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Sección > Lanzarote

La sala estima la existencia de prejudicialidad penal y suspende el procedimiento hasta que recaiga sentencia firme en el caso Unión

Los Tribunales dan la razón a Arrecife en el pleito de Urbaser contra el Ayuntamiento

El Consistorio no tendrá que pagar los 5 millones de euros reclamados por la empresa por el servicio de Parques y Jardines
Crónicas · 7 de marzo de 2017

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La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado la razón al Ayuntamiento de Arrecife en el pleito interpuesto por Urbaser referido al servicio de Parques y Jardines.

La sentencia, dictada el pasado el pasado 23 de febrero, respalda la tesis municipal al estimar la existencia de prejudicialidad penal y suspender el procedimiento hasta que recaiga sentencia firme en el caso Unión.

La empresa adjudicataria del contrato de mantenimiento de Parques y Jardines, tal y como destaca este martes en nota de prensa el Gobierno capitalino, reclamaba el pago de cerca de cinco millones de euros por la reducción acordada en el expediente de comprobación de los servicios.

La sentencia de la Sala corrige el criterio que mantuvo el Juzgado en primera instancia, al concluir que “para resolver la cuestión que se plantea ante la jurisdicción contenciosa no podemos hacer abstracción de que existen unas diligencias previas en la que están imputados no solo los representantes de la Corporación, su Secretario y sus técnicos, como el Jefe de la Oficina Técnica, sino que también por parte de Urbaser se encuentran en la causa el Director de Obras y Conservación, su gerente, empleados, director de limpieza y jardinería y de Servicios Urbanos”.

El Tribunal, según explica el Ayuntamiento de Arrecife, acepta la tesis municipal por la que “si la jurisdicción penal confirma que cualquier contrato pueda ser el resultado de un delito, el contrato devendría nulo con la consecuencia que se obligaría a cada parte a la mera restitución de contraprestaciones y los gastos soportados”, sin derecho a ningún “beneficio industrial” ni a los demás ingresos derivados del contrato nulo.

Ello se traduce, a su vez, en la posibilidad –a resultas del proceso penal- de que el Ayuntamiento pueda reclamar al contratista todo lo pagado por encima del coste real desde la suscripción del contrato.

Contra la sentencia de la Sala cabría interponer recurso de casación.

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