Por Miguel Ángel de León
Recuerdo un chiste de Borges, enemigo declarado y descarado de los funcionarios lerdos, publicado hace ya muchos años en la revista de humor “El Jueves”. En una oficina se ve, literalmente tirados sobre sus respectivas mesas, un grupo de desganados y desmayados funcionarios... y al fondo aparece otro que entra con el periódico en la mano, escandalizado y gritando: “Esto no puede ser: las doce de la mañana y el crucigrama sin hacer...”.
El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, explicaba la pasada semana en el Congreso su propuesta de que los funcionarios puedan perder su puesto de trabajo si no desempeñan su labor correctamente. Los periódicos han destacado la frase en la que el ministro afirma -textualmente- que “se acabó eso de que los funcionarios tengan un puesto para toda la vida, trabajen o no”. Seguro que a estas horas deben estar todos ellos temblando... de las carcajadas que les ha debido entrar no más escuchar tamaña amenaza contra uno de los mayores poderes fácticos que empantanan e hipotecan a todo el país, como es triste fama.
Algunos empresarios isleños denunciaban, tiempito atrás, una evidencia de pleno dominio público: "Sobran funcionarios en Canarias y ningún partido lo reconoce". Hasta feo estaría. Los partidos ni reconocen ni denuncian esa palmaria realidad en ningún momento, pero muchísimo menos en año pre-electoral, pues los funcionarios significan muchos votos potenciales, aparte de los de sus familiares y demás amigotes o trastos viejos.
Por ahí no hay nada que rascar. No esperemos entonces nada de los partidos, ni en esa concreta problemática ni en ninguna otra. En cuanto a la propuesta del Gobierno zapatista (de Zapatero, quise decir), cuando la vea hecha realidad empezaré a creérmela, pero ni un segundo antes. Mientras tanto, esperaré sentado, por si las moscas y para no cansarme.
Años atrás, la mismísima Audiencia de Cuentas de Canarias criticaba la falta de rigor en el control del gasto público. Y a mí estos descubrimientos de la pólvora mojada (es decir, de la evidencia) me siguen emocionando.
No puedo evitarlo. Hace ahora unos dos lustros, la prensa descubría que en la Administración pública canaria sobraban ya por aquel entonces (diez años atrás, justo una década) casi seis mil funcionarios (6.000, han leído ustedes bien) que no sabían exactamente qué función realizaban/realizan (probablemente ninguna, excepto la de cobrar el dinero que entre todos les estamos pagando para que luego se nos trate a la patada por esas ventanillas de Dios). Aquel aparente escándalo se apagó rapidito en lo tocante al interés estrictamente informativo, pero la cifra nadie la desmintió nunca: 5.600 funcionarios que estaban/están de más en las distintas instituciones públicas del Archipiélago. Se dice pronto y fácil, pero muchos nos maliciamos que incluso se quedaron cortos en el dato, pues no se incluían en aquella cuenta ni a los sobrantes que siguen encaramados en Educación o en Sanidad, ni el enorme y carísimo ejército de parásitos disfrazados de sindicalistas liberados (liberados de cualquier trabajo, se sobreentiende).
Conociendo el paño, lo más probable es que la situación haya ido de mal en peor desde entonces hasta ahora. Apuesto triple contra sencillo.
Otro dato no menos aterrador, para mi gusto: se dice que el contribuyente promedio español trabaja más de cuatro meses al año para el Gobierno, lo cual resulta muy preocupante, pues ni siquiera estamos seguros de que los funcionarios trabajen cuatro meses completos por año para el Gobierno.
La sobada frase de don Mariano José de Larra en aquel antológico artículo suyo se quedaría hoy corta:
-Vuelva usted pasado mañana, caballero, que le falta otra póliza.
Ya he hecho suficientes amigos por hoy. Vuelvo mañana. ([email protected]).
