Del hacinamiento a la máxima amplitud, de la precariedad a la más alta modernidad. Tras muchos años de reivindicaciones desde la Isla, de retrasos por falta de infraestructuras, incomodidades, después de aguantar un mobiliario defectuoso y tener que archivar diligencias de múltiples casos en los pasillos y apilar documentos en las salas de audiencia, el presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, inauguró este viernes el Palacio de Justicia de Lanzarote acompañado del consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano, y un sinfín de autoridades y personalidades que no quisieron perderse la histórica cita.
Principal reivindicación durante las tres legislaturas de Marcial Francisco Hernández como decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, la construcción de la nueva sede de los juzgados, que aunque no zanja ciertas carencias de Justicia en Lanzarote mejora bastante su situación -y sobre todo su imagen pública-, se ha llevado a cabo durante algo más de dos años. Se trata de un edificio emblemático, que inspira amplitud y modernidad. La tecnología punta que revelan múltiples plasmas se mezcla con la presencia urbana de originales graffitis.
Con tres plantas donde se ubican los distintos Juzgados, despachos, oficinas, el mostrador de atención al público, las dependencias de Fiscalía, el decanato, una espectacular sala para la Audiencia Provincial y un largo etcétera, el edificio aún dispone de varios espacios a los que se les dará utilidad. Las otras dos plantas bajo tierra disponen de sala de detenidos, aparcamientos, sala clínica forense y cámaras frigoríficas y de catástrofes.
De esta manera, el edificio está previsto para nueve Juzgados de Primera Instancia e Instrucción (actualmente existen sólo seis y el séptimo estará en marcha en junio), dos Juzgados de lo Social (hoy día sólo hay uno en funcionamiento), y dos Juzgados de lo Penal (el segundo se pondrá en marcha en diciembre). Asimismo, el inmueble cuenta con espacio para dos nuevos Juzgados Contencioso Administrativo y dos Secciones de la Audiencia Provincial, órganos que no todavía no se han creado, e incluyen en su planta los Juzgados de lo Social Número 2 y de lo Penal Número 2, ubicados físicamente en Puerto del Rosario, Fuerteventura.
La ubicación es magnífica, aunque con ciertos problemas para el aparcamiento pues cada día transitan las instalaciones más de 600 personas, justo en la arteria administrativa de Arrecife. La obra del nuevo edificio de Juzgados de Arrecife, adjudicada en su día a la UTE Dragados y Construcciones-Hormigones Insulares S.A. por un importe de 16.147.001 euros, tenía un plazo de ejecución de 26 meses y, aunque este viernes se procedió a la entrega oficial, se finalizó a finales del pasado mes de diciembre. Una vez trasladados todos los órganos judiciales y fiscales desde las cinco anteriores sedes, las nuevas instalaciones suponen un ahorro de 119.710 euros anuales en concepto de arrendamientos.
El Ministerio miente
De los 93 nuevos juzgados que este año se han creado, seis han ido a parar a Canarias y dos a Lanzarote, el Juzgado Mixto Número 8 y el Penal Número 3.
Sobre el colapso que sufre en la actualidad el Juzgado de lo Social de Arrecife, después de que finalmente el Ministerio de Justicia, en concreto el director general, Ricardo Bodas, no aprobara la creación de uno nuevo, el decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, Francisco Torres Stinga -quien también tiene bastante mérito en la inauguración de ayer- habla de crónica de una muerte anunciada.
“El Gobierno de Canarias sí que lo propuso”, afirmó desmintiendo al ministro López Aguilar, que el pasado jueves responsabilizaba al Ejecutivo regional de no haber incluido la solicitud de creación de un nuevo Juzgado de lo Social para Arrecife y de las otras tres unidades judiciales finalmente no autorizadas para el Archipiélago.
“En todo caso, ha sido el Gobierno central el que no ha tomado el pelo al no cumplir con su promesa solmene”, afirmó ayer el decano en los micrófonos de Lanzarote Radio. “El Ministerio todavía no ha contestado formalmente después de que le remitiéramos una carta allá por el mes de diciembre”, comentó un resignado Torres, que se pregunta por qué ahora hay que ser solidarios con otras regiones cuando “con Lanzarote nadie lo ha sido durante los últimos años”.
Por su parte, el presidente del Gobierno autónomo, Adán Martín, mostró bastante decepción tanto por la negativa del Ministerio de Justicia a la creación del tercer Juzgado de lo Social en Arrecife así como por las declaraciones de López Aguilar, quien sostiene que el Ejecutivo regional no pidió la creación sino de seis, y no diez, nuevas unidades judiciales. Así, explicó que en estos casos la Administración que más se implica es siempre la autonómica. “Los edificios los ponemos nosotros, todos los medios materiales, la informatización y el personal, y lo que pone el Estado es el magistrado y el secretario”.
Sin embargo, Martín recordó las mejoras conseguidas en Canarias en materia de Justicia desde que se transfirieron las competencias a la Comunidad Autónoma.
Corrupción
Cuestionado sobre las últimas investigaciones sobre una posible estafa en el Instituto Canario de Vivienda, el presidente del Gobierno restó importancia a los reincidentes casos de corrupción que últimamente están apareciendo en las instituciones canarias, aseverando que “mi gobierno no está dando excesivo trabajo a Justicia”. Martín precisó que “más de una vez en mi carrera política he tenido que presentar cargos contra algunas personas o pedirles una investigación”.
En el caso concreto del Instituto de la Vivienda, el presidente aseguró que “hace un año detectamos que había una falsificación, no sabíamos de quién la producía, nosotros no podemos investigar desde la administración y lo pusimos en conocimiento”.
Más reivindicaciones
El decano de los letrados lanzaroteños esperó incluso que para el próximo año no sea necesario ni siquiera reivindicar el nuevo Juzgado de lo Social. “Creo que por simple decencia de quienes prometieron y no cumplieron, deberían ofrecérnoslo”. Por otra parte, para el año que viene se pedirá una nueva plaza de fiscal, área que cuenta con cinco miembros actualmente.
