El Juzgado de lo Contencioso Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado la medida cautelar solicitada por la defensa de dos de los inmigrantes de la patera que volcó el pasado 13 de diciembre en el litoral de Costa Teguise, al nordeste de la isla de Lanzarote, después de que una patrullera de la Guardia Civil colisionara con la embarcación. En su recurso, el abogado de estos dos inmigrantes solicitaba la suspensión de la repatriación dictada por la Delegación del Gobierno en Canarias, petición que el TSJC ha denegado.
Según ha informado a última hora de este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a través de la resolución dictada, el abogado de los dos inmigrantes interpuso un recurso contencioso-administrativo de protección de derechos fundamentales contra la vía de hecho consistente en la ejecución de las resoluciones de fecha 13 de diciembre de 2012, dictadas por la Delegación del Gobierno, en virtud de las cuales se acordaba la devolución de sus representados a su país de origen.
Dicho recurso solicitaba la suspensión cautelar urgente de la ejecución de estas resoluciones de la Delegación del Gobierno, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimaba pertinentes.
Por su parte, el Juzgado decreta ahora que "los recurrentes no acreditan la existencia de arraigo alguno en territorio nacional y la existencia de una causa penal no es fundamento suficiente que justifique la suspensión de la ejecución de un acto administrativo", por lo que ha procedido a denegar la medida cautelar citada. Sin embargo, añade que se podrán arbitrar "medidas para garantizar la declaración del perjudicado y los testigos".
Responsabilidad patrimonial del Estado
Los inmigrantes supervivientes de la patera que naufragó en Lanzarote el 13 de diciembre tras chocar contra su embarcación una patrullera de la Guardia Civil frente a Costa Teguise habían anunciado que iban a interponer una demanda colectiva por responsabilidad patrimonial contra la Administración del Estado y que recurrirían su expulsión del país.
El decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Joaquín Espinosa, ha confirmado que dos letrados de oficio de ese colegio prestan atención jurídica a los 17 inmigrantes de origen marroquí con esa finalidad después de que ellos la solicitaran.
Cabe recordar que a las horas del naufragio se localizó el cadáver de uno de los inmigrantes que no pudo ser rescatado mientras que se da por desaparecidas a otras siete personas, que no se han localizado.
Los supervivientes fueron trasladados desde Lanzarote al centro de internamiento de extranjeros de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria. Aunque les fue designado un abogado de oficio, los inmigrantes pidieron otros que estuvieran más cerca y el colegio de Gran Canaria les ha asignado dos de oficio.
La Guardia Civil tardó cinco días en admitir oficialmente que la patrullera ‘Cabaleiro’ había impactado sobre las dos de la madrugada contra la patera. La embarcación del Instituto Armado había sufrido una avería viendo “mermada considerablemente” su “capacidad de maniobra”.
Desde la Guardia Civil se aseguró que la patrullera maniobró “para cortarle el rumbo” y “evitar” que la patera se dirigiese a la costa, “observando en ese momento como el patrón de la patera suelta el timón”, “dejando a la embarcación sin gobierno” y “rumbo hacia la patrullera”.
El Instituto Armado afirmó que el patrón de la patrullera intentó “un cambio de rumbo a babor, con el objeto de evitar la colisión” pero que no respondieron los mandos de la embarcación, impactando “con la patera de forma irremediable”.
Sin embargo, los inmigrantes han ofrecido otra versión, en la que se sostiene que la patrullera les abordó y prácticamente les pasó por encima.
