martes. 19.03.2024

-La Fiscalía hacía público este miércoles un informe donde aseguraba que no veía delito en las actuaciones de Adán Martín y Domingo Berriel en el ‘caso Mogán', informe que fue ratificado este mismo jueves con el auto del TSJC que decretaba el archivo de las diligencias contra el presidente del Gobierno canario y el consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial. ¿Y ahora qué?

-Si, bueno, la Fiscalía hace el informe y es ahora la Sala del TSJC, -como así ha ocurrido momentos después de producirse esta entrevista- la que ha tenido que decidir finalmente qué hace con esas diligencias que les mandó el juez de San Bartolomé de Tirajana. Por tanto, la decisión la tomará la Sala. Nosotros desde el Gobierno deseamos también que esto se haga con la mayor diligencia posible porque creo que esos ‘infundios' a lo que están llegando es a que se haga un juicio nefasto sobre una institución, que es la Presidencia de la Comunidad Autónoma Canaria, además de la honorabilidad de una persona cabal como es Adán Martín.

-Si, pero la pregunta que nos hacemos ahora, es quién repara el daño causado.

-Efectivamente, yo creo que no sólo se da en este caso. Si echamos un poco la memoria hacia atrás, en algunos casos donde hay personas que resultaron inicialmente imputadas y que fueron detenidas en unas condiciones por lo menos dudosas y, sin embargo, después han resultado no imputadas por parte de los jueces y eso significa que sobre ellas no recae ninguna acción judicial, quién repara todo esto, pues es muy difícil. Yo creo que la honorabilidad de las personas cuando se trata de una detención o una imputación coge páginas enteras y cuando se trata de que se quedan sin cargos algunos, al final sale en una esquinita de cualquier medio de comunicación. Yo creo que en este caso parece imprescindible que cuando se ha apostado por parte de un juez sobre la posibilidad de hacer una imputación nada menos que al jefe del Ejecutivo canario, habrá que ver entre otras cosas por qué se filtran todas estas afirmaciones. Creo que las filtraciones tienen autores y las filtraciones también tienen carácter delictivo. Por lo tanto, habrá que ver si esto acaba y esperemos que esto acabe pronto, qué se hace después.

-Está claro que solamente algunos pagan por sus acciones.

-Yo creo que aquí cuando se haga una evaluación global de todo lo que ha pasado y siempre desde el respeto a la actuación de los jueces y tribunales hay que ver qué actuaciones se han producido en el extrarradio de todas estas acciones judiciales; actuaciones la mayor parte judiciales, gestiones que no se sabe muy bien por qué se producen de esa forma teniendo en cuenta que la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal determina que las detenciones se hagan de un modo que no afecte a la honorabilidad de las personas. Es decir, por qué se hacen de otra manera, por qué se filtran a determinados medios de comunicación, por qué hay medios de comunicación concretos que tienen a los minutos de entrar unas diligencias judiciales publicadas esas noticias ya en su página web como sucedió por ejemplo con la querella sobre la cual la fiscal pedía secreto y a la hora estaba en Internet en una página web de un medio digital... y todo esto creo que será necesario aclararlo, porque si no se aclara, al final, la imagen que estamos dando en toda Canarias y fuera de aquí es una imagen que no se corresponde con la realidad. Esto no quiere decir que no haya personas que no respeten la legalidad y que, por tanto, deban pagar por ello, pero desde luego no se puede dar una imagen colectiva en el sentido de que Canarias es una sociedad donde la corrupción impera y cosas por el estilo como sucedió en otras partes de España, concretamente en Marbella.

-Por otro lado, al parecer 90 inmigrantes del Marine I serán trasladados finalmente a Fuerteventura. ¿No parece que desde el Gobierno de España de alguna manera nos toman el pelo a los canarios?

