Por Ignacio González Santiago
LA ADJUDICACIÓN de las licencias a las emisoras de radio ha ocasionado un verdadero caos en el sector. Radios consolidadas de toda la vida, con veinte empleados, como Radio El Día, pueden cerrar si no se hace algo rápido, mientras otras que nadie conoce y que ni tan siquiera tienen un local en Canarias ni empleados han recibido graciosamente unas frecuencias que no se merecen y que posiblemente no podrán gestionar directamente, y tendrán que explotarlas a través de otras empresas, en fraude de ley. Los rumores del pelotazo se han extendido por todas partes, o al menos la certeza de que ha sido una decisión injusta que perjudica claramente a Tenerife. Radio El Día, Radio Isla y Radio Milenium, todas en Tenerife, son algunas de las que tendrán que cerrar. Se da la paradoja de que al director de Radio Isla, José Antonio Pardellas, le concedieron el año pasado el Premio Canarias de Comunicación, por su labor en Radio Isla, que ahora quieren cerrar. Tampoco salió bien parada del curioso concurso la cadena SER, la de mayor audiencia en Canarias. Los oyentes de estas emisoras todavía no se lo creen. Ni yo, que también soy oyente, tampoco.
¡Qué torpeza! La única manera de evitar este desaguisado es la liberalización del sector. Porque yo pregunto: ¿por qué es necesario hacer un concurso para adjudicar las frecuencias a las empresas de comunicación? Como en cualquier otro sector, las empresas deberían solicitar sencillamente la licencia de apertura, pagarla y ponerse a emitir. Las únicas limitaciones deberían ser que no pisen otras frecuencias o que no hagan apología del terrorismo, la pederastia o el racismo. Lo otro, en un Estado democrático, no se entiende y parece más propio del régimen franquista. Por eso hay que liberalizar el sector, antes de que se cometa una tropelía con muchas empresas que están emitiendo desde hace años, legalmente, pagando puntualmente a la Seguridad Social y a Hacienda por sus trabajadores, y con conocimiento pleno del Gobierno de Canarias, cuyos consejeros hablan diariamente por las emisoras que ahora quieren cerrar. Que la empresa que quiera emitir lo solicite y lo haga, cumpliendo meramente con la normativa del sector, pero sin concursos, que siempre despiertan sospechas de amaños. Además, lo que faltaba en estos momentos es que los profesionales que trabajan en esas empresas pierdan finalmente sus puestos de trabajo no por la crisis económica, sino por culpa del Gobierno de Canarias, aquel que defendía que el trabajo fuera para los canarios.
Hago un llamamiento público al Gobierno para que corrija su error y no cierre ninguna radio canaria. Ni es el momento ni son las formas. Espero y deseo sinceramente que lo haga y rectifique. En caso contrario, como parlamentario electo elevaré al Pleno del Parlamento de Canarias, tan pronto se constituya la Cámara, una proposición no de ley para que se liberalice el sector y las empresas que están ya emitiendo lo sigan haciendo en sus mismas frecuencias.
Si solo la décima parte de los parlamentarios de todos los partidos, incluso de CC, que he oído estos días apoyando a Radio El Día y deseándole que no cierre, votaran a favor, sería aprobada por mayoría absoluta; en caso contrario, quedarán expuestos ante la opinión pública como cínicos y mentirosos.
