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Sección > La madriguera



Los agitadores, al talego; los jefes de los mossos, sin pasaportes

Andrés Chaves · 17 de octubre de 2017

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1.- Los agitadores/jefes que propiciaron el asedio a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, durante registros realizados por orden judicial en Barcelona; los que dirigieron la turba que destrozó varios coches de la Benemérita; y los que han propiciado las manifestaciones que han necesitado una respuesta de las fuerzas del orden –menos de los mossos— están ya en la prisión Soto del Real, por orden de la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional. Se trata, ni más ni menos, que una consecuencia de la separación de poderes y del Estado de Derecho. Una medida absolutamente ajustada a Derecho, que se produce a instancias de la Fiscalía. Ya pueden manifestarse los partidarios de “Los Jordis”, Jordi Sánchez, que dirige a los anarquistas de la ANC, y Jordi Cuixart, que lidera la asociación separatista Ómnium. Por mucho que se manifiesten los anarquistas de las CUP, sus padrinos no van a salir del talego, donde es previsible que pasen una temporadita, antes de que paguen una fianza y queden en libertad. A lo mejor transcurren antes algunos meses. La jueza teme que se fuguen, o que sigan organizando algaradas o que continúen hostigando a las fuerzas del orden, que es lo que presumiblemente harían en cuanto se les ocurra o reciban órdenes. La Guardia Civil los vincula, y la Fiscalía también, con los inaceptables ataques a las fuerzas policiales que hacían su trabajo en Barcelona, por orden judicial, cuyo objetivo era amedrentar y ridiculizar sobre todo a fuerzas militares de la Benemérita. Y esto no es aceptable. No es aceptable que una secretaria judicial que hacía su trabajo haya tenido que salir de un edificio por un tejado, ayudada por la Guardia Civil. Están ahora, ni más ni menos, que donde tienen que estar, en la cárcel. Se va imponiendo el Estado de Derecho, por muy exagerada y disparatada que les parezca la medida al gordito catalán del PSOE y a la alcaldesa Colau, respectivamente. No es exagerada. Cualquier español normal diría: “¡Ya era hora!” La justicia es como un rodillo, pero casi siempre llega. La jueza Lamela no ha hecho más que aplicar la ley y la Fiscalía cumplir con su trabajo de denunciar unos hechos que conllevan grave reproche penal: sedición y quién sabe si rebelión. Hasta a 20 años podrían ser condenados estos tipejos, que intentan romper España, violentar la Constitución y atentar contra las fuerzas del orden que cumplen con su deber.

2.- También ha sido decretada, por la misma jueza, libertad provisional, con medidas cautelares, para José Luis Trapero, el mayor de los mossos. La jueza quiere investigar más su presunta inacción a la hora de cumplir el mandato del Tribunal Constitucional sobre la ilegal ley del referéndum catalán y de obviar las órdenes judiciales para impedir el citado referéndum chimbo del 1-0. Le ha retirado el pasaporte a él y a su intendente –una mossa, llamada Teresa Laplana–, les obliga a ambos a presentarse dos veces al mes ante la Audiencia Nacional y les prohíbe salir del territorio nacional. Es decir, les ha aplicado la ley, esta vez sin atender la petición de la Fiscalía, que solicitaba prisión provisional incondicional para ambos. La jueza Carmen Lamela ha atemperado un poco esta petición porque necesita más datos que confirman que el jefe de los Mossos de Escuadra y su ayudante desobedecieron órdenes expresas de los tribunales. ¿Saben lo que les digo? Qué mal porvenir tiene Trapero, porque un investigado no debería mandar un cuerpo policial muy bien armado de 15.000 efectivos y porque, incluso, a lo mejor la aplicación del artículo 155, que es inminente, le afecte mucho a él. Las medidas cautelares son las mismas que se aplican habitualmente a los presuntos delincuentes que son investigados y acusados de delitos penados con más de cinco años de prisión. Ya lo tienen. Funciona, repito, el Estado de Derecho. Ya no tendrán la aparente impunidad de la que han disfrutado hasta el momento.

3.- Mientras tanto, sigue el goteo de retirada de Cataluña como sede social de grandes empresas –más de quinientas ya–, que se han marchado y que no volverán a tributar, al menos de momento, en esta Comunidad Autónoma. No, hasta que no se restablezca el orden constitucional. La última ha sido “Codorniú”, que se va a La Rioja, y posiblemente su competidora “Freixenet” se marchará a fin de mes; se encuentra a la espera de acontecimientos. Son dos empresas catalanas señeras, que no están dispuestas a arruinarse por la causa de Puigdemont. Las cosas comienzan a ponerse en su sitio, por lo que se ve. Ahora, con este importante respaldo judicial, el Gobierno de Rajoy no debe dudar a la hora de aplicar el artículo 155 de la Constitución e intervenir la Comunidad Autónoma de Cataluña. Desde luego, en esa probable intervención no se deberían quedar fuera ni el Gobierno, ni el Parlamento, ni los Mossos, ni la Consejería de Educación. Y parece que, en cierto modo, por ahí van los tiros. Mientras, Puigdemont sigue sin atreverse a decir que ha declarado la independencia de Cataluña. No le sirve para nada su ambigüedad. Fíjense, si “Los Jordi” han ido a prisión, Puigdemont y su banda le tienen que seguir, porque los delitos son parecidos. Como está aforado, él y casi toda su banda, tendrá que ser el TSJ de Cataluña el que tome las medidas, previa conducción de estos a su presencia, toma de declaraciones. Desde luego, una auténtica vergüenza para estos sediciosos irresponsables.

Es una publicación de El Diario de Tenerife.com

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