-Si, a veces cuando nosotros valoramos estas cosas, debemos decir que no es una cosa nueva. En la Península, en Madrid, se observa siempre esto como un fenómeno aislado. Aislado en el Archipiélago, como son islas tan lejanas, pues al final es mucho más fácil “solucionar” los problemas de esa manera porque a la vez que se coge un avión en Noadhibu para transportar a 90 y pico inmigrantes, lo que debemos saber es por qué ese avión tiene justamente que aterrizar en Canarias y no puede hacerlo en ninguna otra parte de España si al final de lo que se trata es de proceder a los trámites de expulsión de la Ley de Extranjería. Yo creo que por una vez España estaba acertando en por lo menos desviar el barco a territorio continental africano, lo que era su obligación después de producir la operación de salvamento, y que su debilidad diplomática nos conduzca nuevamente a que al final nuevamente seamos los canarios los que paguemos el pato en esta situación. Creo que hay que empezar a dar señalas claras a la inmigración clandestina de que el semáforo se ha puesto en rojo y eso significa determinación en los operativos de seguridad fronteriza en el sur del Archipiélago y significa necesariamente también que se modifique la Ley de Extranjería y la Ley del Poder Judicial para hacer posible que los patrones que son detenidos sean castigados. Hoy no lo están siendo, hoy están siendo absueltos. El Gobierno español no se pone en esa tarea porque entiende que eso le perjudica en su imagen ante la opinión pública y lo cierto es que mientras las cosas sean así vamos a seguir siendo los sujetos pasivos y los sufridores de una política errónea del Gobierno de Zapatero.

-Este fin de semana se celebra en Lanzarote una conferencia coloquio sobre política exterior que contará con la presencia de altas personalidades, entre las que destaca el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, el ex ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar o el candidato a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Jerónimo Saavedra. Sin embargo, no se habla de la inmigración teniendo como tenemos este problema sobre la mesa y sin resolverse nada de nada. ¿No habría que radicalizar un poco más el mensaje?

-Sabemos que el problema no es sencillo, pero el problema mayor del gobierno socialista es que no tiene rumbo en lo que hace. No sabemos qué es lo que va a hacer. El ministro Caldera acaba de decir uno más de sus disparates. Visita un país latinoamericano y habla de la necesidad de seguir incrementando los flujos inmigratorios sin que sepamos cómo se están contingentando hoy esos flujos inmigratorios. Cuando estuvo en la cumbre de Marruecos dijo que lo que había que hacer con los que no se podían legalizar era buscarles una solución laboral, provocando que se siga produciendo el efecto llamada. Todavía existe en la legislación española lo que se llama el permiso de residencia por arraigo laboral, es decir que si usted está trabajando irregularmente en España, a partir de un año puede usted conseguir un permiso de residencia. Es decir, un montón de factores que hoy día hacen que mucha gente que está fuera, que lo que busca es una oportunidad de vida, cuando llega aquí lo que quiere es burlar la legislación para después quedarse. Y mientras esta legislación no se modifique, mientras el Gobierno español no establezca un rumbo claro de decir se acabó la inmigración clandestina y que lleguen sólo los inmigrantes que necesitamos, nosotros vamos a ser el patio trasero de toda la política equivocada del gobierno de Zapatero.

-Por cierto me han dicho que no está claro el segundo Juzgado de lo Social para Lanzarote.

-No, no, está claro. Lo que pasa que el Ministerio ahora establece mediante Real Decreto el momento de funcionamiento. El Juzgado está autorizado y eso es una garantía. Durante este año 2007 entrará en funcionamiento después de todas las batallas que hemos tenido que librar con el Ministerio. En el año 2005 el ex ministro ya, López Aguilar, se negó a autorizar esa necesidad para Canarias y ya a finales del año pasado conseguimos por fortuna que éste fuera uno de los juzgados que se aprobó en la lista que el Ministerio tiene que aprobar porque al final los ciudadanos tienen que saber que nosotros hacemos la propuesta y además pagamos el 85% de los gastos que ocasiona el juzgado, pero a pesar de eso la situación es que el Ministerio no autorizó en su momento el Juzgado de lo Social, ahora está autorizado y lo que sabemos es que hay previsión de que se pueda poner en funcionamiento en unos meses.

“Las filtraciones tienen autores y las filtraciones tienen también carácter delictivo”
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