es el mejor aliado para una buena ley”. “Ante el barullo es mejor fumar la pipa del más amplio consenso” entre las administraciones, defendió Padrón, quien advirtió de que el simplificar la normativa “no es excusa” para las “tendencias centralistas” sobre competencias de las administraciones locales. Padrón pidió que se atienda a la realidad singular de cada isla y que los planes insulares sen los elementos “claves” para el planeamiento. “No podemos seguir creciendo a costa de nuestro territorio”, advirtió Padrón, quien pidió un desarrollo sostenible “más sensato a largo plazo” y dijo que la planificación no puede sólo apostar por el cemento armado”.
Además, exigió respuestas a las dificultades del sector primario, una problemática que el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, dijo debería ser tratada “con celeridad” en una norma específica, mientras se “parte de cero y sin urgencias” sobre los aspectos turísticos.
CONTROL DEL CRECIMIENTO TURÍSTICO
Curbelo advirtió de que la sostenibilidad defendida “no se a producir” si se lleva a cabo lo fijado en la norma sobre crecimientos turísticos, en la que hay “una puerta falsa” para la incorporar nuevas camas “y la moratoria se hace añicos”. Sobre este aspecto, el presidente del Cabildo tinerfeño, Ricardo Melchior, reclamó mecanismo de control sobre el volumen de la oferta que se pueda generar las nuevas autorizaciones para hoteles de cinco estrellas, estableciendo un número máximo de 1.000 camas al año.
No obstante, Melchior rechazó la retirada del proyecto de ley, al igual que su homólogo del Cabildo de La Palma, José Luís Perestelo, quien dijo que esto “sería aplazar y perder una oportunidad para el consenso” sobre una norma necesaria.
"EL GOBIERNO NO SE ARROGA COMPETENCIAS"
El consejero desmintió esas tendencias centralitas y dijo que lo que se pretende es que la ley “no sea tan parca” y dote al Ejecutivo de herramientas normativas ante aquellos casos en los que las administraciones locales muchas veces recurren al Gobierno para que de forma excepcional suspenda el planeamiento para llevar a cabo actividades urgentes. Así, negó que el Gobierno se arrogue competencias municipales y precisó que sólo habla de subrogación de cuando hay pasividad en la tramitación de los planes de ordenación, ante la que el Gobierno haría un plan supletorio sólo centrado en aspectos esenciales para servicios sanitarios, educativos o vivienda.
En el caso de los cabildos, indicó que sólo se contempla ésta ante el retraso de la tramitación de los planes territoriales turísticos, ya que “si no se llevan a cabo en el plazo de un año puede afectar a la economía de toda Canarias”. También rechazó que se pretenda hurtar al Parlamento la decisión sobre el crecimiento turístico, ya que garantizó que el Gobierno resolverá las autorizaciones en función del pronunciamiento previo de la Cámara. “Alguien cree que el Gobierno después de ese pronunciamiento va a ser algo distinto a lo que le manda el Parlamento”, se preguntó Berriel.
El consejero defendió la necesidad de la norma para la dinamización económica ante la situación de crisis, así como para evitar, en el ámbito turístico, tener que hacer frente a “cuantiosas indemnizaciones” por sentencias sobre el alcance y diseño de la moratoria.
Así, sostuvo que se aspira a dar respuesta a la problemática que tiene el sector primario, incentivar la actividad industrial y ordenar el sector turístico “de la mejor manera posible”. Sobre este último punto, detalló que se hace una norma “restrictiva”, que apuesta por la renovación y deja “meridianamente claro” que no permite durante cinco años ocupar “ni un metro cuadrado más” de suelo turístico. También remarcó la necesidad del trámite conjunto de la revisión de la moratoria turística y el resto de la ordenación territorial, al tiempo que reconoció que las actuales Directrices no han conseguido el incremento del sector primario, sino el “efecto contrario” de contribuir al abandono del mundo rural.
“INEFICACIA Y RETROCESO”
Sobre este punto, el PSC dijo que la norma “hace peligrar y provocar daños irreversibles” en el suelo rústico, porque las medidas previstas eliminan el marco proteccionista actual y devuelve a épocas pasadas, una situación que también advirtió en la ordenación turística, donde esa “ineficacia y retroceso” suponen “el fin de la moratoria”. El diputado socialista criticó el intento del Ejecutivo de hacer un cambio normativo de manera “unilateral”, frente a la “acreditada” historia de la comunidad autónoma en su posición común y unánime sobre la normativa territorial que este proyecto de ley “fulmina”. Spínola rechazó la “desconfianza” del Gobierno con cabildos y ayuntamientos, a los que resta competencias y reduce plazos, porque se pretende “concentrar funciones y restar a las administraciones locales la capacidad de ordenar los crecimientos turísticos. Una acción en la que también se quitan competencias al Parlamento, ya que dijo se dejan las autorizaciones en manos del Gobierno, vía decreto.
